Reforma política: Transparencia por Colombia alertó que quitar inhabilidades para que congresistas sean ministros pondría en riesgo equilibrio de poderes

La organización Transparencia por Colombia hizo un análisis de la reforma política que se discute en el Congreso y dio algunas recomendaciones para enriquecer el debate.

Un primer tema al que se refirieron fue la financiación de las campañas. Dicen que están de acuerdo con un modelo mixto, en el que no sea netamente estatal, sino que se mantenga un porcentaje de recursos privados.

Por ejemplo, hablan de que el 20 % sea de privados y el 80 % de parte estatal. Consideran que mantenerlo netamente público no garantiza que vaya a haber condiciones de equidad y transparencia en el proceso electoral.

“Deja en desventaja a nuevos actores en el sistema político-electoral quienes, al no contar con el reconocimiento, posiblemente obtendrán una cantidad menor de votos que organizaciones tradicionales y en proporción una cantidad menor de recursos”, aseguraron desde Transparencia por Colombia.

Otra razón por la que están de acuerdo con que se mantenga una parte privada es que si fuera netamente pública podría generar que se reciban dineros de manera ilícita. “Aumentando la opacidad en la información y limitando la capacidad de la autoridad electoral de realizar una revisión sobre estos”, informaron desde Transparencia por Colombia.

Aseguran que, en el caso de la financiación, la reforma debería tener como objetivo garantizar el incremento de los aportes públicos y anticipados, así como poner límites a los aportes realizados desde el patrimonio de cada uno de los candidatos y de sus familiares y fortalecer los mecanismos de vigilancia en tiempo real.

“Insistimos en la necesidad de adelantar un estudio de los gastos de campaña a nivel nacional y territorial, que sirva de base para determinar los topes de campaña de acuerdo con las condiciones de cada territorio”, afirmaron.

Dicen que, en el caso de la rendición de cuentas, en el financiamiento de las campañas, les sorprende que en medio de la discusión no se contemple la obligación de realizar el registro en tiempo real, haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles.

Piden que, con el objetivo de articular el trabajo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), se haga un registro obligatorio en un aplicativo para facilitar el monitoreo y control de los informes contables y que los ciudadanos puedan acceder a esa información.

Otro punto sobre el que no están de acuerdo es que se quiten las inhabilidades para que los congresistas puedan pasar a ser ministros o funcionarios del Gobierno simplemente renunciando al legislativo.

“Se requiere una reforma política que contemple los aspectos fundamentales sobre el financiamiento de campañas para evitar: los delitos electorales, la incursión de recursos ilícitos en la política, y la corrupción administrativa”, aseguraron desde el organismo.

A pesar de esos reparos destacaron el interés del Gobierno por sacar adelante una reforma de este tipo.

Además de esas consideraciones que se hicieron desde Transparencia por Colombia al proyecto de acto legislativo, hay otros puntos que fueron aprobados por el Senado y serán objeto de discusión en la Cámara de Representantes.

Uno de ellos es que se disminuiría la edad para ser congresista, por lo que una persona podría postularse desde los 18 años, cuando cumpla la mayoría de edad.

“El nivel de madurez de los jóvenes es bastante sólido, las causas de los jóvenes están cambiando el planeta entero, en materia ambiental, en materia de reconocimiento sintiente de los animales, las causas en relación con la naturaleza están cambiando el mundo, fueron ellos con una votación masiva quienes eligieron el gobierno del presidente Petro”, afirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Otro de los puntos claves de la discusión será establecer el voto obligatorio. A pesar de que se hundió en el Senado ese artículo, se ha hablado de que en la Cámara buscarán revivirlo.

Igualmente, desde el Gobierno buscarán implementar limitaciones a la Procuraduría para que no pueda inhabilitar a alcaldes y gobernadores, especialmente luego del litigio ente Gustavo Petro y la Nación en la Corte Penal Internacional tras haber sido destituido de su cargo como alcalde de Bogotá.