Radican proyecto que busca igualdad de prestaciones y asignación de retiro en la Policía Nacional

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, radicó un proyecto de ley que busca garantizar igualdad de prestaciones y asignación de retiro en la Policía Nacional. De acuerdo con la parlamentaria, los funcionarios de nivel ejecutivo y patrulleros, los miembros de menor salario, cuentan con menos garantías en términos de primas y subsidios.

Al mismo tiempo, según argumenta la congresista, los oficiales están mejor cubiertos con estas prestaciones, incluso en su asignación de retiro. Por esto, con el proyecto dirigido a los 131.781 miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, se busca beneficiar al 80 % de la institución.

Por esto, el proyecto de ley busca modificar la Ley 2179 de 2021, de manera que se les otorgue a los miembros del nivel ejecutivo y patrulleros los mismos beneficios que a los miembros de rango oficial.

“Los miembros del nivel ejecutivo y patrulleros de policía tendrán derecho a la igualdad en el régimen prestacional que se haya asignado al nivel de oficiales de la Policía Nacional. La base del pago prestacional será calculada de acuerdo con su asignación salarial”, dice el documento.

De la misma forma, tendrían derecho a “las partidas computables que le sean asignadas o creadas para el nivel de oficiales. No habrá distinción de estas partidas computables de retiro en ningún nivel de la Policía Nacional”.

De aprobarse el proyecto, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia, el Gobierno nacional deberá reglamentar la materia, en ella deberá unificar el régimen prestacional y partidas de retiro computable de todos los niveles de la Policía Nacional.

Miranda asegura que existe desigualdad en subsidio familiar, prima de actividad, prima de antigüedad, prima de orden público, prima de vuelo, prima de vacaciones, prima de riesgo y subsidio de vivienda.

Estas desigualdades, según la congresista, llevan a que un general, con un salario básico de $ 7.232.292, reciba prima de alto mando, de dirección y otra por su cargo. Esto hace que su sueldo llegue hasta $ 22.340.377.

Por otro lado, un capitán, que también ostenta el grado de oficial, tiene una asignación salarial mucho menor, que con bonificaciones solo llega a los $ 2.709.810. Un patrullero, en condiciones aún más desfavorables, tiene un salario total de $1.835.072.

“Bajo este entendido, resulta paradójico que quienes más ganan, más subsidios, comisiones y bonificaciones tienen, mientras los que menos ganan, tienen menos garantías”, argumenta la representante de la Alianza Verde.

De acuerdo con la representante, este proyecto cuenta con el respaldo de Iván Velásquez, ministro de Defensa: “Reconoce que es de vital relevancia reconocer la desigualdad que existe en este sentido en la Policía Nacional”.

Katherine Miranda será denunciada ante la Fiscalía

En nueve hechos puntuales se resume la denuncia que será radicada en la Fiscalía en contra de la representante Katherine Miranda por el delito de hostigamiento. Los hechos, ahora elementos de prueba en la denuncia, están en las declaraciones y publicaciones en redes sociales con una férrea crítica a las iglesias y su obligación de pagar impuestos.

El denunciante es un ciudadano identificado como Jonathan Steven Silva; en el documento que dejará en la Fiscalía, explicó en detalle de qué manera la congresista se extralimitó en su derecho a la libre expresión y las funciones que le asisten como legisladora. Para Silva, la congresista incurrió en el delito de hostigamiento.

Las víctimas de la denuncia, de acuerdo con Silva, son las iglesias, los representantes y los fieles de las mismas. En el relato de los hechos, el denunciante dejó algunos escenarios en los que Miranda expone abiertamente su posición frente al debate de incluir a las iglesias en la reforma tributaria y la posibilidad de que paguen impuestos.

“La representante califica a algunas iglesias de tener relaciones oscuras y sucias con la política, luego al final deja un # (tendencia) donde implícitamente ya generaliza a todas las iglesias con estos actos”, señala la denuncia.

El denunciante asegura que la congresista compara a las iglesias con organizaciones dedicadas a la corrupción e incluso de que existe una “oscura y sucia” relación con políticos, y que eso hace necesario incluirlas en la reforma tributaria y exigir a las iglesias una contribución económica.