La reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho tiene pegados al techo a varios ministros. El gabinete se destapó frente a Petro y SEMANA revela los detalles secretos

La anunciada reforma a la salud que ha ventilado a cuentagotas la ministra Carolina Corcho se podría convertir en el detonante de una profunda grieta en el gabinete del presidente Gustavo Petro, a menos de un año de la llegada del nuevo gobierno al poder.

Según conoció SEMANA, durante un habitual consejo de ministros quedó en evidencia que el tema divide profundamente al equipo del primer mandatario. Ni la ‘paz total’ ni la reforma pensional, por ejemplo, suscitan tantas alarmas internamente.

El exministro de Salud Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación, quien se sienta al lado de Corcho en los consejos de ministros, hizo públicos sus reparos sobre lo que se ha dicho de la reforma. Tras su intervención, Gaviria recibió el respaldo de la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien conoce del asunto a fondo porque fue presidenta del Seguro Social en la década de los noventa.

Así mismo, en privado, se ha sabido que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le ha planteado sus preocupaciones a Petro por las tesis que defiende Corcho.

En el consejo de ministros, donde fue evidente la tensión que suscita el tema, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, habló de la importancia de tener en cuenta a los movimientos sociales de cara a la reforma que, posiblemente, se radicará en febrero en el Congreso. Allí, el debate promete ser intenso y, por ejemplo, el presidente del Congreso, Roy Barreras, no está del todo conforme con lo anunciado por Corcho.

El miércoles, el presidente Petro, al ver las profundas divisiones en el gabinete, solo guardó silencio.

SEMANA pudo establecer, con fuentes de entera credibilidad, que a los ministros Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López les preocupa que, hasta ahora, el proyecto de la ministra Corcho no contempla claramente una transición entre un modelo de salud y otro. Así mismo, para ellos no es claro el esquema sobre cómo funcionará el sistema de salud de ahora en adelante.

Tampoco tienen claridad sobre su impacto fiscal y rechazan que se desconozca por completo un modelo de 30 años, en los que se han podido concretar importantes avances que los propios usuarios reconocen, en medio de las falencias. Recientes encuestas han revelado que los colombianos no están de acuerdo con el fin de las EPS. Por ejemplo, Gaviria, Ocampo y López no son partidarios tampoco de que se eliminen esas empresas, ni que se impongan controles a las tarifas. Hay incertidumbre además sobre cómo se pagarían las licencias de maternidad y cómo se manejarían las líneas de call center y de servicio al usuario.

La ministra Corcho ha insistido en su propuesta de que las EPS sean desmontadas de manera progresiva. La funcionaria ha dicho que “se debe superar la intermediación del sistema de salud”, haciendo referencia al manejo que hacen las EPS de los recursos.

Corcho ha dicho que la liquidación constante de las EPS está provocando una crisis en el sistema de salud. “No es necesario seguir sometiendo a la ciudadanía a estas condiciones por seguir insistiendo en un modelo que ya mostró sus límites”, advirtió la ministra Corcho, en diciembre, desde Pasto.

Según dijo, usarían la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para pagarles directamente a los hospitales y las clínicas. Pero reconoció que eso requerirá que la Adres surta un proceso de descentralización.

Justamente, esa propuesta de oficinas de la Adres en las regiones genera críticas en el gabinete, por la posibilidad de que terminen presas de la politiquería y la corrupción.

A finales del año pasado, Paula Acosta, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) –un gremio que agrupa a 11 EPS–, advirtió que por ahora no ha tenido un espacio de conversación con la ministra Corcho para hablar detalladamente sobre la reforma a la salud.

Los más altos directivos de las EPS hablaron bajo reserva con SEMANA y advirtieron que están aterrados y al borde de la quiebra por lo que está haciendo la ministra de Salud, Carolina Corcho

En las EPS sabían que 2023 comenzaría con una estocada. A fin de cuentas, el eje de la reforma a la salud que lleva meses anunciando el Gobierno Petro, por medio de las destempladas y agresivas declaraciones de la ministra Carolina Corcho contra esas entidades, tiene un objetivo central: ponerles un inri encima. Pero la forma de concretar esa eliminación, a juicio de quienes tienen desde este lado las riendas del sector salud, no es el proyecto de ley, que reposa ya en el despacho del presidente de la República, sino una vía más expedita y más brutal: la plata.

