Responsabilizan al gobierno Petro por invasiones a predios privados en el Cauca

El incremento de invasiones de predios privados en el norte del Cauca, especialmente por comunidades indígenas, es un problema que podría escalonar a convertirse en un conflicto mayor.

Así lo advirtió durante un debate en el Senado el congresista de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien responsabilizó por estos hechos al Gobierno y sus “anuncios improvisados” relacionados con la reforma agraria.

“Estas invasiones tienen como causa los anuncios improvisados del Gobierno nacional, la tesis que sostuvo la ministra de Agricultura fortaleció y dio motivos para que estas personas sintieran la protección del Estado, incluso el acompañamiento, para realizar esas acciones ilegales. Esto también está sucediendo en municipios del Valle como Dagua y Buenaventura y puede escalonar a un conflicto territorial si no se pone freno y atención de manera inmediata”, aseguró Motoa.

El senador expresó que este conflicto también afecta a un sector importante de la economía de la región como la agroindustria de la caña, ya que se registran fuertes conflictos entre trabajadores de esa industria y algunas comunidades indígenas.

“Este conflicto no ha sido atendido de manera oportuna por el Gobierno y ellos mismos generaron mensajes erráticos que permitieron a esas comunidades sentirse avaladas para tomar acciones de hecho y el deber del Gobierno debe ser proteger de manera urgente la propiedad privada, ese es su deber constitucional”, explicó el congresista.

Cabe recordar que son miles de familias que dependen de la agroindustria de la caña y ahora sienten que sus empleos y manutención está en riesgo.

Claro que este fenómeno de invasión de predios no es exclusivo del Cauca, desde el pasado 19 de junio, cuando el país conoció de la victoria de Gustavo Petro en segunda vuelta, centenares de ciudadanos se abalanzaron sobre terrenos ajenos para conquistarlos, porque –parafraseando el discurso del nuevo mandatario– la tierra no es de quien la posee, sino de aquel que la necesita.

La situación ha escalado a tal nivel de preocupación que la Defensoría del Pueblo se pronunció y le pidió al Gobierno nacional planes concretos para encontrar una solución pacífica a esta situación.

“La invasión de tierras es un problema social que afecta de igual manera la propiedad privada y el desarrollo comunitario; por consiguiente, la convivencia y el orden público. De ahí la urgencia de atenderlo integralmente, con la articulación de todos los actores involucrados. De esta manera, será posible identificar la causa y la motivación de este fenómeno para, posteriormente, formular acciones concretas para su mitigación, prevención y superación”, dijo la entidad mediante un comunicado.

Mientras eso pasa, desde el Gobierno nacional lanzaron una advertencia para que todos aquellos predios invadidos fueran desalojados en menos de 48 horas. Sin embargo, dicho anuncio pareció más un saludo a la bandera que una orden real, pues casi 200 horas después de ese ultimátum los invasores continúan en sus lugares e, incluso, se han presentado nuevas ocupaciones ilegales.

Lo más preocupante es que en medio de esta problemática ya se empezó a hablar de la posible creación de grupos privados para defender la propiedad, lo que serían una especie de autodefensa.

Así lo planteó el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien propuso la creación de grupos de ganaderos “de reacción solidaria” para actuar en defensa de cualquier afectado por las invasiones. Sus palabras trajeron a la memoria los llamados grupos Convivir para defender la propiedad rural, que acabaron siendo origen del paramilitarismo.