Representante de policías y militares en la Mesa Nacional de Víctimas fue amenazada por denunciar presuntas irregularidades, ¿qué pasó?

Patricia Riveros, delegada de la Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia (Fundiheco) ante la Mesa Nacional de Víctimas, teme por su vida tras haber denunciado un posible mal uso de recursos entregados a otros líderes sociales que tienen asiento en la corporación.

De acuerdo con Riveros, algunas líderes que fueron elegidas ante la mesa han cobrado por viajes terrestres varios millones de pesos a la corporación, pero terminan por comprar un tiquete, de mucho menor precio, para apropiarse del resto de los recursos.

Todo comenzó el 12 de diciembre de 2023 cuando, luego de su posesión, la representante de Fundiheco prefirió denunciar a sus colegas.

Todo quedó en las actas de la sesión, conocidas por SEMANA, donde la relatoría deja claro que la denuncia fue a nombre propio y contra cinco mujeres.

“No es posible que aquí haya compañeras que compren tiquetes sabiendo que la compañera se va por tierra, recibiendo seis, siete y hasta ocho millones de pesos. Con esa plata se puede indemnizar a una víctima y lo más triste teniendo esa situación, hoy nos vemos acá en la Universidad Nacional, porque hubo mal manejo de los recursos y no de la doctora Alejandra, sino de las víctimas que se aprovecharon del desconocimiento y llevaron a que se facturaran esos valores”, manifestó en su momento.

En el mismo documento quedó constancia que instantáneamente habría recibido una amenaza de muerte por lo que dijo en la sesión.

“La señora informa que la han amenazado de muerte y dos mujeres delegadas departamentales que están en el recinto confirman haber escuchado la amenaza, por lo cual la Defensoría del Pueblo, en cabeza de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, a través del funcionario encargado de la articulación con la UNP, le recibe su denuncia, la cual fue remitida ante la Fiscalía y la UNP”, dice el documento.

En conversación con SEMANA, la delegada de Fundiheco cuenta que las amenazas han trascendido desde el 12 de diciembre del año pasado.

“Llevo el 80 % del año amenazada. No he ido a un solo plenario presencial. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la UNP me han otorgado la virtualidad, dada las amenazas que he tenido”, dijo la mujer a este medio.

De un teléfono de Santa Marta ha recibido varias intimidaciones que le impiden atender presencialmente a las sesiones: “Si viene queda ciega, si viene le pasa esto, si viene lo otro. Que sus hijos los vamos a matar. Si quiere disfrutar de sus nietos, quédese callada”.

En total, en 2024 ha tenido que radicar once denuncias ante Fiscalía General de la Nación por las amenazas, que perjudican directamente su calidad de vida.

Y asegura que la Mesa Nacional de Víctimas, instancia que busca incluir a esta población en la toma de decisiones del país, implica más costos que resultados favorables.

“Cada plenario cuesta 450 millones de pesos al Estado. ¿Sabes cuántas víctimas se pueden indemnizar con 450 millones de pesos? Hoy solo hay indemnizaciones simbólicas”, manifestó.

Riveros en el momento se encuentra amenazada, obligada a reducir sustancialmente su movilidad alrededor del país, pese a su trabajo como lideresa social.