Reforma política: reviven el voto obligatorio y la posibilidad de tener congresistas desde los 18 años

El Gobierno nacional aún no sale del ‘chicharrón’ de la moción de censura a la ministra Irene Vélez, cuando ya se le viene nuevamente otro reto de gran magnitud en la Plenaria de la Cámara: la reforma política.

SEMANA conoció la ponencia que fue radicada para discusión en la plenaria, en el que se revivieron varias ‘perlas’ que ya habían sido eliminadas en debates anteriores.

Uno de los asuntos más controversiales que había sido hundido pero fue revivido ahora para el debate en la Cámara es el que disminuye la edad mínima para ser congresista. Actualmente, la Constitución señala que entre los requisitos para ser congresista está el límite de edad. Para los representantes a la Cámara es a partir de los 25 años y para los senadores desde los 30 años.

Sin embargo, en el texto que entra en discusión en la Comisión Primera de la Cámara, se estableció en 25 años el requisito de edad para ser senador, es decir cinco años menos de lo que está actualmente, y para ser representante a la Cámara únicamente se exige “ser ciudadano en ejercicio”, es decir, desde los 18 años, que es cuando el ciudadano adquiere la plenitud de derechos y deberes.

Esta es una propuesta que es defendida directamente por el Gobierno. De hecho, hace menos de una semana el ministro del Interior, Alfonso Prada, les advirtió a los congresistas que al dejar por fuera esta propuesta se estaría cercenando el derecho de los jóvenes a participar de los escenarios democráticos.

“El nivel de madurez de los jóvenes es bastante sólido, las causas de los jóvenes están cambiando el planeta entero, en materia ambiental, en materia de reconocimiento sintiente de los animales, las causas en relación con la naturaleza están cambiando el mundo, fueron ellos con una votación masiva quienes eligieron el gobierno del presidente Petro”, apuntó el ministro.

La polémica también correrá por cuenta del artículo que establece el voto obligatorio en Colombia. A pesar de que la propuesta había sido archivada en el anterior debate, los ponentes insistieron en volverla a poner.

Por un lado, hay voces que ven en esta figura una de las maneras de combatir el abstencionismo, el cual puede estar entre el 50 y el 60 % de los ciudadanos, dependiendo del proceso electoral que se cumpla.

No obstante, en la otra orilla, hay quienes piensan que abstenerse de votar también es una posición política válida y que el elector tiene el derecho a acudir a ella si no está conforme con los candidatos que se presentan en las elecciones, ya sean legislativas, presidenciales o locales.

El texto que será radicado en la plenaria también contiene el que es tal vez el asunto más controversial de esta reforma: los congresistas saltar a ser ministros sin tener ninguna restricción. Actualmente, la ley prohíbe esta puerta giratoria.

Esta medida es normal en los sistemas parlamentarios, en los que la elección del Gobierno (poder ejecutivo) emana del parlamento (poder legislativo) y es responsable políticamente ante este.

Sin embargo, en Colombia se maneja el sistema presidencialista, en el que hay total independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde la oposición han argumentado que este artículo es “un adefesio” y un “despropósito”, pues “se convierte en un instrumento de seducción por parte de los gobiernos a los congresos”.

No obstante, esta propuesta, que cuenta con el apoyo del Gobierno se ha mantenido en todos los debates sin mayor modificación.

“La representación de un congresista o una congresista en el Gobierno le da más peso político al Gobierno frente al Congreso”, apuntó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Otro de los asuntos que genera escozor, pero que sigue estando en el texto, es el de la limitación a la Procuraduría para que sancione a alcaldes y gobernadores, al establecer que solamente una autoridad judicial sea la que pueda imponer sanciones a gobernantes locales y no el Ministerio Público, como sucede actualmente.

Un ejemplo de esta facultad fue el retiro temporal que hizo la Procuraduría del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por supuesta intervención en la campaña presidencial a favor de la campaña del actual presidente Gustavo Petro. Esto ya no lo podrá volver a hacer el Ministerio Público.

Se espera que este proyecto sea agendado para la próxima semana en la Plenaria de la Cámara, donde surtirá su cuarto de ocho debates respectivos.