Revive fantasma de la expropiación en Colombia: Senado discutirá proyecto del Gobierno Petro que plantea acuerdo con Venezuela

Para este martes 20 de junio está previsto que la plenaria del Senado aborde un tema que generará bastante polémica porque se habla de expropiación y nacionalización. Se trata de un proyecto de ley que ratifica un acuerdo entre Colombia y Venezuela “en lo relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones”.

Este proyecto de ley está para segundo debate y es de autoría del ministro de Comercio, Germán Umaña, con base en el acuerdo que firmó junto con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Los ponentes de este polémico proyecto son los senadores Gloria Inés Ramírez (Pacto Histórico), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Lidio García (Partido Liberal). Aunque este martes terminará la legislatura y seguramente la iniciativa no alcanzará a ser discutida, sí está en el orden del día en el punto número 12.

La alerta se prendió porque en el artículo 7 de dicho proyecto se habla explícitamente sobre expropiación y nacionalización. “Las inversiones realizadas por inversionistas de la parte emisora podrán ser expropiadas o nacionalizadas por la parte receptora, por necesidad, por razones de interés público, o por razones de utilidad pública o interés general, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional de cada parte y conforme al debido proceso y contra una justa compensación o indemnización, siempre que tales medidas no sean tomadas de manera discriminatoria, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional de la parte receptora”, dice un fragmento de dicho artículo.

Además, dice que “el monto de la compensación o indemnización deberá ser equivalente al precio del valor mercado de la inversión, inmediatamente antes que las medidas de nacionalización o expropiación se hagan del conocimiento público”.

Como si esto fuera poco, el articulado indica que las medidas jurídicas no discriminatorias diseñadas y aplicadas para proteger objetivos legítimos de bienestar público, como la salud, la seguridad y el medio ambiente, no constituyen una expropiación. “Los inversionistas afectados tendrán derecho a acceder, conforme el ordenamiento jurídico nacional de la Parte que haga la expropiación, a la autoridad judicial de dicha Parte, a fin de revisar el monto de la compensación y la legalidad de dichas expropiaciones o medidas comparables”.

Este asunto también fue alertado por la periodista Darcy Quinn, quien en sus redes sociales expuso la preocupación que hay en el Legislativo por cuenta de que los acuerdos o tratados entre naciones son “supra constitucionales”, no tienen mayor debate y sencillamente se aprueban o se desaprueban.

El pasado viernes 3 de febrero fue suscrito un acuerdo de inversiones entre Colombia y Venezuela. El documento fue firmado en Venezuela por el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Comercio colombiano, Germán Umaña. La polémica radica en que se aclara que la expropiación será posible en los casos en que se lleve a cabo por razones “como la utilidad pública y el interés general”.

Pocos días después de la firma del acuerdo, el ministro Umaña dijo que el propósito del tratado es generar confianza: “Impulsamos la #IntegraciónParaElDesarrollo. Por instrucción de los presidentes @petrogustavo y @NicolasMaduro, firmamos el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que negociamos por varios meses. Este da certidumbre y reglas claras a inversionistas”.

El mismo Umaña aclaró a través de su cuenta de Twitter varios temas que incluye el acuerdo como: atraer inversiones para el desarrollo y respetar los estándares laborales y las normas medioambientales. Esto permitiría al inversionista hacer las transferencias respectivas que deba realizar y atraer inversiones para el desarrollo armonioso, productivo y sostenible.

Uno de los puntos que establece el acuerdo, según las palabras del ministro, es la “expropiación y nacionalización por razones de interés o utilidad pública, necesidad o interés general. Posibilidad de compensación”.

La plenaria del Senado tendrá la última palabra este martes y se conocerá si esta iniciativa avanzará.