Política
Reforma del Gobierno Preto propone una educación para la paz y la reconciliación, así se implementaría
SEMANA logró tener acceso al documento completo. Se trata de un proyecto de ley que contiene 36 artículos.
Llegó el día y la hora cero. Este martes 12 de spetiembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la ministra Aurora Vergara, radicará ante el Congreso de la República la reforma a la educación, la cual ha generado polémica en la academia.
SEMANA logró tener acceso al documento de 15 páginas que la ministra radicará en el Legislativo, se trata de un proyecto de ley estatutaria que se titula: “por medio del cual se regula el derecho fundamental de la educación en todos sus niveles”.
Se trata de una iniciativa con un total de 36 artículos, con los cuales el Gobierno Petro busca garantizar el acceso a la educación de la población en el país.
Uno de los artículos que muy seguramente dará de que hablar no solo en el Congreso, sino también entre expertos, académicos y demás, es el artículo 31 que establece una educación para la paz y la reconciliación.
“Con el propósito de fortalecer la democracia y la paz, en el marco del derecho a la educación, se debe garantizar a todas las personas la formación ciudadana, socioemocional y para la reconciliación”, se lee en el articulado en poder de esta revista.
Y se específica: “El desarrollo de capacidades ciudadanas incluye la formación de la identidad en la diversidad, reconociendo la nación mestiza, las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y las personas migrantes; el respeto por la dignidad humana y los derechos de las personas; la lucha contra la discriminación por sexo, género, raza, religión, origen u opinión política; la valoración de la vida de todos los seres de la naturaleza, la acción climática y la sostenibilidad ambiental; la conciencia y autonomía del propio cuerpo y la sexualidad, y las capacidades para la participación social y política en lo local, nacional y global”.
El artículo deja claro que “la educación para la paz y la reconciliación, en una sociedad que ha vivido conflictos armados prolongados, involucrará la comprensión de los impactos de la violencia, en particular la perspectiva de las víctimas; entender la historia reciente de la nación y sus territorios; y construir la ética de la verdad, la justicia restaurativa y un aprendizaje que contribuya a la no repetición. Las competencias socioemocionales se requieren para aprender a escuchar, a aceptar las diferencias, a ser empáticos con el sufrimiento ajeno y a reconocer y gobernar las emociones”.
De igual modo, se establece que “para cumplir este fin se articularán los esfuerzos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Sistema de Seguridad Social en Salud, las instituciones de la paz, las víctimas, los derechos humanos, la seguridad y la justicia y el Sistema Educativo, en todos sus niveles territoriales y entidades involucradas”.
Otras novedades
Por otro lado, el proyecto de ley indica que el primer ciclo de formación comprenderá desde el nacimiento hasta cumplir los 3 años. Actualmente, inicia a los 3 años. “El segundo comprenderá desde los 3 años hasta antes de cumplir los 6 en los grados de prejardín, jardín y transición”, dice el proyecto.
Además, plantea en un parágrafo que “entre los 0 y 3 años de edad, en el marco de la atención integral, la educación inicial se basará en las actividades de juego y exploración en el hogar, la escuela y el espacio público, deberá llegar a todos los niños y niñas para garantizar el desarrollo pleno de capacidades que le acompañarán a lo largo de la vida”.
Además, habla del derecho fundamental a la educación media y en un parágrafo especifica “que la articulación (con la educación superior), puede suceder después del grado de bachiller e incluir el grado duodécimo (12) y décimo tercero (13) en las escuelas normales superiores y en otras instituciones de educación posmedia”.
Igualmente, habla del derecho fundamental a la educación superior. “Comprende el acceso, permanencia y graduación de las personas en los programas de nivel técnico profesional, normalista superior, tecnológico y universitario”.
El Estado- según el documento- “garantizará en forma progresiva el derecho fundamental a la educación superior de acuerdo con la regulación para este nivel, reconociendo además las cualificaciones y saberes. Las escuelas normales superiores tendrán un régimen especial que se expedirá con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.
También tiene un capítulo especial llamado “equidad social y territorial”. Propone que el Estado y todas sus autoridades en todos los niveles promoverá las condiciones necesarias para el cierre de brechas de forma real y efectiva”.
Y plantea algunas medidas: “la financiación de la educación se realizará de forma equitativa con criterios diferenciales para el cierre de brechas y/o desigualdades”.
Promete “adaptar el sistema educativo en situaciones de emergencia para lograr su superación a la mayor brevedad posible. Y dice que las instituciones de educación priorizarán actividades de investigación y extensión para la mejora de los niveles de educación y la solución pronta de la problemática social en las diferentes regiones y en particular en los sectores históricamente discriminados”.