Registraduría le contestó al secretario de Transparencia de la Presidencia por supuesto favorecimiento de contrato a Thomas Greg

La Registraduría Nacional del Estado Civil le respondió a la Secretaría de Transparencia un cuestionamiento sobre un contrato de la entidad electoral para logística, tecnología e informática, entre otros servicios de organización y realización de procesos electorales por 41.017.445.094, que supuestamente estaba dado para que quedara en manos de Thomas Greg & Sons.

La respuesta está firmada por Carlos Antonio Coronel, registrador delegado; Alejandra Campo, gerente de informática; Sabrina Cajiao, gerente administrativa; Rafael Vargas, director de gestión electoral; Carlos Iván García, director administrativo, y Renato Contreras, jefe de la oficina jurídica, y está dirigida a Iveth Lorena Solano, coordinadora del Grupo para el Análisis, Prevención e Innovación de Lucha contra la corrupción de la Secretaría de Transparencia. Allí dijeron que el proceso no está dirigido a la empresa y que se está cumpliendo todo lo requerido para llevar a cabo ese contrato.

Uno de los puntos que mencionan es que, de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, deben tenerse en cuenta los cronogramas electorales y los trámites presupuestales previos a escoger al contratista y la selección del mismo. “Lo cual hace imposible que su inicio sea anterior y, a la vez, que el plazo de ejecución pueda extenderse por un tiempo adicional”, aseguraron.

Explicaron que el 3 de julio de 2024 se elevó la solicitud de levantamiento previo concepto del Ministerio de Hacienda, con el fin de contratar la logística para llevar a cabo la consulta del Polo Democrático Alternativo por 28.547.804.816 pesos.

Y que el 22 de julio de 2024 el Ministerio de Hacienda aprobó el levantamiento por 28.547.804.816 pesos. Por su parte, el 23 de julio de 2024, la Dirección Financiera solicitó el traslado presupuestal del Ministerio de Hacienda acompañado de una resolución, una solicitud de traslado presupuestal, un certificado de disponibilidad presupuestal, una justificación legal y económica y certificación de austeridad del gasto.

El 1 de agosto, el Ministerio de Hacienda emitió un radicado en el que informó de la aprobación presupuestal; el 6 de septiembre, el registrador delegado de lo electoral radicó el estudio previo de la contratación; el 13 de septiembre, se publicó el certificado de disponibilidad presupuestal para la realización de la consulta del Polo, y así varias fechas más hasta que el 17 de septiembre no se había llevado a cabo ningún gasto para ese proceso electoral, que está programado para el 17 de noviembre de este año, luego de aplazarse en algunas ocasiones.

“La fecha de las elecciones viene fijada por decisiones que no son exclusivas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que también depende de la voluntad de la organización política que había manifestado su interés de acudir a la figura de la Consulta Popular, para este caso el Polo Democrático Alternativo, las decisiones del Consejo Nacional Electoral y las entidades territoriales interesadas en convocar los diferentes procesos electorales”, dijeron.

Y que cuando se tenga certeza de cuáles eventos electorales se deben llevar a cabo, el inicio del proceso dependerá de una aprobación del Ministerio de Hacienda, cumplidas las etapas y requisitos necesarios para desarrollarlo.

“No existe una limitación injustificada a la pluralidad de oferentes, con la precisión de que las circunstancias que rodean el certamen electoral no pueden cumplirse o agotarse en plazos diferentes a los planteados, toda vez que se trata de etapas preclusivas de orden legal y que tienen por fin garantizar a la ciudadanía la salvaguarda de sus derechos, en especial, el contemplado en el artículo 40 de la Constitución Política”, aseguraron desde la Registraduría.