Registrador Penagos frena en seco a Cielo Rusinque y dice que la SIC actúa inconstitucionalmente: “Es un golpe a la democracia”

SEMANA: En las últimas semanas, la Registraduría ha sido blanco de ataques desde la Casa de Nariño y ahora desde la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuál es la lectura que le da a este asunto?

HERNÁN PENAGOS GIRALDO: Lo principal que quisiera destacar es que en Colombia debemos garantizar la independencia de la autoridad electoral, y ese debe ser un propósito de todos los líderes de las organizaciones políticas y de la observación de todos los funcionarios que forman parte de la estructura del Estado. Si queremos una democracia fuerte, lo principal es garantizar que la autoridad electoral pueda ejercer su trabajo de manera técnica, como se viene haciendo, y garantizar que la Registraduría tenga todas las herramientas presupuestales para llevar a cabo el proceso electoral de 2026. Además, que la Registraduría no sea instrumentalizada para los debates políticos.

SEMANA: ¿Y qué opina sobre las decisiones de la SIC contra nueve funcionarios de la Registraduría?

H.P.G.: Esa entidad podrá contar con toda la información que requiera. De hecho, gran parte de lo que requirieron en marzo lo tienen en sus manos, en especial, toda la información contractual de la entidad: estudios, proyectos, prepliegos, pagos, actas, hasta las hojas de vida de los funcionarios que participaron de ese proceso contractual. Esa información se entrega sin ninguna dificultad. Otra cosa diferente es que pretenda la Superintendencia investigar a los funcionarios o a la Registraduría Nacional. Una dependencia del Gobierno nacional no tiene competencia para investigar a la Registraduría, porque a esta entidad la investiga la Contraloría, la Fiscalía o la Procuraduría. Y eso no lo digo yo, lo dice la forma como está estructurado el sistema administrativo colombiano, lo dicen los manuales de buenas prácticas de la OEA, que señalan que un órgano electoral debe ser independiente y no puede estar sometido a injerencias gubernamentales. Insisto, la información que requieran la entregamos, pero de allí a que una entidad gubernamental investigue a la autoridad electoral no tiene fundamento constitucional y rompe con el Estado de derecho, que tiene muchas particularidades, las libertades es una de ellas, pero la otra importante es la independencia de los poderes y de los órganos electorales. El artículo 113 de la Constitución dice que existen poderes públicos, pero que también existen órganos independientes, en este caso la Registraduría Nacional. Aceptar que la Superintendencia puede investigar a la Registraduría Nacional es aceptar que la Superintendencia puede investigar a la Contraloría, a la Procuraduría y hasta a la Fiscalía, y eso no es razonable desde el punto de vista jurídico.

SEMANA: En ese sentido, ¿la superintendente Cielo Rusinque se estaría extralimitando en sus funciones?

H.P.G.: Lo que creo es que la Superintendencia tiene absoluta precisión de las competencias que le atañen. Es un órgano que funcionalmente depende del Ministerio de Comercio y actúa por facultades delegadas del presidente de la república. Esa sola dependencia funcional ya fácilmente deduce que sus competencias están más en el sector privado, en empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, en temas de prácticas de competencia, pero no en investigar órganos autónomos independientes, como la Registraduría.

SEMANA: ¿Hay presión contra la Registraduría?

H.P.G.: Veo que el mensaje de estas actuaciones lo que hace es generar cierta incertidumbre frente al futuro. Creo que se trata de una injerencia injustificada, porque la información, en especial la contractual de la que tanto hablan, la tienen en sus manos. Pero, además de eso, es un accionar inconstitucional. Que la Superintendencia pretenda investigar a la Registraduría sin duda pone en riesgo la independencia de la Registraduría.

SEMANA: Hay quienes creen que todos estos ataques a la entidad están orientados a desprestigiar la Registraduría de cara a las elecciones de 2026. ¿Es así?

H.P.G.: Más allá de golpear a la Registraduría, es golpear a la democracia. No hay democracia sin autoridades electorales independientes, no hay democracia sin función electoral, dice la Corte Constitucional. Cualquier acción frente a las tareas propias de la Registraduría por parte de una dependencia del Gobierno, sin lugar a dudas, genera circunstancias que terminan golpeando el proceso electoral.

SEMANA: Entonces, en este caso hay un asunto inconstitucional…

H.P.G.: Claro que es inconstitucional lo que está pasando con las acciones que está ejerciendo la Superintendencia. La Constitución establece poderes autónomos y órganos independientes, como el Banco de la República y la Registraduría Nacional. No hay competencia de la Superintendencia para investigar ni a la Registraduría ni a sus funcionarios.

