Sandra Ortiz, mencionada en el escándalo de la UNGRD, habla de la manipulación de frenos de su camioneta. “Si hubiera ido en carretera estaría muerta”

La ex alta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz está viva de milagro, según le confiesa a SEMANA. El miércoles 11 de septiembre, la camioneta blindada, adscrita a la Unidad Nacional de Protección y en la que se desplazaba de Bogotá a Tunja, se quedó sin frenos.

Hubo momentos de pánico cuando uno de los testigos del automotor se encendió y avisó al conductor que algo extraño estaba ocurriendo. Él le advirtió a la exfuncionaria del Gobierno Petro que se estaba quedando sin frenos, y ella solo pensó en Dios y en sus hijas. “Fue entrando a la portería de la vivienda, cuando veníamos cerca de mi casa, que nos dimos cuenta de que no teníamos frenos. Gracias a Dios, no pasó a mayores”, narró a SEMANA.

Quien estaba al frente del carro maniobró la situación reduciendo la velocidad con el freno de mano, y llevó el vehículo hasta la puerta de la casa de Ortiz. Ahí, el líquido de frenos que quedaba terminó en el piso. “Si esto hubiera ocurrido en carretera, yo estaría muerta. La noticia hubiera sido otra”, le dijo a este medio.

Lo ocurrido generó pánico en la familia de la dirigente política de la Alianza Verde y llevó a sus amigos más cercanos a plantearse varias preguntas, entre ellas, si el daño en las mangueras de los frenos de sus llantas traseras fue un hecho fortuito o, por el contrario, se trató de manos oscuras que quieren acabar con la vida de Ortiz.

Y hay razones para plantearse el interrogante. Ortiz podría, eventualmente, convertirse en una pieza clave en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), porque, según el exdirector de esa entidad Sneyder Pinilla, ella fue la supuesta mensajera que, al parecer, llevó los 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name para empujar las reformas de Petro en el Congreso. “¿Mensajera de qué? Eso no le cabe en la cabeza a nadie”, se defendió.

Ortiz acudió en agosto a un interrogatorio de la Fiscalía, pero no logró hablar por un ataque de nervios. Al día de hoy, aún no hay fecha para su declaración. Ella tiene miedo, pero no lo dice porque poco habla con la prensa. Teme por su vida y la de su familia. Y por eso, lo primero que hizo fue contratar de su bolsillo una inspección visual del sistema de frenos con la firma Alborautos S.A.S., especializada en camionetas de la marca Toyota en Boyacá.

El pasado 16 de septiembre, el jefe del taller, Nelson Yamit Pérez Martínez, entregó los resultados, que, sin duda, generaron más dudas que certezas. SEMANA reveló en exclusiva su contenido. “Durante la inspección se evidenció que la manguera de freno trasera derecha estaba desgrafada de uno de los anclajes, lo que generó que se saliera en su totalidad el líquido de frenos y, por tanto, el vehículo se quedara sin frenos”, se lee en el reporte.

Adicionalmente, se detectó que las mangueras de los frenos traseros y las pastillas del freno no son originales Toyota, dice el informe, que también arrojó otro dato preocupante: “El sistema de frenos presentaba manipulaciones afectando el cuadrante del tubo del líquido de los frenos de la parte trasera”.

¿Quién los manipuló? ¿En qué momento ocurrió? ¿Se trató de un hecho fortuito o hay manos oscuras detrás? ¿Es un defecto de fábrica? ¿Es normal que se manipule el sistema de frenos en una camioneta de alta gama y que tiene un año de uso? Estas son algunas de las preguntas que quedan en el ambiente y que, seguramente, rondaron la mente de Ortiz cuando conoció el dictamen.

Otras personas cercanas a la ex alta consejera no descartan que se trate de un posible negocio oscuro que se esté presentando en los talleres donde les hacen mantenimiento a las camionetas blindadas y se esté poniendo en riesgo la vida de decenas de funcionarios públicos. “Algo está pasando; ojalá se investigue”, expresó Ortiz, quien presentó la denuncia oficial ante la Fiscalía.

En el informe que tiene en su poder SEMANA aparecen las fotografías de las partes examinadas de la camioneta de la UNP donde también se evidencia que la manguera del freno trasero está averiada, al igual que la zona donde se desgrafó la manguera “por un defecto de calidad de la pieza”.

Para rematar, se registró la afectación del cuadrante de uno de los tubos del sistema de frenos “por un mal procedimiento”, según se lee. En la revisión quedó al descubierto que la camioneta modelo 2023 no tiene algunas piezas originales de Toyota, como las pastillas de frenos y las mangueras de frenos, entre otros.

La UNP confirmó en un comunicado de prensa del 25 de septiembre que se les hizo mantenimiento a las mangueras de frenado. E informó que esa camioneta TLX Toyota le presta servicio a la seguridad de Sandra Ortiz desde el 24 de enero de 2024.

Según la trazabilidad, entre mayo y junio de este año, el vehículo fue sometido a cuatro rutinas de mantenimiento para cambio de fluidos y revisión del sistema de frenos. Y el 25 de junio de 2024, le cambiaron las mangueras de frenos. El vehículo también fue sometido a otras cuatro rutinas de mantenimiento, el 15 de agosto de 2024.

El 10 de septiembre de este año, la persona de protección solicitó que le programaran una alineación y balanceo por vibración en la dirección y revisión de discos delanteros y traseros, pastillas y el nivel adblue. Un día después, el carro se quedó sin frenos.

¿Es normal que una camioneta Toyota modelo 2023 sea sometida a ocho rutinas de mantenimientos? ¿Es normal que le cambiaran la manguera de los frenos con poco tiempo de uso? Estas preguntas tendrá que resolverlas Neostar Seguridad de Colombia Ltda., la empresa que le tiene arrendados vehículos a la UNP y que le ha practicado los repetitivos mantenimientos a ese auto.

SEMANA habló con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien confirmó que la camioneta no hace parte de la UNP. La empresa propietaria tiene que velar por su mantenimiento. Neostar Seguridad de Colombia Ltda. tiene un llamado de atención de la Superintendencia de Industria y Comercio del 8 de marzo de 2024, cuando le pidió “abstenerse de realizar el apagado remoto de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP si no existe justificación objetiva, razonable y documentada que esté relacionada directamente con la seguridad de las personas protegidas”, se lee en un comunicado de prensa de la entidad.

La ex alta consejera, quien ha dicho que solo le interesa la integridad de su familia, ha pedido en varias oportunidades que le refuercen la seguridad. “Estoy sola, temo por mi vida y la de mis hijas”, le dijo en su momento a SEMANA.

El 14 de agosto de 2023, la secretaria de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Adriana Hernández Aguilar, confirmó a través de una carta dirigida a Ortiz que se dispuso oficiar a la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía “con el fin de que se adopten, de ser el caso, las medidas de protección”.

Ortiz espera respuestas de lo sucedido y confía en que la justicia determine mediante un diagnóstico técnico si el “desgrafado de la manguera de los frenos” se originó por defecto de fábrica o fue manipulación mecánica.

Entre tanto, en la Comisión Segunda de la Cámara, que atiende asuntos de seguridad, algunos congresistas no descartan realizar un debate de control político a la UNP para confirmar si otras camionetas que están rentadas por la misma empresa y protegen a personalidades del país presentan, posiblemente, los mismos problemas.