La salud de 300.000 maestros de Colombia está en vilo. Este martes caducan los contratos con las IPS. ¿Qué pasará? Hay angustia

Hay un cambio que se venía tejiendo desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia y que apenas va a comenzar a aplicarse este 1 de mayo, pero a medias. El nuevo sistema de salud de los 300.000 maestros de Colombia y sus familias entrará en operaciones esta semana, aunque todavía no está listo.

La renovación de la atención para esa población, que compete a educadores de todos los departamentos y municipios, era un tema que se venía conversando desde hace dos años, pero que no se había aplicado por la compleja articulación que necesita.

Entre los mismos docentes había quienes reclamaban que se renovara ese sistema, molestos por la intermediación de las diez entidades que gestionaban la atención para igual número de zonas en las que se dividió el país. Ya esa mediación, como aspiraba el Gobierno con su fallida reforma a la salud, se acabará al menos para los docentes.

“Ahora pagaremos por facturación auditada y los maestros y maestras en sus regiones podrán escoger las clínicas, hospitales y médicos que deseen para su atención”, dijo Petro.

Pero el problema de este asunto no es el cambio en sí, sino la manera en se está haciendo: faltan tres días calendario para que este inicie y la minucia administrativa no está lista, los contratos con las IPS que hasta el martes 30 de abril prestarán los servicios caducan ese día y la nueva administración no ha ni siquiera terminado la convocatoria de los nuevos prestadores del servicio.

Es tal la preocupación que la red de veedurías interpuso una acción de tutela el jueves contra el Fomag y el Ministerio de Salud ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca exigiendo que se garantice la continuidad en la prestación del servicio de manera interrumpida a partir de esa fecha, como un intento de frenar ese cambio que aún no está listo.

SEMANA conoció que el proceso de avance de su implementación está en apenas el 30 por ciento, aunque las entidades responsables de este asunto no dan respuesta de manera oficial.

La intermediación

El sistema es una cadena a la que se le va a quitar un eslabón. Hasta ahora los recursos eran girados por el Ministerio de Hacienda al Fomag (que gestiona la salud y las prestaciones sociales) para que este actor los envíe a la Fiduprevisora, la entidad encargada de contratar a los operadores de salud que, posteriormente, se encargaban de conseguir a los prestadores de salud en todo el país.

Ese eslabón de los prestadores de salud es el que desaparecerá. Entonces, Fiduprevisora comenzará a funcionar como el gran operador de salud del sistema que tendrá que contratar a todos los prestadores de ese servicio para los docentes del país y sus familias. Sin embargo, a la Fiduprevisora (una fiducia inexperta en el sistema de salud de participación mixta) apenas se le asignó esa función el 1 de abril, dándole solo un mes para organizar esta tarea.

SEMANA conversó con integrantes de las juntas directivas de Fecode y los sindicatos adscritos a estos, quienes confesaron fuera de micrófonos que todavía hay problemas en la organización de los futuros prestadores de salud, un punto que les genera una alta preocupación porque hay riesgo de que los afiliados al sistema de salud de los docentes queden en el aire durante la transición.

“Todo cambio trae problemas y esto puede tener algunas dificultades. Nuestro temor es que haya traumas en la transición de este modelo de salud al nuevo modelo que empezará desde el 1 de mayo. Lo claro y concreto es que en el país se ha debilitado la atención frente a la entrega de medicamentos y las citas con contratistas”, relató el docente Ómar Arango Jiménez.

Son varios los motivos de esa preocupación. Los propios directivos habilitaron un formulario virtual para que los docentes les reportaran las quejas por no agendamiento de citas y falta de dispensación de las medicinas, y las quejas los desbordaron. Justamente, como los contratos están vigentes hasta el 30 de abril, hay prestadores de salud que no están agendando más servicios con el argumento de que ya no tendrán contrato para ofertarlos.