SEMANA: ¿Las elecciones de 2026 podrían estar en riesgo?

H.P.G.: No, porque Colombia es un país con instituciones fuertes, con órganos independientes y con una capacidad para actuar conforme a sus competencias. Así que no tienen por qué estar en riesgo las elecciones y, de parte nuestra, vamos a llevarlas a cabo garantizando la plena y absoluta transparencia e integridad.

SEMANA: Ahí seguramente vendrá otro problema, porque, al abrir la licitación para dichas elecciones, la Secretaría de Transparencia volverá a denunciar el asunto.

H.P.G.: Vamos a hacer la convocatoria, ojalá en el primer semestre de 2025, para que todos los órganos y las entidades que así lo estimen le hagan seguimiento. Vamos a hacer mesas técnicas y vamos a abrir, como lo hicimos en este proceso de hace unas semanas, la posibilidad para que también puedan participar proveedores internacionales. Esa es la competencia y la tarea que tenemos y a eso nos vamos a dedicar.

SEMANA: Con todo lo que ha pasado, hay quienes dicen que se quiere desprestigiar el sistema electoral, pero, revisando estos asuntos, Gustavo Petro ha sido elegido en cuatro cargos con este sistema electoral. El Pacto Histórico también dijo que había garantías en 2022. ¿Por qué el cambio en ese sector?

H.P.G.: Yo no sabría decirlo. Lo que sí puedo decir es que la Registraduría ha sido sustento de la democracia colombiana por décadas. Los gobernantes han sido elegidos por las mayorías de los ciudadanos, y nunca, al menos que yo sepa, se ha presentado alguna demanda en la que exista duda respecto de los resultados. El proceso electoral no lo realiza exclusivamente la Registraduría, porque es entidad de administración y de logística. El proceso electoral está sustentado en los ciudadanos; más de 600.000 jurados de votación, que cuentan los votos y diligencian las actas electorales; miles de jueces, que son los que hacen el escrutinio y declaran los resultados locales. La Registraduría simplemente se encarga del proceso logístico. Este sistema, tal y como está diseñado, es un sistema de garantías plenas para cualquier persona que quiera formar parte del proceso electoral. No hay lugar a dudas sobre los procesos electorales futuros en Colombia.

SEMANA: Esta polémica se ha producido por Thomas Greg, que lleva décadas manejando los asuntos relacionados con logística electoral, pero el Gobierno Petro ha querido vender la idea de que dicha empresa realiza el escrutinio.

H.P.G.: Los proveedores de la Registraduría no hacen las elecciones ni escrutan los resultados, los proveedores apoyan el proceso electoral, no es una empresa, son varias y en muchas tareas. Apoyan el tema de comunicaciones, la impresión de kits electorales, la distribución de esos kits por todo el territorio nacional, apoyan los temas de divulgación y algunos tecnológicos. Váyase a cualquier lugar de Latinoamérica y verá que siempre el órgano electoral requiere empresas que acompañen la logística electoral, porque no es posible hacer todo de manera directa. Las elecciones las hacen los jurados y las escrutan los jueces, y eso es lo que no se ha querido entender en el país.

SEMANA: Hay temor por lo que pasó en Venezuela. ¿Es posible que en Colombia haya fraude electoral?

H.P.G.: Claro que no. ¿Cuál ha sido el problema del vecino país? Las actas electorales. Pues aquí en Colombia lo que va a ocurrir en 2026 es que esas actas electorales se van a publicar, pero no solamente las actas electorales, sino también las actas de claveros. Además de eso, se va a implementar la biometría facial para verificar la identidad de los votantes y con eso evitar cualquier problema de suplantación. Se va a permitir acceso mucho más ágil y rápido a todas las actas electorales a medios de comunicación, partidos políticos, observadores internacionales. Obviamente, también los ciudadanos pueden ver esas actas, pero vamos a tener acceso mucho más ágil para que los medios puedan comparar las actas con los informes de conteo. En Colombia, insisto, son los ciudadanos los que cuentan los votos y los que diligencian las actas, miles de jurados. Y al final del proceso, si alguien tiene duda, también puede acudir al Consejo de Estado. Tener dudas del proceso electoral y de la forma como está diseñada la arquitectura electoral colombiana, para mí, es injusto.