Reparos a la decisión del Gobierno de reubicar en Caparrapí, Cundinamarca a indígenas asentados en Bogotá: “no estamos preparados”

En una completa incertidumbre se convirtió en Caparrapí, en el departamento de Cundinamarca, la decisión del gobierno nacional de reubicar en este municipio a decenas de familias indígenas Embera Dobida que están asentados desde hace más de un año en la UPI La Florida, en Bogotá, pero que le han manifestado al Ejecutivo su deseo de reubicación permanente.

Localizado en la provincia del Bajo Magdalena, a 186 kilómetros de la capital del país, Caparrapí fue el municipio elegido por la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras para reubicar a esta comunidad que llegó a Bogotá desde finales de 2022, huyendo del conflicto armado en el Chocó.

Inicialmente, estas decenas de familias se tomaron durante varios meses el Parque Nacional, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, y luego de acuerdos con el Distrito y el Gobierno, fueron reubicadas en la UPI La Florida, mientras que otro grupo de indígenas llegó a La Rioja.

Posteriormente, en el marco de la celebración de varios PMU (Puesto de Mando Unificado), se identificaron y priorizaron acciones centradas en garantizar soluciones definitivas para la población Embera ubicada en Bogotá.

Para lograr esta reubicación, desde finales de 2023, la Agencia Nacional de Tierras adelantó el proceso de adquisición de tres predios ubicados en Caparrapí, en la vereda de Cachipay, para ser destinados a los Embera Dobida.

En junio de este año, el alcalde de Caparrapí, Andrés Ardila, junto con otras autoridades tanto del Gobierno nacional, como de la administración distrital en Bogotá, fueron invitados a una reunión en el Ministerio del Interior para socializar y articular acciones conforme a la reubicación definitiva de las familias Embera Dobida.

En esa misma reunión, el alcalde Ardila manifestó su preocupación por la falta de garantías en la reubicación de la comunidad indígena en Caparrapí.

“Yo tuve un acercamiento con el Gobierno, el 4 de junio, en el Ministerio del Interior, y después tuvimos una reunión con la Unidad de Víctimas, pero levantamos la mesa. Ellos nos hicieron una invitación para socializar el tema, fueron invitados varios ministros, pero ni quiera la directora de la Unidad de Víctimas estuvo, envió fue a un agente delegado quien no puede tomar decisiones de nada”, afirmó el alcalde Ardila en diálogo con SEMANA.

Ardila puntualizó que “en ningún momento nosotros como administración municipal, ni yo como alcalde de Caparrapí nos hemos negado a recibir a la comunidad Embera Dobida, lo que sí pedimos es que haya unas garantías a estas familias para que tengan una calidad de vida digna”.

En otras palabras, Ardila pide que haya absoluta claridad de cómo será la atención a estas familias una vez sean reubicadas en Caparrapí, pues advierte que la administración municipal no tiene cómo garantizar las exigencias de los indígenas.

“Se le están exigiendo las garantías al Gobierno nacional, porque si no hay garantías para ellos, nosotros menos se las vamos a poder brindar, si no ha podido una ciudad como Bogotá que tiene hospitales y toda una infraestructura completa, menos nosotros que somos un municipio de sexta categoría”, enfatizó el alcalde a este medio.

La preocupación del alcalde Ardila no es de poca monta, toda vez que la comunidad Embera Dobida tiene amplías exigencias para su reubicación definitiva.

Entre las exigencias, se pide que las viviendas sean en madera fina como guayacán, choibá o abarco, que tengan acueducto y electricidad. Obviamente que se les garantice la seguridad alimentaria, y además solicitan que la educación para los niños de la comunidad sea con docentes Embera Dobida. Finalmente, exigen que se les garantice el sistema de salud con los usos y costumbres de la comunidad.

“¿Quién va a llevar la responsabilidad del cumplimiento de todas esas exigencias?, ¿el municipio?”, se cuestionó el alcalde Ardila.

“Los terrenos no son aptos”

De otro lado, en varias cartas enviadas al Ministerio del Interior, a la Unidad de Víctimas, al Ministerio de Ambiente, a la Agencia Nacional de Tierras, entre otras entidades del Gobierno nacional, el alcalde Ardila no solo ha manifestado su preocupación por la falta de garantías, sino que además ha dejado claro que los terrenos adquiridos para reubicar a las familias Embera Dobida no serían aptos.

“El municipio de Caparrapí, Cundinamarca, a la fecha tiene problemas en el servicio de salud, una cantidad considerable de víctimas del conflicto armado que aún siguen pendientes porque les definan su situación, nuestro servicio de educación no es el adecuado para atender a dicha comunidad, culturalmente tenemos una diferencia muy grande, lo que hace que se puedan presentar inconvenientes en el vivir diario. Los predios a donde los quieren reubicar no son aptos del todo para la agricultura”, enfatiza el mandatario en las misivas.

El alcalde deja claro en las cartas, que “en general no estamos preparados administrativamente para recibir a una comunidad que culturalmente es muy diferente”.

Eso sí, en diálogo con SEMANA, Ardila enfatizó: “vuelvo y reitero, no se ha rechazado en ningún momento a esas familias, lo único que pedimos son garantías de cumplimiento al Gobierno”.