Robledo arremete contra el presidente Petro: “la plata que amenaza con quitarle a Bogotá es de los bogotanos”

Hace unas semanas, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lanzó una dura advertencia sobre el futuro del Metro de Bogotá y de otros proyectos de obras para la ciudad si no se aceptan las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional en la primera línea de esta megaobra.

“Es muy claro: si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida en que financia el 70 % de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, afirmó el funcionario.

Estas declaraciones desataron la polémica en la capital del país, lo que ha generado reacciones desde todos los sectores.

Una de estas reacciones vino por parte del exsenador Jorge Enrique Robledo, quien aseguró en un video publicado en su cuenta de Twitter que: “El problema del Metro de Bogotá, sobre si subterráneo o elevado, es por sobre todo un problema legal, si se puede modificar o no ese contrato”.

Primero: este metro elevado lo dejó contratado Peñalosa, porque Petro como alcalde había saboteado el metro subterráneo que otros empezamos a hacer en 2008.

Segundo: en su momento se hicieron esfuerzos por modificar este contrato del metro elevado, pero todos los análisis jurídicos dijeron que no era posible, que si algún funcionario rompía arbitrariamente ese contrato, podría incluso terminar en la cárcel.

Tercero: Petro gana la Presidencia y exige a la Alcaldía y al consorcio cambiar el contrato de metro elevado a subterráneo, a lo que le responden que no porque es ilegal y pueden terminar hasta en la cárcel, pero Petro en vez de consultarle al Consejo de Estado sobre ese tema, contrata a un abogado amigo que por supuesto le dice que sí, que no hay problema.

Cuarto: hoy llega información de China que dice que el consorcio constructor tiene muchísima experiencia en viaductos, en metros elevados, pero ninguna en construcciones subterráneas. Luego, sus problemas legales, los del consorcio y Alcaldía, se agravarían si asumen la irresponsabilidad de meterse a hacer lo que no saben.

Quinto: Petro entonces en vez de someterse a la legalidad, le da orden al ministro de Transporte que chantajee a la Alcaldía. Que les diga que si no se someten a las exigencias del Gobierno nacional, les quitan una plata grande de recursos del gobierno central a Bogotá, para llevar el Metro hasta Engativá y Suba, para hacer dos cables aéreos para construir el Regiotram.

Y puntualizó: “Que Petro no la embarre más, que se someta a las leyes de Colombia y que, sobre todo, no chantajee a Bogotá, con la plata del Gobierno nacional, porque esa plata la pagan los impuestos de los bogotanos”.

Tribunal rechazó demanda que pedía suspender los polémicos cambios en los planos del megaproyecto

Por no cumplir los requisitos exigidos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda que pedía suspender los cambios anunciados recientemente frente a los planos del Metro de Bogotá. En la decisión, se consideró que existen vicios que deben ser subsanados por la accionante, en este caso, la concejal distrital Lucía Bastidas.

En la demanda que pedía la protección de los derechos de control de protección e intereses colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y la defensa del patrimonio público, se alegaba que los recientes pronunciamientos sobre el cambio de un tramo generaban sobrecostos que iban a afectar a toda la comunidad.

En la acción se indica que, según información pública, se estaba contemplando la posibilidad de “sortear un tramo de 9,6 kilómetros o más de la primera línea del Metro de Bogotá, el cual lleva actualmente el 8 % de su construcción”. Todo esto –sostiene– afectaría los avances y obligaría a que se invirtiera más.

En el fallo de 57 páginas, la Sala le pide a la cabildante que aclare todos los hechos imputables a las autoridades del orden nacional y distrital, señalando cuáles son las amenazas para los derechos colectivos y las afectaciones que existen con los pronunciamientos hechos recientemente para que un tramo sea elevado.

Igualmente, le pide que entregue toda la documentación que permita sustentar el daño patrimonial a las finanzas del Distrito con los cambios que se estarían planeando frente al megaproyecto.

Para ello, pide el concepto técnico del objeto del contrato para determinar si la modificación pretendida requiere la intervención judicial en aras de proteger los derechos colectivos reclamados.

Se requiere también la prueba del contrato y la manera en que las partes hicieron las previsiones correspondientes al contrato del Metro como para concluir que estamos en presencia del inicio de una actuación administrativa tendiente a lograr la modificación del contrato y, con ello, su paralización.