Rectores de universidades lanzan esta grave alarma sobre el sistema de salud y la reforma al sector: “preocupa la delicada realidad financiera”

Este viernes, 13 de octubre, los rectores de la Corporación Universitaria Lasallista, Universidad CES, Universidad EAFIT, Universidad EIA, Universidad de Medellín, Universidad Nacional en Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana se manifestaron en torno a la reforma a la salud que avanza en el Congreso de la República. En un comunicado, los académicos expresaron su preocupación por liquidez, posible retroceso y la coyuntura financiera.

Los rectores, Lucía Mercedes De la Torre Urán, Manuel Acevedo Jaramillo, Claudia Restrepo Montoya, José Manuel Restrepo Abondano, Federico Restrepo Posada, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez y el presbítero Diego Alonso Marulanda Díaz, empezaron resaltando los últimos 30 años del sistema.

En primer lugar, aseguran que “lo principal es garantizar que todas las personas accedan a servicios que aseguren una salud de calidad” y que a lo largo de los años “el sistema de salud ha logrado avances importantes”.

“El país ha alcanzado una cobertura casi universal (99,7 % según datos del Dane y el Ministerio de Salud y Protección Social) y los principales logros se evidencian especialmente en las familias de más bajos ingresos. Durante las últimas dos décadas, la expectativa de vida ha subido más y el índice de muertes evitables ha caído más en Colombia que en el promedio de países de la OCDE (de acuerdo con estadísticas de la misma OCDE). Hemos consolidado un plan de beneficios en salud (PBS) amplio, con más procedimientos y medicamentos cubiertos, que la mayoría de los países”, se lee en el comunicado.

Además, destacan que los datos apuntan a que estos logros se han alcanzado con un alto nivel de eficacia. A su vez, afirman que es un sistema solidario, en el que el gasto a cargo del usuario representa solo el 15 % del gasto total en salud, mientras que en 1993 ascendía al 50 %.

“En síntesis, la solidaridad pasó de ser un principio orientador para convertirse en una realidad y una práctica”, expresan los rectores.

A su vez, reconocen que existen retos en el sistema, como gobernanza y salud pública, dado que se necesita fortalecer la Comisión Intersectorial de Salud Pública. Resaltan que se deben cerrar brechas de talento, especialmente en zonas rurales, y fortalecer la financiación y las redes de prestación de servicios.

“Sin embargo, preocupa la delicada realidad financiera que enfrenta el sistema y sus posibles consecuencias, en términos de una disminución en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio. Es deber del gobierno nacional y compromiso de todos los actores del sector contribuir a la superación de esta situación”, manifiestan, dando paso a cuatro puntos que contienen sus preocupaciones.

En primer lugar, mencionan la situación actual de liquidez del sistema, que califican como crítica y “pone en riesgo la atención oportuna de los usuarios en los próximos meses”.

Exponen que dos instrumentos de financiación que regula el Estado presentan “desequilibrios severos”. Mencionan la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y el cálculo y reconocimiento de presupuestos máximos.

“Preocupa, sobre todo, que el presupuesto de 2023 de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) es inferior en un 50% a lo que se requeriría para mantener la asignación de presupuestos máximos de 2023 y ponerse al día con los ajustes de 2021 y 2022″, advierten.

Además, aseguran que el sistema puede enfrentar un retroceso significativo que “impactaría los avances en cobertura y el costo para los usuarios”, en vista a que se presentan problemas de liquidez.

“Es urgente, como sociedad, hacer un llamado al Gobierno para que cumpla con su obligación de garantizar la financiación sostenible de los servicios de salud. También, de asegurar el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades de salud de la población, como lo establece la Constitución de 1991 y la Ley Estatutaria en Salud”, resaltan los rectores firmantes.

Finalmente, los académicos dicen que coinciden con el Gobierno en que debe haber reforma, pero esta debe garantizar “la gestión profesional de los riesgos”.

“Hacia el futuro, cualquier cambio o reforma que se implemente para el sistema de salud deberá buscar una debida administración de los riesgos y de sistemas de contratación adecuados, en los que se generen los incentivos correctos para propiciar la eficiencia. También, se deberá garantizar que exista quién articule apropiadamente la red de prestadores de servicios de salud y sea la puerta de entrada al Sistema. Los actores del sistema actual han acumulado gran experiencia, tanto en la gestión del riesgo como en la administración de las redes de servicios. Operando bajo la restricción presupuestal estricta, impuesta por la UPC, gestionan el riesgo técnico, evitando que el gasto se desborde. Con una buena gobernanza estatal se podrá potenciar el sistema, abriendo espacio a la innovación y al manejo integral de la información”, reflexionan en la misiva. Al final del comunicado, reiteran que es delicada la coyuntura financiera del sistema y se ponen a disposición del debate de la reforma.

“Las universidades firmantes ponemos a disposición todas nuestras capacidades y resultados de investigación y análisis, como los que vienen siendo socializados y publicados en diferentes medios, encuentros y espacios de conversación”, concluyeron.