Salario de los congresistas: ¿por qué no se ha podido bajar?

Cada vez que se anuncia el aumento anual del salario de los congresistas se desata una ola de indignación en el país, no solo por la desproporcionada asignación que reciben los parlamentarios en comparación al resto de los colombianos, sino porque se volvió costumbre que los legisladores se hacen elegir prometiendo que se van a reducir los amplios privilegios de los que gozan sin que hasta el momento haya mayor cumplimiento.

Si bien se han hecho varios intentos por reducir el salario de los congresistas, esta propuesta se enfrenta a la falta de voluntad que históricamente han tenido los parlamentarios, pero también a las complejidades jurídicas que implica esta discusión.

Si hay algo que quedó muy bien ‘amarrado’ en Colombia, desde la misma Constitución Política, fue el salario de los congresistas. El aumento anual es una obligación que establece el artículo 187 de la Carta Política.

Una de las propuestas que más ha sonado en los últimos días para reducir la asignación mensual de los parlamentarios fue la radicada por la bancada del Pacto Histórico y sectores de la Alianza Verde, con la que se pretende poner un tope de 25 salarios mínimos a lo que reciben los congresistas mensualmente.

Actualmente, con el aumento decretado el pasado 4 de agosto por el saliente gobierno de Iván Duque, los senadores y representantes quedaron ganando cerca de 35 millones de pesos, es decir, 35 salarios mínimos a precios de hoy.

Sin embargo, el proyecto trae una ‘perla’ al final, pues asegura que esta reducción solo aplicará a partir del 20 de julio de 2026, es decir, no tendrá impacto en los actuales parlamentarios.

Lo anterior para evitar que, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, los actuales congresistas se declaren impedidos a la hora de debatir este proyecto.

Según explicó el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, generalmente los senadores y representantes se declaran impedidos cada vez que se discuten estos temas, al considerar que se está legislando en causa propia.

Por ejemplo, de acuerdo con la explicación del senador de izquierda, si un congresista vota de manera negativa el proyecto que reduce su salario, de inmediato entraría en conflicto de interés, pues estaría buscando beneficio al no permitir que se disminuya su ingreso mensual.

Bolívar aseguró, además, que si esta reducción se aplica desde ahora “podrían llover demandas porque hay congresistas que se endeudan sobre la base de lo que van a ganar. Por decir algo, yo sé que en los cuatro años voy a ganar 1.300 o 1.400 millones de pesos, entonces sobre eso me endeudo y no es una buena regla de juego llegar a decirles que ya no van a ganar 1.400 sino 1.000 millones, entonces podrían llegar demandas”.

Adicionalmente, si se aplica de manera inmediata, la norma podría caerse por afectar los derechos adquiridos de los actuales congresistas.

Pero esta iniciativa tendría, además, otro inconveniente: al ligar la remuneración de los legisladores al salario mínimo, en el mediano plazo lo que reciben los congresistas podría terminar aumentando de manera desproporcionada.

Según revisó SEMANA, en los últimos tres años, entre 2019 y 2021, el aumento del salario mínimo en cuanto a porcentaje ha sido mayor que el aumento en la asignación de los congresistas.

En 2019, el mínimo aumentó 6 % y el salario de los congresistas 4,5 %. En 2020, el mínimo subió otro 6 % y la remuneración parlamentaria 5,1 %. Y para 2021, el mínimo ascendió 3,5 % y para los congresistas el aumento fue de 2,6 %.

Prima de servicios

Otra de las propuestas es la radicada por el senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Hernández, quien busca que la reducción sea desde ahora.

Para ello, pretende eliminar la prima especial de servicios que reciben los congresistas, que es cercana a los diez millones de pesos.

“Esa prima especial de servicios es la que queremos quitar, esa es la que nosotros podemos tocar teniendo la buena voluntad de los congresistas. Quitando las excusas pendejas que siempre han estado poniendo para no hacer realidad esto, para no bajarse sus privilegios. Es posible lograrlo en cuatro debates, es posible lograrlo en un año y en este periodo, de 2022 a 2026″, manifestó Hernández.

Con esta iniciativa, los parlamentarios, a cifras de hoy, dejarían de ganar 35 millones de pesos para pasar a devengar unos 25 millones.

Si bien esta ha sido considerada como una de las propuestas más viables, se enfrenta a dos problemas.

El primero de ello es que, según una sentencia del Consejo de Estado, del 27 enero de 2005, texto que circula entre los congresistas, esto les genera un conflicto de interés, en la medida en que la providencia judicial indica que deben declararse impedidos cuando el efecto de la decisión “sea en su beneficio o perjuicio” y se aplique de manera “inmediata”.

Además, la propuesta tiene el mismo inconveniente que la reforma del Pacto Histórico, pueden llegar demandas por no respetar los derechos adquiridos.

Igualmente, como es una ley ordinaria y no una reforma a la Constitución, el salario de los parlamentarios podrá seguir aumentando de manera desmedida, tal como vienen ocurriendo hasta hoy, pues ese ‘detalle’, el de la obligatoriedad del aumento anual, está es en la Carta Política.

Otra alternativa fue la que planteó la bancada del Centro Democrático, que en vez de bajar de manera directa el salario de los congresistas, lo que plantea es que se establezca un artículo transitorio en la Constitución en el que se imponga un impuesto del 20 % de su remuneración mensual a todos los parlamentarios.

Esto, de entrada, implicaría que dejarían de recibir cerca de siete millones de pesos, con lo que su salario real se reduciría a cerca de 28 millones al mes.

Sin embargo, como la norma no modifica de base la remuneración de los parlamentarios, de todos modos el Estado tendrá que desembolsar los 35 millones de pesos que devengan, así esto luego retorne como un impuesto.

En todo caso, los propios senadores y representantes consideran que es una de las más viables por ahora, sin que sea el escenario ideal, pues funcionaría de manera transitoria.

En medio de la falta de voluntad política, las leguleyadas y las complejidades jurídicas, han sido ya 19 intentos por bajar el salario de los congresistas. La fórmula para reducir la asignación de los parlamentarios en Colombia parece ser uno de los secretos mejor guardados del país.