Se hundió proyecto de referendo de cadena perpetua para violadores de menores

La iniciativa requería 18 votos de respaldo para superar su tercer debate en la comisión primera y pasar a plenaria.
 
Germán Navas, coautor de una de las dos ponencias negativas, sostuvo que el texto original fue alterado por el Senado, hecho por lo cual resultaba inconstitucional.
 
Además presentó diversas motivaciones de contenido para archivar la medida. “El problema está en la deficiente investigación criminal. Lo importante es darles las pruebas a los jueces para que apliquen las penas”, argumentó. Según varios parlamentarios, las penas actuales son suficientes (hasta de 60 años).
 
Por su parte, la senadora Gilma Jiménez, vocera del comité promotor, anunció consultas jurídicas ante las altas cortes para convocar a un referendo directo (sin pasar por el Congreso). Se requerirían en ese caso un millón y medio de firmas adicionales. “El referendo continúa”, declaró la senadora por el Partido Verde.
 
El representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, había pedido aplazar el debate para que su bancada discutiera una posición unificada. No obstante, la comisión negó el aplazamiento y los votos liberales se dividieron.
 
Las razones del rechazo
 
Germán Navas, representante del Polo Democrático, planteó que las penas deben ser resocializadoras y no vengativas. Y –para él– el referendo se fundamenta en que los violadores no tienen remedio.
 
En ese sentido, la cadena perpetua va en contradicción con “la condición de la dignidad humana”, estipulada en la Constitución, según plantea Ángela Robledo (Partido Verde), una de los 14 parlamentarios que votaron por archivar el proyecto.
 
La fiscal General de la Nación envió a la Cámara un concepto de 30 páginas en el que explica su oposición a la cadena perpetua. La funcionaria expresa que las penas ya existentes son suficientes para este tipo de delitos. La Procuraduría también se mostró en contra.
 
A su vez, la comisión asesora de política criminal se manifestó en desacuerdo con la medida, al alertar que incurría en una práctica de “populismo punitivo”. Rodrigo Uprimny, integrante de dicha comisión, explica que en esta situación se cree erróneamente que “el incremento de las penas es la forma apropiada de enfrentar problemas sociales complejos, como la violencia contra los niños”.