Política
Reforma a la salud: sigue la preocupación por la eliminación de los planes complementarios y el aumento del costo de las prepagadas
Paula Acosta, presidenta de Acemi, reiteró sus reparos frente a un punto problemático de la iniciativa del Gobierno nacional.
Este lunes, 29 de mayo, se radicó la ponencia para segundo debate de la reforma a la salud. A pesar de los consensos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el polémico proyecto del Gobierno nacional le sigue causando preocupación al gremio de las EPS por la eliminación de los planes complementarios.
En medio de la discusión en la Comisión Séptima, se eliminó el artículo 131 que proponía que ninguna persona que tuviera medicina prepagada pudiera tener beneficios adicionales, como quienes tienen planes complementarios.
A pesar de eso, según Paula Acosta, presidenta de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), existe incertidumbre por la eliminación del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y los planes complementarios, que permiten que aquellos afiliados a algunas EPS puedan acceder a servicios de hotelería y mejoras en el servicio de hospitalización.
Por otro lado, la líder gremial asegura que existe una “separación” en el sistema de salud que impactaría directamente los bolsillos de quienes adquieren planes de medicina prepagada.
“De otro lado, se separa el sistema de salud, en donde volvemos a lo que teníamos hace treinta años. De un lado hay unas pólizas de seguros privados o medicina prepagada que no se conecta con el sistema de salud, con lo cual lo que es de esperarse es que haya un aumento muy significativo en los costos de estas pólizas de salud o en esta medicina prepagada”, agregó la presidenta de Acemi.
Las advertencias de Transparencia por Colombia frente a la reforma a la salud
Por medio de un comunicado de prensa, Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud compartieron con la opinión pública una serie de recomendaciones sobre el proyecto de ley de reforma a la salud, con miras a reducir los riesgos de corrupción e injerencia política.
“El análisis inicia por reconocer que los sistemas de salud se enfrentan a riesgos de corrupción debido a los enormes presupuestos públicos que manejan, a la falta y asimetría de información entre los múltiples actores involucrados, y a la complejidad en la gobernanza y regulación de los sistemas”, indicaron las organizaciones en el documento.
Entre otras cosas, señalaron que revisaron cerca de 67 casos de corrupción que se dieron en Colombia entre 2016 y 2020. Indicaron que estas irregularidades fueron de tipo administrativo, privado y político y le habrían costado al país 1,63 billones de pesos.
“Los servidores públicos fueron responsables del 46,2% de estos casos. Los actores privados también jugaron un papel importante en el 37,3% de los casos registrados. Los delitos más comunes asociados con la corrupción fueron la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y el prevaricato por omisión. Cerca del 25 % de los casos de corrupción estaban relacionados con irregularidades en el suministro de medicamentos, como sobrecostos, beneficiarios ficticios, cobros por medicamentos no entregados, tráfico y falsificación de medicamentos”, apuntaron las organizaciones en el documento.
En esa medida, hicieron recomendaciones sobre tres aspectos claves para mejorar aspectos como la gobernanza y la visibilidad de los manejos en el nuevo modelo de salud que propone la reforma.
“La reforma puede corregir situaciones que han facilitado casos graves de corrupción en el sistema de salud, sin embargo, la propuesta que discute el Congreso es altamente compleja y requiere de medidas concretas y estratégicas para evitar riesgos de malversación, politización y clientelismo en el sistema”, sostuvo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
Entre otras cosas, señalaron que las transformaciones profundas que tendrá la estructuración del presupuesto del sistema de salud traerán múltiples retos. Esto “podría generar un riesgo de opacidad en la información”, advirtieron las organizaciones.
“Se requiere una estrategia de transparencia presupuestaria que involucre a todas las fuentes que financiarán el sistema, así como la obligatoriedad de la publicidad de la información de contratación, incluyendo la contratación asociada al Plan Nacional de Equipamiento en Salud que incluiría los recursos que se inviertan en infraestructura y dotación del sistema”, agregaron.
En su lugar, aconsejaron, debería considerarse la creación de esquemas efectivos de interoperabilidad de sistemas que ya existen en el sistema de salud actual.
Además, indicaron que el texto del articulado plantea que se compren medicamentos de forma centralizada, por lo cual recomendaron que la medida esté acompañada de criterios “claros y objetivos” para materializar estas transacciones.
