Proyecto de reforma a política criminal y penitenciaria fue radicado en el Congreso, este es el contenido de la iniciativa

En la mañana de este lunes 6 de febrero, el ministro de Justicia Néstor Osuna llegó hasta la Secretaría de la Cámara de Representantes para radicar formalmente el proyecto de ley que busca humanizar la política criminal y penitenciaria. El alto funcionario del Gobierno estuvo acompañado del ministro del Interior, Alfonso Prada, y varios congresistas de la bancada del Pacto Histórico.

Se trata del Proyecto de Ley 336 “por el cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas institucional y se dictan otras disposiciones”. El ministro Osuna ya le puso su firma para que sea empezado a discutir por los parlamentarios. La iniciativa fue recibida por el secretario de la Cámara Jaime Luis Lacouture y el presidente de la Cámara David Racero.

SEMANA reveló recientemente el contenido del texto previo a que fuera radicado en el Congreso. Se trata de un documento de 44 páginas con el que se busca cambiar los años de privación de la libertad en algunas condiciones, elimina algunos delitos y busca la resocialización de los presos.

Uno de los puntos que generará discusión entre los parlamentarios es el que contempla que en los eventos de concurso o acumulación jurídica de penas, es decir, cuando se junten penas por varios delitos, la pena privativa de la libertad no podrá exceder los 50 años, ya que actualmente es de 60. Esto fue confirmado por el ministro Osuna.

Otro de los apartes del articulado que generará un profundo debate es lo referente a cambiar los requisitos de la prisión domiciliaria. Con la iniciativa se busca que, si es aprobado el proyecto, una de las condiciones para acceder a ese beneficio sea que se trate de una conducta punible que no supere los 12 años de pena. En ese sentido se ampliaría 4 años, ya que actualmente está estipulado el requisito para penas de menos de 8 años.

Los detenidos que presenten enfermedades graves también podrían acceder a este beneficio. En ese caso, un centro médico determinado por el Inpec deberá evaluar cuando una persona presente alguna enfermedad compleja o condición de discapacidad que no le permita al delincuente estar tras las rejas. En ese caso el juez podrá evaluar la posibilidad de que pague su condena en detención domiciliaria.

“En casos de enfermedades graves, incurables y altamente discapacitantes con tratamientos paliativos debidamente diagnosticados, prevalecerá la autonomía del paciente, para que este, de manera libre, voluntaria e informada, decida si es trasladado a su domicilio o centro hospitalario”, dice la propuesta del Gobierno.

Por su parte, el contenido de la propuesta ya genera alertas en algunos puntos. Se habla, por ejemplo, de eliminar el delito de injuria y calumnia y deja solamente la injuria por vía de hecho, es decir cuando se atente contra la integridad física o haya ataques verbales. Igualmente elimina el delito de incesto del Código Penal.

En el caso de las protestas y hechos de vandalismo hay otras polémicas porque busca eliminar el concierto para delinquir de situaciones de protesta, tanto en la modalidad simple como agravada. Tampoco se contempla el terrorismo en estos casos.

“En ningún momento se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social pacífica, el ejercicio de la libertad de la reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de terrorismo”, se propone en la iniciativa.

El proyecto del Ministerio de Justicia tiene un enfoque de resocialización de los privados de la libertad. Se habla de que en los centros penitenciarios se deberá garantizar la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos.

También se creará una oficina de Derechos Humanos que estará presente en cada uno de los centros de reclusión. De ser aprobado el proyecto, en los siguientes 6 meses de su promulgación el director del Inpec, en apoyo del Ministerio de Justicia, deberá reglamentar el funcionamiento de estas oficinas.

“Los establecimientos pueden ser cárceles de detención preventiva, penitenciarias de nivel 1, 2, 3 y 4″, señala con el objetivo de buscar la resocializaicón. La primera hace referencia a personas de alta peligrosidad. Los servidores públicos contarán con pabellones especiales.

Las personas que realicen trabajos y labores específicas podrán reducir un día de reclusión por dos días de trabajo. Aclara que no se podrán computar más de 6 horas diarias.