¿Reversazo? Centro Democrático dice que no pidió investigar al presidente Gustavo Petro por decreto para liberar a detenidos de primera línea

La firma del presidente Gustavo Petro del decreto con el que se busca la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados por delitos que habrían cometido en medio del paro, ha desatado toda una controversia jurídica en la que incluso resultó metido el Centro Democrático.

SEMANA conoció el decreto que establece la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.

Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el documento.

Luego de conocerse este documento, desde la oposición anunciaron demandas e incluso se habló de pedirle a la Comisión de Acusación de la Cámara, juez natural del presidente de la República, que investigue a Petro.

Sin embargo, el Centro Democrático aseguró este martes que no está detrás de la petición de investigación contra el jefe de Estado.

“El Centro Democrático expresa ante la opinión pública que en ningún momento le ha solicitado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar penal y disciplinariamente al presidente de la República Gustavo Petro por la expedición del decreto que establece la figura de gestores de paz mediante la excarcelación de personas que hoy están privadas de la libertad”, aclaró la colectividad en una breve comunicación.

Esto a pesar de que este lunes se conoció un comunicado, divulgado por el senador del Centro Democrático Enrique Cabrales, en el que, efectivamente, le pide a la Comisión de Acusación de la Cámara que inicie una investigación contra el jefe de Estado por presuntamente haber cometido prevaricato por acción.

“Al presidente no se le otorgaron facultades extraordinarias para que indultara a los miembros de la primera línea”, recordó Cabrales.

Según explicó el congresista de oposición, en la llamada ley de paz total, al presidente se le otorgaron facultades para negociar con grupos armados al margen de la ley y bandas criminales, pero no para indultar a miembros de la primera línea detenidos.

“Una de dos: o el presidente está incurriendo en un presunto prevaricato o está reconociendo que la primera línea es un grupo terrorista”, dijo el senador.

Esta petición, cabe aclarar, se hizo de manera verbal, pero hasta el momento no se ha radicado ninguna denuncia al respecto.

La propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar antes de Navidad a centenares de integrantes de la primera línea que están presos se podría estrellar con una barrera legal. Los detenidos enfrentan graves cargos por delitos como tortura, concierto para delinquir, lesiones personales y terrorismo, entre otros. De hecho, nueve de ellos ya fueron condenados por jueces que valoraron todo tipo de pruebas en su contra.

En diálogo con SEMANA, la procuradora Margarita Cabello, el fiscal general Francisco Barbosa y el defensor del Pueblo Carlos Camargo advirtieron sobre los serios riesgos de la propuesta presidencial.

Todos coinciden en señalar que no se puede liberar a estos procesados. No reúnen las condiciones que fija la ley para los gestores de paz, ya que no forman parte de un grupo armado organizado al margen de la ley y no están inmersos en un proceso de paz con el Gobierno, como es el caso del ELN. Se trata de delincuentes comunes que están única y exclusivamente a disposición de los jueces.