Y eso conecta a un segundo problema de transición. Hasta el cierre de esta edición no se había terminado la convocatoria abierta para recibir las candidaturas de los que serían los nuevos prestadores de salud en todo el país, esto pese a que quedan dos días hábiles para que termine abril y con esto comience a marchar el nuevo sistema de salud.

El lío no termina ahí, puesto que esas candidaturas tienen que ser evaluadas para determinar que las instituciones ofertantes sí tengan cómo prestar el servicio y los actores del Gobierno necesitan muchas más instituciones que pasen ese visto bueno porque la promesa que les hicieron a los educadores es que la cobertura se ampliará.

Lo particular del caso es que los mismos promotores de la iniciativa saben que quienes se están postulando son los mismos que hasta ahora han prestado el servicio, pero que se quedan sin contrato a partir de la próxima semana de cuenta del cambio efectuado por el Gobierno Petro: la salud va a terminar con actores similares, pero con otro nombre.

Nadie responde

Tan demorado está el proceso que los docentes están presionando al Consejo Directivo del Fomag, a la Fiduprevisora y al Ministerio de Salud para que publiquen una prórroga de los contratos que están vigentes con los operadores actuales porque tienen claro que no hay manera en la que todo esté listo para el 1 de mayo, cuando va a comenzar a operar el modelo. Esa extensión sería una figura similar a la que se aplicó en octubre de 2023, cuando se alargó este proceso hasta abril de este año, pero con la diferencia de que la puesta en marcha del sistema ahora sí estaría andando.

La decisión está en manos, sobre todo, del Consejo Directivo del Fomag, que tiene tres asientos del Gobierno (los ministerios de Hacienda, Trabajo y Educación) y dos de los docentes. Esas tres carteras fueron consultadas por SEMANA sobre si se hará una prórroga al sistema actual mientras se finiquita la transición, pero no respondieron o señalaron que la decisión está en el Ministerio de Salud, despacho que no respondió a esta misma consulta.

Si un paciente se enferma a partir de ese día, ¿a dónde irá? ¿Qué pasa si su prestador habitual le responde que no puede atenderle porque no tiene contrato? ¿Cuánto durará la transición? Esas son algunas de las preguntas que les quedan a los afiliados que aún no han sido respondidas.

Uno de los directivos que habló con SEMANA cuestionó por qué no se comenzó a aplicar este cambio desde octubre del año pasado, si ya se sabía que el plazo terminaría en abril. El coletazo de esa demora es que toda esta semana estuvieron en reuniones permanentes con los ministerios, el Fomag y Fiduprevisora para avanzar en lo que no se ajustó con anterioridad, también desde marzo, cuando vieron que los tiempos ya no iban a dar.

Fue en una de esas reuniones que la sindicalista Victoria Avendaño le dijo al presidente Gustavo Petro que esta modificación trae serios peligros para el sistema de salud, a lo que el jefe de Estado le respondió señalándola de ser del Centro Democrático.

Los apuntes expuestos por Avendaño indican que hay una incertidumbre en varios de los temas planteados en el borrador que se presentó sobre la operación del sistema de salud, que ella califica como inconcluso, además de las inquietudes no resueltas de los delegados a la junta nacional y de los maestros.

A finales de marzo, un alto directivo de la Fiduprevisora le envió al Ministerio de Educación un documento de 14 páginas con comentarios sobre 12 puntos que necesitan ajustes, a propósito del nuevo sistema de salud para los maestros, como precisar una distinción dentro de esta estructura financiera, separando la prima pura de los costos de administración, y una solicitud de que se anexe un plan de implementación al borrador del proyecto. Dichos reparos no han sido acogidos.

Fuentes enteradas del tema comentaron que el presidente Petro quiere que, sí o sí, el nuevo sistema de salud comience el 1 de mayo. Los llamados que le han hecho los maestros y técnicos de las carteras implicadas en esta determinación sobre los riesgos de esa implementación no han sido escuchados.