“Se debe hacer un esfuerzo para restablecer las relaciones”: Katherine Miranda a Petro tras diferencias con las altas cortes

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, se refirió a las diferencias que se han generado entre el presidente Gustavo Petro y la rama judicial, en la que las altas cortes han solicitado en distintas ocasiones que se respete la independencia de poderes en el país.

Para la congresista es posible recomponer esas relaciones que hoy parecen resquebrajadas. “¿Es posible recomponer las relaciones del Gobierno con la rama judicial y legislativa? Yo creo que sí. Se debe hacer un esfuerzo para restablecer las relaciones, cualquier golpe a la institucionalidad de las ramas daña al país y lo desestabiliza”, aseguró la congresista de la Alianza Verde.

Además, le hizo un llamado al mandatario y a los magistrados. “Presidente Gustavo Petro, congresistas y altas cortes, necesitamos que al país le vaya bien y está en nuestras manos recuperar la armonía”, afirmó Miranda.

El presidente Gustavo Petro le respondió el llamado. Volvió a insistir en que no es que tenga ninguna pelea con los togados y volvió a echarle la culpa a la prensa de supuestamente hacer malas interpretaciones.

“No tengo ningún problema con las cortes. Que algunos sectores de la prensa hagan malas interpretaciones de mis palabras es un problema de ellos que tenemos la obligación de aclarar. El Congreso siguiendo su tradición, debe restablecer el pacto de sus mesas y no romperlo”, afirmó el presidente Petro.

Luego de eso, Miranda le volvió a responder a Petro buscando reparar no solo las relaciones con la rama judicial sino también con el Congreso, luego de que recientemente se rompiera la coalición del mandatario. “Presidente, ¿es posible volver a sentarse con todos los partidos de Congreso y buscar consenso en las reformas? ¿Es posible iniciar de nuevo una coalición?”, cuestionó Miranda.

De otro lado, el mandatario reconoció que sí tiene diferencias con el fiscal general Francisco Barbosa con quien también ha intercambiado mensajes subidos de tono. “El problema es con un fiscal que adquiere actitudes sediciosas y extralimita sus funciones solo porque solicité, de acuerdo a la Constitución, un informe sobre las investigaciones de asesinato sistemático de personas, que constituye un crimen de lesa humanidad”, aseguró el presidente Petro.

Además, señaló que su problema también es con la procuradora general Margarita Cabello “que evadiendo la sentencia de la CIDH sobre mi caso, la ley y la Constitución, abre procesos para suspender congresistas elegidos del Pacto Histórico y por esa vía cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular”, dijo Petro.

El mandatario ha venido insistiendo en que él no tiene diferencias con los magistrados, a pesar de que el Consejo de Estado publicó un comunicado en el que le pidió respeto a la independencia judicial. Dicen que la corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que señaló el presidente y que sus decisiones son autónomas y no pasan por controversias políticas o ideológicas.

“Mi trino no menciona el Consejo de Estado y no lo sugiere”, afirmó Petro, a pesar de que todos los sectores y hasta las altas cortes lo interpretaron de esa manera. Según el mandatario, los actos administrativos que han suspendido a los congresistas del Pacto Histórico los emitió la Procuraduría “violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la convención americana”, afirmó.

El mandatario ha sostenido diferencias, como lo reconoció, principalmente con el fiscal general Francisco Barbosa. “El presidente falta a la verdad al realizar estas declaraciones, ya que la diligencia judicial que se adelantará es una inspección solicitada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos”, comienza el escrito”, informó la Fiscalía a través de un comunicado.

Además, tras el escándalo que se generó en la Casa de Nariño por las revelaciones hechas por SEMANA sobre el caso de la exniñera de la jefe de gabinete Laura Sarabia, la Fiscalía anunció que hará una inspección solicitada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.