POLÍTICA
Pueblo Bello, el municipio indígena donde el Consejo Nacional Electoral examinará una posible trashumancia histórica
SEMANA conoció detalles de la decisión que el CNE tomó esta semana. Aunque hace varios años, en el corazón espiritual de los indígenas arhuacos, los rumores de trasteos de votos para beneficiar a políticos de la Costa crecían como espuma, hasta ahora se investigarán las denuncias.
Esta semana el Consejo Nacional Electoral le metió dientes a un tema que se escuchaba como un secreto a voces, pero que hasta el momento no pasa de ahí: la posible trashumancia electoral en Pueblo Bello, en César, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
SEMANA conoció detalles de la tarea que empezarán a adelantar los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y César Augusto Lorduy, quienes investigarán de fondo el tema.
Ellos, junto a los demás magistrados del CNE, viajaron hasta las profundidades del municipio en enero de 2023 y evidenciaron cómo los arhuacos pedían, casi a gritos, que las autoridades electorales examinaran históricamente el movimiento y la inscripción de cédulas de ciudadanía en su caserío. Según afirmaron algunos pobladores, políticos de la zona habrían inscrito en el sector a varios ciudadanos para resultar victoriosos en las urnas en las elecciones regionales.
Los magistrados llegaron hasta la Sierra Nevada, escucharon las preocupaciones que son históricas y decidieron firmar un auto donde quedó especificada su preocupación porque se acercan las elecciones regionales de octubre de 2023.
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Lo primero que hizo el CNE fue decretar algunas pruebas, entre ellas, solicitó a la Registraduría, a través de la Dirección Nacional del Censo Electoral, que remita en 5 días hábiles el cruce de todas las cédulas que se encontraban inscritas en el censo electoral de Pueblo Bello, César, aptas para votar en las elecciones presidenciales del 19 de junio de 2022.
Además, las bases de datos de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones OIT, el Archivo Nacional de Investigación, el potencial de inscritos en el departamento y municipios, las bases de datos de clientes de los operadores de telefonía celular, del sistema de seguridad social Adres, la información de la Oficina de Instrumentos Públicos, la de Migración Colombia, entre otras.
La idea, según los magistrados, es cruzar la información y determinar si los electores que participaron en las elecciones pasadas viven en la zona o inscribieron su cédula a última hora. O, más aún, identificar quiénes son los verdaderos pobladores del pueblo arhuaco y quienes inscribirán sus cédulas en medio del mal conocido trasteo de votos en las próximas semanas.
Recientemente, la Misión de Observación Electoral y el Consejo Nacional Electoral (CNE), encendieron las alarmas sobre posibles casos de trashumancia electoral.
Por ejemplo, en el Meta, hay una tasa de inscripción de 8.77 por cada mil habitantes, más de 3.67 veces la tasa nacional (2.39). Le sigue Chocó con 7.99 por cada mil habitantes.
El departamento del Meta es uno de los de mayor tasa de inscripción de cédulas
Esto, básicamente, quiere decir que, por ejemplo, en el caso del Meta, de cada mil adultos que tiene el departamento, 8.77 cambiaron su lugar de votación, esta es una cifra particularmente alta.
En cuanto a municipios, el CNE alertó que 94 tienen una inscripción atípica de cédulas y hay un grupo de ocho con una tasa 16 veces superior a la nacional. Los casos más críticos son Puerto Gaitán (Meta), con una tasa de 114.73 y La Jagua del Pilar (La Guajira), con 81.70.
Estos datos generan preocupación, si se tiene en cuenta que solo tienen que volver a inscribir la cédula los ciudadanos que cambiaron de ciudad o lugar de residencia, por lo que causa curiosidad que, por ejemplo, en Puerto Gaitán, más del 10% de la población haya cambiado de residencia.
¿Qué hay detrás de este fenómeno? Según alertó el Consejo Nacional Electoral, algunos avivatos estarían aprovechando este período para engañar a algunos ciudadanos para que inscriban su cédula en una ciudad distinta de la que residen o trabajan, a cambio de algún incentivo. Esto es lo que se conoce como trashumancia o trasteo de votos y es un delito castigado con penas de cárcel.
