Reforma al Sistema General de Participaciones genera dudas incluso dentro del mismo Gobierno, tiene enfrentadas a varias carteras

El proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), que destina recursos a las regiones y busca la descentralización de las finanzas del Estado, se encuentra en el segundo punto del orden del día de la plenaria del Senado –que está programada para este martes 22 de octubre–, pero ha generado un profundo debate incluso dentro del mismo Gobierno en donde se han registrado posiciones contrarias.

SEMANA conoció la puja que se está dando dentro del Gobierno y el mismo petrismo por lo que propone la iniciativa. En el caso de la Casa de Nariño, se ha generado un profundo debate por las alertas que genera.

El proyecto en principio es respaldado e impulsado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien busca sacarla adelante en el Congreso a través del lobby que ha adelantado con distintas bancadas. Además, contaría con el apoyo del presidente Gustavo Petro. Cristo ha reconocido que es uno de los temas legislativos prioritarios para el Gobierno.

“Vamos avanzando en el Congreso de la República en el proyecto de autonomía territorial que cambia totalmente esa dinámica del Sistema General de Participaciones y que nos debe llevar en los próximos 10 años a que las regiones, los departamentos y municipios, reciban lo que se merecen en materia de SGP, lo que contempló la Constitución de 1991, y es que el 46,5 % de los ingresos corrientes de la Nación vayan a departamentos y municipios″, aseguró Cristo en un evento de Fedemunicipios en Pereira con alcaldes locales de todo el país y en medio de lo que ha llamado el “acuerdo nacional”.

Sin embargo, hay otras entidades dentro del Gobierno que han alertado que fiscalmente podría impactar negativamente las finanzas del país. Desde el Ministerio de Hacienda han dicho que la iniciativa rompería la regla fiscal y no entregaron el aval fiscal del proyecto.

José Roberto Acosta, director nacional de Crédito Público del MinHacienda, alertó que transferir 9,2 % del producto interno bruto (PIB) del país a los municipios y departamentos, lo que representa unos 395 billones de pesos para 2027-2036, sin que antes se definan las competencias y el destino de esos dineros, sería inconstitucional y rompería la regla fiscal.

Otro de los conceptos negativos que se han conocido es el del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En una comunicación que envió Elizabeth Cristina Correa, subdirectora general de Descentralización y Desarrollo Territorial encargada, del DNP, al senador Ariel Ávila, ponente del proyecto, alerta que varias carteras y hasta proyectos aprobados por el Gobierno se pondrían en riesgo.

“La propuesta de acto legislativo no es coherente ni consistente y su redacción, por ende, es inconveniente, ya que puede acarrear dificultades en el funcionamiento del SGP, se sugiere utilizar el mismo término en los diferentes apartes; por ejemplo, Entidades Territoriales (que incluye las denominadas en el Artículo 286 de la Constitución Política)”, aseguró la funcionaria.

Aparte, sobre el impacto fiscal de la reforma, dijo que: “De aprobarse el proyecto de Acto Legislativo, es decir, aumentar la participación al 46,5 %, implicaría elevar gradualmente el SGP desde 1,0 % adicional entre 2025 y 2026 hasta 16,4 % adicional en 2035 frente al escenario previsto en el MFMP. En términos de recursos implicaría aumentar en 3,6 billones de pesos adicionales a lo que tiene el MFMP en 2027, hasta alcanzar la cifra de 85,3 billones de pesos en 2035, lo cual equivale al 85 % de las vigencias aprobadas a la fecha que amparan proyectos en los sectores de transporte, vivienda social, inclusión social, Fiscalía entre otros”.

Asimismo, la funcionaria asegura que se podrían poner en riesgo sectores como el de justicia, defensa, seguridad y hasta la financiación de los derechos en salud del pilar solidario de los 2,5 millones de pensionados que quedaron incluidos en la reforma pensional del mismo Gobierno.

“Esta propuesta no solo profundizaría las brechas sociales existentes, sino que también pondría en riesgo la viabilidad del Estado en su conjunto, dado que es poco probable que se financie mediante un mayor endeudamiento o incremento de impuestos, debido al bajo crecimiento del consumo y a que los niveles de inversión se mantienen en los mismos valores de 2020, en pleno epicentro de la pandemia”, afirmaron desde el DNP.

En medio del debate han surgido otros conceptos de expertos. Por ejemplo, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, alertó de los riesgos de la iniciativa. “Un aumento del 65 % en las transferencias del SGP significaría 60 billones de pesos adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de 44 billones de pesos. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”, aseguró.

Por su parte, el exministro de Comercio y Hacienda –y rector de la Universidad EIA– José Manuel Restrepo afirmó que el acto legislativo es “irresponsable” porque llevaría al país a un colapso financiero de gran tamaño.

Lo primero es que se convertiría en una herencia impagable porque entraría a operar desde 2027, por lo que el siguiente gobierno tendría un escenario fiscal “imposible” de administrar, aseguró Restrepo.

“Inflexibiliza aún más el Presupuesto de la Nación llevándolo a más del 95%, lo cual limita la capacidad de inversión pública del país dramáticamente y de las licencias futuras y en general de lo que es fundamental para poder hacer inversión en Colombia”, dijo. Restrepo también considera que se violaría la regla fiscal.

Y que todo esto se hace con un “dulce envenenado” que es el discurso de avanzar en la descentralización territorial. “El veneno es que seguramente mucho congresista está atraído por el hecho de que se está profundizando la descentralización y van a dar más recursos a los territorios. Todo eso suena muy bien, pero el problema es que, dicho en palabras sencillas, significa una presión anual adicional de casi 77 billones de pesos adicionales para la nación, o sea, cinco reformas tributarias”, alertó.

El proyecto no solo genera opiniones divididas en el Gobierno, dentro del mismo Pacto Histórico en el Congreso hay voces que no lo respaldan, entre ellos la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien ya ha tenido diferencias con Cristo por la agenda legislativa.

“Finalmente, enviarle desde estos micrófonos un mensaje a nuestro ministro Juan Fernando Cristo y decirle que su agenda no es nuestra agenda, que su proyecto de autonomía territorial no es el proyecto progresista y que no intente confundir a la ciudadanía. Nosotros no nos dejamos confundir la agenda de gobierno, es una y su agenda personal es otra”, dijo en una sesión reciente del Senado.