SEMANA habló con varios presidentes y altos directivos de las EPS, que prefieren guardar en reserva sus nombres por miedo a las retaliaciones del Gobierno y para evitar el pánico entre sus usuarios, empleados y contratistas. “No creo ni siquiera que lleguemos a la reforma”, dice uno, que advierte sobre el inminente colapso económico de algunas compañías en los próximos meses. “Estamos ahogados financieramente”, complementa otro. “Ya superamos nuestro límite de pérdidas y estamos usando las reservas”, sostiene uno más.

Los ejecutivos tienen la misión de dirigir compañías que cuidan la salud de millones de afiliados con una sentencia de muerte sobre sus hombros. “¿Quién puede trabajar así? Es como si anunciaran que van a cerrar los bancos: todo el mundo quiere ir a sacar su plata”.

Desde hace meses se decía que la ministra Corcho quería provocar un caos en el sistema para ambientar su reforma. Ella misma lo había sostenido en un encuentro con el médico italiano Federico Gelli, quien atendió al presidente en Italia cuando se contagió de covid. “Debe haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se necesita el cambio. Y que en medio de la crisis surja una alternativa”, dijo.

“Nunca quise creer que el Gobierno quisiera colapsar la salud. Hoy sí lo creo”, asegura, atónito, uno de los presidentes. La realidad es que lejos de lo que ha dicho la ministra, que pinta a las grandes EPS con millonarias utilidades, la situación financiera en algunas de estas entidades era ya crítica con la pandemia, pero se volvió inviable con su llegada.

En términos de plata, han sido dos grandes estocadas. Según ellos, la herida es casi mortal. La última fue la negativa del Gobierno de pagar las deudas que tienen con las EPS, que ascienden a 1,6 billones de pesos. El plazo era esta semana, pero tampoco se cumplió, pese a que, según las entidades, todo está listo en el Ministerio de Hacienda para hacer este giro.

La historia de esas deudas es compleja, pero importante. Como se sabe, los colombianos tienen un plan de salud que cubre miles de procedimientos y medicamentos, y que se maneja a través del pago de una prima por usuario llamada UPC (unidad de pago por capitación). Los que no están dentro de este plan los paga el Gobierno por algo que se llama los presupuestos máximos. A las EPS les deben dinero desde el año 2020. “Estamos entre la espada y la pared. Cada día crecen más los beneficios, pero nadie responde por esos pagos”, dice uno de los presidentes.

Las EPS sostienen que han tenido que pagar en estos años esos rubros con presupuestos propios, pero que ya no dan más. “No hemos podido pagarles a hospitales, clínicas ni a los proveedores de medicamentos. Y va a llegar un día en que simplemente ellos decidan no atender más a nuestros pacientes. El gran causante de esa crisis es el Gobierno”, asevera uno.

La angustia por este no pago es enorme, pero creció a niveles intolerables cuando, en vez de anunciar el giro de recursos, el Gobierno se fue contra las EPS. “Tras de ladrones, bufones. En vez de pagarnos, salieron a difamarnos”, explica otro directivo.

En respuesta a una entrevista de la presidenta de Acemi, Paula Acosta, a SEMANA, en la que advertía el tema, la ministra Corcho aseguró que, por el contrario, eran las EPS las que debían 50 billones de pesos. “La sola cifra era absurda. Todo el presupuesto son 70 billones. Si debiéramos 50, el sistema no funcionaría”, explica uno de los ejecutivos. La alta funcionaria, en vez de rectificar, se reafirmó en decir –el pasado sábado– en un encuentro en Villavicencio que las EPS no solo “son inviables”, sino que “quiebran a los hospitales”.

