PRESUPUESTO
“Se necesitan 72 billones de pesos para los proyectos de agua en el país”: Jorge González, director del DNP
En el marco del Congreso de Andesco, el directivo destacó que hay que hacer un esfuerzo con empresas, gobiernos locales y el nacional para conseguir los recursos.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge González, intervino durante el último día del Congreso de Andesco en Cartagena y brindó luces sobre los retos que tiene el país para poder ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo de los próximos años.
De acuerdo con el directivo, en el país, un total de 541 municipios del país no cuenta con una cobertura de acueducto, lo que significa que casi el 50% de los municipios de Colombia presenta problemas de acueducto.
Igualmente, aclaró que en cuanto a temas de alcantarillado, la problemática es aún más grave, teniendo en cuenta que cerca de 1.065 municipios no cuentan con un buen sistema. Añadió que cerca de 756 municipios también tienen problemas con el tratamiento de aguas residuales.
No es posible que en Colombia, siendo uno de los nueve territorios del mundo con mayores recursos de agua, un tercio de su población urbana -aproximadamente 13 millones de personas- esté afectada por estrés hídrico”, explicó el director del DNP.
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“Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y lograr ejecutar los proyectos de agua y saneamiento básico se necesitan al menos 72 billones de pesos. El ministro Ocampo está pidiendo 25 billones para la reforma tributaria, así que es tarea de las empresas, los gobiernos locales y el gobierno nacional avanzar en las condiciones que permitan conseguir este rubro”, dijo.
Además, en materia de energía eléctrica, precisó que, si bien el país tiene una capacidad de generación de energías alternativas de 4.500 megavatios, combinando energía eólica, hidráulica, entre otras, desde ya se deben tomar decisiones, porque una cosa es la oferta y otra el uso, y en Colombia “la matriz energética sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles y la energía útil apenas alcanza el 31%”, explicó.
“Contamos con un potencial de recursos naturales de talla mundial para impulsar el desarrollo de proyectos con energías renovables. Se estima que los proyectos con renovables que entrarán en los próximos años permitirán incrementar la capacidad instalada a más de 4.500 megavatios, aumentando la participación de renovables al 73%”, indicó durante su intervención el director del DNP.
Por otra parte, precisó que lo que realmente le duele al gobierno son los marginales, donde espera que el país llegue con inversiones del orden de los 7 billones de pesos, avanzando en temas de desarrollo digital, importancia de la educación, y promover la participación y la integración de las comunidades.
Finalmente, González explicó el potencial de cambio que se puede implementar en la focalización de subsidios para los Servicios Públicos Domiciliarios y en el que el DNP ha venido trabajando en una hoja de ruta para incorporar instrumentos que sean más progresivos.
El funcionario argumentó: “En los subsidios públicos debe existir una revisión. Estamos en la discusión de la reforma tributaria y no se puede resolver con el estrato la adecuada focalización. Hoy, en energía, destinamos $ 3 billones; en gas natural, $ 1,1 billones; en acueducto, $ 2,4 billones; en alcantarillado, $ 500 mil millones, y en aseo, $ 600 mil millones, con lo que llegamos a casi $ 6 billones que, con la estratificación actual, muestra graves errores de inclusión. Y el estrato tiene que ver con la vivienda, mientras que no informa sobre la característica socioeconómica de los hogares”.
En los ejercicios realizados por el equipo técnico del DNP, una adecuada focalización de los subsidios permitiría optimizar y ahorrar recursos que van desde $ 4,7 billones hasta $ 5,19 billones, si se tiene en cuenta la información socioeconómica que se le suministra al Sisbén, y no basado exclusivamente en el estrato.
“Lograr una mayor progresividad en la asignación de los subsidios a servicios públicos bajo un esquema de transición que les genere una mayor estabilidad a los prestadores. Su implementación debe ser coordinada entre prestadores y gobierno para lograr una transición armónica”, concluyó González.