¿Sabotaje del Gobierno? Tormenta política por freno al inicio de la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá

Los habitantes de Bogotá padecen cada vez que se ven obligados a salir o entrar de la ciudad por la autopista Norte. Los ciudadanos sacrifican diariamente horas de descanso y esparcimiento a causa de los extensos trancones, desniveles y huecos, que impiden un tránsito ágil.

Por esta razón, la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de frenar el proyecto de ampliación de la importante vía fue un duro golpe para la capital del país.

La obra consiste en seis carriles entre las calles 191 y 245, incluyendo una vía única para TransMilenio, con una longitud de 5,8 kilómetros por calzada. A pesar de los beneficios, la Anla decidió ponerle freno al arranque del proyecto.

En un auto, la entidad del Gobierno expuso que la decisión se debe a que hubo “insuficiencia de información” y “deficiencias técnicas” en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) entregado por Ruta Bogotá Norte, la concesionaria encargada. En primer lugar, la autoridad presentó 39 requerimientos en los que explicó que algunas obras hidráulicas no se encuentran “armonizadas” con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, con referencia a desconocimiento de proyectos en quebradas, y falta de garantías en torno a la conectividad entre los humedales y favorecimiento de la conservación de hábitats ecológicos.

Concretamente, se refirieron a la conectividad entre los humedales de Torca y Guaymaral. De no hacerse de forma adecuada, se arriesga la existencia del primer cuerpo de agua, por lo que acabaría siendo solo uno. Esto pondría en riesgo de inundaciones a los terrenos aledaños.

Ruta Bogotá Norte no comparte la decisión y defiende el EIA asegurando que cumple con las garantías para los humedales. Sin embargo, informaron que revisarán los informes y evaluaciones con el fin de presentar un recurso de reposición para que se reconsidere el archivo.

A la vez, se desató una fuerte batalla política en torno a un posible sabotaje del Gobierno del presidente Gustavo Petro a obras importantes en una ciudad en la que su proyecto político fue derrotado en las elecciones regionales.

En efecto, la exalcaldesa Claudia López estalló contra el mandatario por la decisión y aseveró que estaba “saboteando a Bogotá por revancha”. Además, agregó que el Gobierno “paró” el Regiotram Norte y también anunció que “se opondrá” a la expansión de la avenida Boyacá. Mientras tanto, el mandatario dijo que, como propuso en su administración en la capital del país, el tramo por los humedales debía ser elevado.

Sin embargo, muchos opinan que la polémica parece tener algo de técnica y también un componente de revanchismo de un presidente derrotado en su fortín político.

Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, aseguró que a la concesionaria sí le faltó información. “Por un lado, falla el concesionario, pero además la Alcaldía de López nos dijo mentiras sobre el estado de la obra. Su Secretaría de Planeación dio concepto negativo porque no iba con el POT. Ella dice que hubo sabotaje, pero ayudó a que la archivaran”.

Por otro lado, afirmó que es “evidente que hay revanchismo” de Petro, y también ocurre en Barranquilla y Antioquia, donde tampoco ganó su proyecto político. “El presidente no quiere gobernar con las ciudades donde perdió”.

Por su lado, Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico, manifestó que no es mala fe del Gobierno Petro. “No es oponerse al proyecto, viene de administraciones anteriores. Lo que pasa es que Claudia López está en campaña y su postura cambia. No respeta lo que dejó”. Pero tampoco le parece hacerlo elevado, como dice el presidente: “Hay que buscar que el informe sea aprobado por la Anla para proteger los humedales y las quebradas”.

Una de las obras clave para el bienestar de los ciudadanos quedó en veremos y su arranque podría tardar hasta seis meses en caso de que se vuelva a radicar una solicitud de licencia ambiental. Por ahora, sobresalen los cuestionamientos al presidente por posible sabotaje, pero los inconvenientes, que conocía la administración de López, deberán ser resueltos.