Se cumplen dos años de las muertes por protestas en Bogotá; para Claudia López, el gobierno Duque los “dejó solos” y Petro no

Este viernes 9 de septiembre se cumplen dos años de las protestas que se generaron en toda Bogotá tras la muerte en el 2020, en un CAI de la Policía, a manos de uniformados, del abogado Javier Ordóñez, manifestaciones en las que perdieron la vida un total de 14 jóvenes.

En el segundo aniversario de esa trágica noche, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hará una conmemoración en honor a las víctimas, las cuales, según la relatoría que pidió realizar la propia Alcaldía de Bogotá hace un año, fueron asesinadas por miembros de la Policía Nacional.

La mandataria local estará presente en la celebración de una eucaristía en la Catedral Primada y posteriormente desarrollará un encuentro en la Plaza de Bolívar, en la que asistirán, además de las familias de las víctimas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Triana; así como los secretarios distritales de Gobierno y Seguridad, entre otros.

Antes de asistir a estos eventos, López publicó un video en su cuenta oficial de Twitter, en el que además de hacerle un reconocimiento a las personas que fallecieron ese fatídico día, también le lanzó una pulla al gobierno del presidente Iván Duque, por haberlos ‘dejado solos’.

“Hoy 9 de septiembre conmemoramos un hecho doloroso de Bogotá. Hace dos años, diez jóvenes de la ciudad y tres de Soacha (hace un año la propia López habló de 14 muertes y no de 13), fueron asesinados en medio de una balacera indiscriminada provocada por algunos miembros de la Policía Nacional, cuando jóvenes protestaban justamente porque un ciudadano fue asesinado dentro de un CAI”, comentó López.

Y agregó: “Otros 75 jóvenes de la ciudad recibieron heridas de bala con armas de fuego, presuntamente por miembros de la Policía”. De acuerdo con la mandataria local, “en estos dos años hemos acompañado a las víctimas en solidaridad genuina, hemos construido memoria con una relatoría independiente, hemos denunciado esta masacre contra los jóvenes de nuestra ciudad ante la justicia colombiana y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Y fue ahí cuando López le mandó un sablazo al gobierno del hoy expresidente Duque: “Estos dos años siempre estuvimos solos, las víctimas y la Alcaldía nunca encontraron eco en el Gobierno nacional y en el Ministerio de Defensa”.

Ahora, según López, el gobierno del presidente Gustavo Petro sí ha acompañado a la ciudad en esta materia. “Hoy, por primera vez, dos años después, el Gobierno nacional del presidente Petro, a través de su ministro de Defensa, nos acompaña con solidaridad genuina en las víctimas y para reconocer la gravedad y la responsabilidad que le cabe al Estado colombiano, a la Policía, al Ministerio de Defensa, en estos hechos inaceptables y dolorosos”.

“Hoy, por primera vez, no estamos solos”, subrayó la alcaldesa, quien destacó que el actual gobierno se compromete con las víctimas del 9 de septiembre, a hacer una reforma estructural en la Policía, “para que sea una Policía civista, garantista, que recupere su legitimidad y confianza con los jóvenes y la ciudadanía”.

En diciembre de 2021, la relatoría concluyó que lo ocurrido en Bogotá fue una ‘masacre policial’, en la que los uniformados se ensañaron contra la gente más pobre de la ciudad y en ese contexto de violencia se documentaron 14 muertes, incluido el caso de Javier Ordóñez, por quien se inició la manifestación.

Para la fecha, la alcaldesa López aceptó su responsabilidad tanto personal e institucional en lo ocurrido entre el 9 y 10 de septiembre de 2020 y entre lágrimas les pidió perdón a las víctimas.

“El dolor que nos causa confirmar lo que denunciamos desde el 10 de septiembre del año pasado, es profundo, pero no es comparable con el dolor que sienten las víctimas y familiares de esta tragedia, a quienes una vez más ofrezco perdón como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera”, dijo López cuando se presentó la relatoría.

La mandataria agregó en su momento: “asumo la responsabilidad que me compete. Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe”.

El informe de la relatoría advierte además que durante el 9 y 10 de septiembre se presentaron siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género (VBG), estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.

Agrega la relatoría que dichas prácticas explican, además de los 14 asesinatos, las lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos a 216 miembros de la Policía. Asimismo, dan cuenta de los daños provocados a 78 buses del componente troncal (nueve de ellos incinerados), 51 buses del componente zonal (cinco incinerados) y 76 CAI (17 de ellos incendiados y destruidos).