Sacar de la cárcel a miembros de la primera línea: las vías que explora el petrismo para cumplir su promesa

Toda una conmoción se ha generado en el mundo político por cuenta del anuncio del presidente Gustavo Petro de emitir un decreto para sacar de la cárcel a miembros de la primera línea “antes de navidad”.

“Centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia serán liberados antes de la Noche Buena”, aseguró Petro al anunciar que emitirá un decreto para que los miembros de esta organización que se encuentran detenidos pasen a ser gestores de paz.

“Tienen derecho a pasar Navidad con sus familias”, dijo el mandatario en un acto en Pasto.

El presidente comparó lo sucedido con los jóvenes de la primera línea con lo ocurrido en la dictadura en Chile, cuando mataron a decenas de jóvenes en los estadios tras el fallecimiento de Allende, “en un estadio así como este, frío y oscuro, mataron a Víctor Jara y decenas de jóvenes”.

El asunto, no obstante, genera dudas jurídicas, pues la figura de gestor de paz se ha usado históricamente en Colombia para personas que pertenecen a grupos insurgentes que tienen un estatus político, como ha ocurrido con miembros del Eln. Sin embargo, el planteamiento del presidente Petro de excarcelar bajo este mismo rótulo a miembros de la primera línea, muchos detenidos por graves delitos, como concierto para delinquir, secuestro, terrorismo y violencia sexual, resulta bastante novedoso.

Incluso, sin que haya salido el decreto, ya se anuncian demandas contra este. Al menos, así lo confirmó el congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

“No fue el Gobierno el que llevó a la cárcel a los miembros de la primera línea, fue un fiscal ante un juez de la República (...) La figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales y tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”, dijo el congresista.

A pesar de que este es el camino hasta el momento más expedito que ha encontrado el petrismo para sacar de la cárcel a miembros de la primera línea, no es el único.

Otros caminos

Hace poco más de un mes, senadores y representantes del Pacto Histórico radicaron en el Congreso un proyecto con el que pretenden dar facultades al Gobierno nacional para que otorgue amnistías e indultos a los miembros de la primera línea que se encuentran detenidos acusados de graves delitos.

Si bien esta vía es mucho más larga, pues implica tramitar un proyecto en el Congreso, algo que puede tardar más de un año, también es el camino más seguro para los propósitos del Pacto Histórico, pues con una ley aprobada se eliminan las dudas jurídicas que existen frente al tema. Además, contrario a la figura de los gestores de paz, que es provisional y luego de lo cual los detenidos tendrían que volver a resolver su situación jurídica, con el indulto y la amnistía ya queda resuelta la situación del detenido. Es una medida permanente.

El proyecto, según el texto conocido por SEMANA, tiene como objetivo “la concesión de amnistías e indultos por delitos políticos y conexos con estos, con ocasión o en relación directa e indirecta con la protesta social en el marco del paro nacional”.

La iniciativa es clara en señalar que estos beneficios judiciales para los miembros de la primera línea y otros manifestantes solo comprenden a quienes fueron detenidos en actos relacionados con la protesta social “entre el primero de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021″.

Cuando se habla de indulto se hace referencia al perdón de las penas para personas que hayan sido condenadas en virtud de una sentencia que se encuentre en firme. Es decir, la persona podrá quedar en libertad al perdonarse la pena.

La otra medida que contempla el proyecto de ley es la amnistía para personas detenidas en el marco de las protestas. Este beneficio aplica para “personas investigadas o procesadas” por delitos cometidos durante las manifestaciones.

Es decir, según el texto, tanto los condenados como los procesados e investigados podrán gozar de libertad una vez el Gobierno decrete la amnistía o el indulto según sea el caso.

El otro camino que se exploró fue el de sacar de la cárcel a miembros de la primera línea a través de la llamada ley de paz total, mediante un artículo que le daba facultades al presidente para otorgar amnistías e indultos a miembros de esta organización. Sin embargo, la propuesta se hundió.

Una cuarta vía que han venido explorando algunos miembros del Pacto Histórico es la de brindar acompañamiento jurídico a los detenidos para que puedan resolver su situación.

No se puede olvidar que sacar a los miembros de la primera línea de la cárcel fue una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.

En un video que circula en redes sociales, que corresponde a un acto de campaña del actual mandatario, una persona se acerca a Petro y le pide un saludo para “los muchachos de la primera línea de Boyacá que hoy están privados de la libertad”, así como para sus madres y familias que sufren por la situación de sus seres queridos.

“Toda la solidaridad, habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos tan injustamente, simplemente, por manifestarse”, expresó Petro en ese momento.

Este hecho lo confirmó el representante del Pacto Histórico Alirio Uribe, quien explicó que uno de los compromisos de campaña del presidente Petro fue el de trabajar por la liberación de estos jóvenes y que, por ello, se iniciaron las labores para lograr dicho objetivo.

Tan es así que el propio Alirio Uribe, desde principios de agosto, lideró la proposición para crear una comisión accidental en el Congreso para buscar la liberación de los miembros de la primera línea.

Es decir, este no es un hecho accidental: liberar a los miembros de la primera línea es una de las cruzadas del presidente Petro. Y lo dejó claro desde el mismo día que se proclamó presidente, el 19 de junio, cuando le lanzó una controversial petición al fiscal general, Francisco Barbosa: “Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”.