Sin embargo, ya de manera discreta, la Superintendencia de Salud mandó por escrito un comunicado en el que reconocía que la información era falsa. “La Supersalud ha llevado a cabo en los últimos días un análisis y seguimiento a las acreencias de más de 100 EPS que fueron liquidadas entre los años 2003 y 2015. La evaluación de los datos arrojó que las entidades promotoras de salud en el país tienen deudas por más de 23,3 billones de pesos”.

La entidad agregó que se discriminan así esos valores: 16,6 billones corresponden a las EPS activas en el sector; 1,7 billones, a las EPS liquidadas; y 5 billones, a las EPS en liquidación. El exministro Fernando Ruiz explica que esos 16 billones corresponden en su mayoría a las deudas corrientes del manejo del sistema, que se pagan en 60 días.

“O la ministra no entiende las cifras, o de mala fe entrega información incorrecta como parte de una campaña de desprestigio contra nosotros”, se pregunta, preocupado, uno de los directores de las EPS. Hasta el momento, la alta funcionaria no ha rectificado por su cuenta.

Las EPS también se quejan de que los recursos de la UPC no les alcanzan. La ministra, por su parte, pidió el año pasado al Congreso entregarle al sector menos presupuesto, con lo cual se perdió cualquier posibilidad de hablar de un reajuste de esa prima. La UPC es un elemento neurálgico del sistema. Como ha sucedido en todos los frentes, en la salud se vive una disparada enorme de precios. Las EPS calculan que para ajustar esto se debía subir la UPC a un 27 %, la ministra sostenía que un 12 % y al final se transó en un 16 %.

Lo que vive el sector salud no tiene que ver con el Gobierno, pero es apremiante. “Tenemos una inflación perversa, la peor en décadas”, explica uno de los presidentes, que cuenta cómo hoy paga alrededor de una tercera parte más por cada bien que utiliza en el servicio.

Y a eso se suma la trepada del precio del dólar, moneda que impacta al sector, pues muchos insumos y medicamentos son importados. “Hemos demostrado que el déficit que existe entre los recursos de la salud que nos apropia el Gobierno y lo que se consume es muy grande. ¿Quién corre con esos gastos?”, se pregunta otro.

No es la única coyuntura que afecta al sistema. Mundialmente, pasan cosas muy similares que han aumentado la presión frente a los servicios de salud. Lo primero es el impacto tan grande de la pandemia que hizo que durante años de confinamientos y restricciones muchas enfermedades no se atendieran debidamente.

Esto ha volcado a miles a los consultorios para programar servicios atrasados o ha hecho que los pacientes lleguen con complejidades que habrían podido evitarse con una atención a tiempo y que hoy son costosas de atender. Temas como las atenciones por salud mental están disparadas. A eso se suma que el miedo de algunos colombianos frente a la reforma también los ha hecho intentar hacerse procedimientos pendientes por la idea de que su EPS se acabará y después quién sabe qué pase.

Además de las preocupaciones financieras, las EPS se quejan de no tener ninguna comunicación con el Gobierno. “Se han sentado con los criminales, han ido a las cárceles, pero a nosotros no nos han abierto un espacio”, dice uno de ellos. A pesar de que pocos conocen el texto de la reforma, la ministra dice que es “la más socializada de la historia republicana”.

Cuentan, con dolor, que hoy no hay ningún tipo de interlocución, pues los funcionarios técnicos que llevaban más de 20 años en la entidad fueron despedidos en la barrida que hizo la ministra, denunciada por SEMANA en la anterior edición. “Se perdió toda la memoria y en este momento allá nadie sabe nada”.

Ante este panorama, las EPS advierten que entregarán números rojos en sus reportes del año pasado y temen por su futuro inmediato. Según explican, las pérdidas en una compañía como esta se traducen en que se pierde la capacidad de responder, que se conoce como habilitación financiera, y quedarían expuestas a que la Superintendencia las intervenga o las liquide.

“Las EPS estamos acostumbradas a soportar escenarios complejos. Somos jugadores de largo plazo, pero ante este desasosiego ya no damos más. Incluso, hemos dicho que no queremos ser EPS así: somos el patito feo, los ladrones, los parias. Pero la verdad es que estamos reventados. Llegamos ya al punto de ser inviables”.