Radican proyecto que busca vigilar que se garanticen los derechos de las trabajadoras domésticas

Este miércoles, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, presentará un proyecto de ley que ayude a garantizar la formalización laboral de empleados del sector del trabajo doméstico, que son cerca de 650.000 en todo el país. De acuerdo con la parlamentaria, la mayoría son mujeres y tan solo el 17 % de ellas se encuentran afiliadas a la seguridad social integral.

“Lamentablemente, la mayoría de estas mujeres no tienen derechos laborales o seguridad social integral, solo el 17 % de ellas está afiliada. Además, no hay vigilancia por parte del Ministerio de Trabajo para identificar riesgos o condiciones laborales. De hecho, un estudio hecho en Urabá, Cartagena y cuatro comunidades rurales en el Bolívar, arrojó que el 41 % de las trabajadoras domésticas entrevistadas han sufrido alguna forma de discriminación y violencia”, explicó la representante.

Por esto, Carrascal presentará un proyecto de ley que garantice, entre otras cosas, la libertad de asociación y de conformar sindicatos para efectos de la negociación colectiva. Del mismo modo, busca la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y el acceso a justicia laboral.

En primer lugar, el proyecto reitera que los trabajadores del servicio doméstico deberán “ser vinculados mediante contrato de trabajo escrito, de conformidad con las normas laborales existentes”.

Además, de ser aprobado, se deberán depositar los contratos de trabajo del servicio doméstico en el Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días después del inicio de las labores.

“De igual manera, se registrará novedades como el número de horas extras trabajadas al mes por la persona trabajadora, accidentes o incidentes de trabajo y exámenes médico laborales de ingreso y egreso, y las que defina el Ministerio de Trabajo”, dice el texto del proyecto.

Del mismo modo, para los contratos suscritos previo a la expedición de la ley, los empleadores tendrán 30 días para cumplir con la norma.

De acuerdo con el texto, el Ministerio de Trabajo deberá habilitar una línea telefónica y otros medios que permitan a las personas trabajadoras denunciar directa y efectivamente los abusos y violaciones a los derechos laborales y de la seguridad social.

“La recepción de estas denuncias por cualquier medio de los descritos será suficiente para iniciar la actuación administrativa. Su interposición podrá ser anónima, se sistematizarán y se llevarán a cabo las correspondientes actuaciones administrativas, incluidas las inspecciones a los lugares de trabajo o la activación de alertas inmediatas de protección que se requiera en casos de violencia, discriminación, trabajo forzoso o trabajo infantil”, agrega el documento.

Incluso, habrá inspectores que podrán entrar a las residencias en donde se labora, con previo consentimiento del residente, sin requerir una autorización judicial previa. “En caso de que el empleador no emita consentimiento para el ingreso al domicilio o residencia estará obligado a suministrar la información que el inspector solicite, a comparecer mediante cita previa y a conceder el permiso para que la persona trabajadora pueda ser entrevistada”, se lee en el proyecto.

Estos inspectores también deberán vigilar las agencias de empleo doméstico que intermedian para prestar el servicio.

En casos de violencia, trabajo forzoso o trabajo infantil, el inspector podrá activar una “inspección laboral de emergencia” para entrar a una residencia sin autorización del residente o judicial.

El proyecto fue construido con la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung y la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas (UTRASD). La presidenta de la unión, Claribeth Palacios, celebró la iniciativa de la representante.

“Me emociona porque estoy segura de que si bien con este proyecto no vamos a solucionar todos los problemas del sector de trabajo doméstico, sí podemos disminuir la violencia y el acoso, podemos mejorar la formalización laboral, podemos esperanzarnos de que las personas empezarán a cumplir y a tratar a las mujeres trabajadoras domésticas de otra manera, entendiendo que ya hay un control reglamentado como ley”, manifestó.