Radican dos proyectos de reforma a la Policía Nacional: buscan democratizar ascensos y sancionar abusos en manifestaciones

Este miércoles, los congresistas María José Pizarro, Inti Asprilla y David Racero radicaron dos proyectos de ley que buscan iniciar un proceso de reformas a la Policía Nacional. Los dos objetivos principales son democratizar los ascensos en la institución y sancionar los abusos de poder en la actividad de los uniformados, especialmente en manifestaciones públicas.

El primer proyecto, el cual busca prevenir y sancionar abusos, delimita el principio del uso de la fuerza. Este recurso “se desarrollará con arreglo a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad, cuando sea estrictamente necesario y en la medida que se requiera por grave alteración del orden público”.

El proyecto recalca que se utilizarán “medios preventivos y disuasivos” antes de recurrir a la fuerza. Esto es antes de usar el bastón tipo tonfa, armas mecánicas cinéticas o un arma de fuego, la cual será siempre el último recurso.

En virtud del principio de proporcionalidad, el documento propone que, cuando se recurra a la fuerza, armas, municiones, armas de fuego y demás elementos, estos sean usados “procurando causar el menor daño posible y actuar en proporción a la gravedad de la amenaza”. En resumen, debe ser aquel recurso que cause menor daño a la integridad de las personas o bienes.

Dichos protocolos de la fuerza deberán ser evaluados por el Ministerio de Defensa, Interior y Personería del Pueblo. En un término de seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, el Ministerio del Interior deberá reglamentar la materia.

Para prevenir comportamientos que afectan la relación entre las personas y la autoridad, los congresistas proponen prohibir la exigencia de una cuota de comparendos y resultados de operativos como criterio para evaluar desempeño y continuidad en el cargo.

Los CAI y los Centros de Traslado por Protección deberán tener videocámaras para registrar lo que ocurre al interior. Además, de ser aprobado, los policías, de forma obligatoria, deberán portar visiblemente su identificación.

Además, se busca prevenir abuso sexual por miembros de la fuerza pública hacia mujeres. De esta manera, se deberá garantizar acompañamiento femenino para traslados de privación de la libertad o hacia dependencias oficiales.

También, el proyecto plantea fases para la actuación en manifestaciones públicas. La primera es la prevención, luego debe recurrir a la disuasión y, excepcionalmente, la intervención. Esta última debe ser tomada en consideración cuando se necesite garantizar los derechos de manifestantes y quienes no participan en la movilización.

“Consumada la fase de intervención, la cual debe ir dirigida a restablecer el orden público y a garantizar el derecho a la movilización pública, el uso de la fuerza debe cesar de inmediato. En caso de que se haga uso de la fuerza que cause daños a la vida, libertad o integridad personal a algún ciudadano, se tendrá que remitir informe escrito al superior jerárquico y al Ministerio Público”, dice el documento.

Los uniformados que cuenten con investigaciones penales o disciplinarias en curso no podrían participar en operativos de acompañamiento o intervención en manifestaciones. Estos integrantes del Esmad deben identificarse, de forma clara y visible, con su nombre apellido y jerarquía. Esto no podrá ser removible.

“Toda prenda de vestir que sea utilizada por los miembros de la fuerza pública, en el ejercicio de sus funciones, deberá llevar la identificación de su portador”, dice el documento.

También deberán implementarse las cámaras corporales para los uniformados. “Así mismo, los vehículos automotores en los cuales se transporten detenidos o conducidos deberán tener una cámara que registre su interior”.

Para prevenir el abuso, se llevará un cercano monitoreo a las quejas y las bitácoras de lo que ocurre en una manifestación pública. Además, se incentivan espacios de diálogo regionales entre los ciudadanos y los uniformados.

Para prevenir el uso desproporcionado de la fuerza, se prohíben maniobras de estrangulamiento contra ciudadanos en el marco del uso requerido de la fuerza. Tampoco se le podrá golpear a los ciudadanos con el bastón en la cabeza y se propone eliminar el uso de armas cinéticas en manifestaciones pacíficas.

En manifestaciones pacíficas tampoco se podrá usar escopetas calibre 12 y similares para dispersar a la multitud. De esta manera, también queda prohibido disparar directamente a manifestantes con cualquier artefacto válido durante la movilización.

En las manifestaciones no se podrá portar armas, municiones de fuego o de poder letal en cualquier fase de la actuación policial. Tampoco se podrá usar la fuerza letalmente contra los integrantes de las manifestaciones.

No se podrá usar dispositivos de control eléctrico. De aprobarse la iniciativa, tampoco será válido retener o trasladar personas en vehículos no oficiales o que no tengan identificación de la Policía Nacional.

Por medio del proyecto, se crearía el cargo de Comisionado Nacional de la Policía. “Tendrá por objeto ejercer la vigilancia del régimen disciplinario de la Policía Nacional, sin perjuicio de la vigilancia que les corresponde a los organismos de control”, dice el texto.

Este comisionado no puede ser un uniformado y debe cumplir con ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Además, debe tener al menos diez años de experiencia en la materia.

“El Comisionado Nacional para la Policía será elegido por concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil que se encargará de reglamentar y aplicar el concurso dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley”, detalla el proyecto.

Este comisionado puede solicitar la suspensión provisional en los casos “donde sumariamente se advierta un abuso policial”. En su vigilancia de la actuación de la Policía, deberá presentar un informe anual al Congreso y proponer soluciones a los problemas urgentes.

Por el lado de la democratización del ingreso y ascenso a la Policía Nacional, los congresistas buscan “remover barreras económicas que obstaculicen el ingreso y permanencia a los programas de educación, para facilitar el ascenso de los miembros de la policía del nivel ejecutivo al nivel oficial”.

En primer lugar, propone que el Ministerio de Educación, junto al Ministerio de Defensa, creen un programa de escolarización para que los patrulleros logren culminar sus estudios de bachillerato.

A su vez, el Gobierno determinará un sistema de ingreso a la carrera de oficial de la Policía Nacional que permita calcular el costo de la carrera por medio de un sistema que tenga en cuenta factores socioeconómicos de quienes se presenten.

“Los gastos extracurriculares que garanticen la permanencia de la persona que aspira a ser oficia estarán sujetos a becas y financiamiento para aquellos que pertenezcan a los estratos 1 y 2″, dice el parágrafo del artículo.

De aprobarse, el director de la Policía Nacional seleccionará el 25 % de los aspirantes a oficiales dentro del personal del nivel ejecutivo y el 25 % del personal de patrulleros de la Policía que acrediten un título académico técnico, tecnólogo o profesional de formación universitaria.

Además, la dirección de educación de la institución “creará un programa de acceso gratuito a las y los patrulleros y miembros del nivel ejecutivo que busquen obtener un título académico de técnico, tecnólogo o profesional con intenciones de ascender al nivel oficial”.

El proyecto de ley, impulsado por la bancada de Gobierno, busca que tanto los uniformados como la sociedad civil participen en la construcción del mismo.

“Esperamos adelantar este año las primeras audiencias con la ciudadanía y la misma Policía para nutrir y fortalecer el proyecto y contar con el respaldo de la Fuerza Pública, las organizaciones y víctimas de violencia policial”, dijo la senadora María José Pizarro al radicar la iniciativa en la Secretaría del Senado.