Política
¿Se violó Estatuto de Oposición en elección de mesas directivas de concejos de Bogotá y Medellín? Expertos responden
Aclaran que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado no es la entidad encargada de buscar el cumplimiento de la norma electoral.
En toda una puja política resultó la elección de las mesas directivas de los concejos municipales y de las asambleas departamentales del país, esta primera semana de enero. Algunos sectores alegan que no se respetó el Estatuto de la Oposición en la conformación de esos hemiciclos, como sucede en los casos de Bogotá y Medellín.
En Bogotá, el concejal Juan Baena del Nuevo Liberalismo fue elegido como presidente de esa corporación, la primera vicepresidencia quedó a cargo del concejal Rolando Alberto González (Cambio Radical) y la segunda vicepresidenta en manos del concejal Julián Espinosa (Alianza Verde).
En Medellín, la Mesa Directiva del Concejo quedó presidida por el concejal Andrés Tobón, quien pertenece al partido Creemos del alcalde Federico Gutiérrez y quien, incluso, fue su secretario de seguridad en la administración anterior; mientras tanto, la primera vicepresidencia es de la concejala Claudia Carrasquilla (Centro Democrático) y la segunda es de Janeth Hurtado (ASI).
Ambos casos tienen un componente en común: no tienen ningún asiento para el Pacto Histórico, que es el principal partido de oposición dentro de ambas corporaciones e, incluso, esos cabildantes son de partidos que ya han comentado su afinidad con la administración de turno de las ciudades capitales.
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De ahí que hasta el presidente Gustavo Petro haya salido a reprochar la conformación de las mesas directivas y hasta le pidió a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado intervenir en esos casos.
Pero, ¿se violó el Estatuto de la Oposición? Expertos aseguran que esas mesas directivas podrían ser demandadas en cuestión de semanas.
Estatuto de la Oposición y las mesas directivas
El Estatuto de la Oposición señala que las mesas directivas de las corporaciones deben incluir al menos un asiento para los sectores políticos que se declararon en oposición, una declaración que se hace ante el CNE para cada una de las corporaciones: concejos municipales, asambleas departamentales y el propio Congreso de la República.
El problema de fondo es un asunto de trámite: estos sí manifestaron en micrófono su interés de ser independientes, de gobierno o de oposición, mas no se han hecho todos los trámites ante la autoridad electoral para ratificar esa postura, por lo que el debate termina estando adscrito a la interpretación de la norma.
El abogado Hollman Ibáñez sostuvo:
“En el sentido estricto de la ley, no hubo un incumplimiento. Los partidos que pretenden ser oposición deben agotar unos trámites internos para posteriormente declarar esa oposición ante el Consejo Nacional Electoral y tener acceso a los beneficios del Estatuto de la Oposición. Tengo entendido que ni en Medellín ni en Bogotá los partidos que pretenden ser oposición agotaron los trámites internos, como tampoco se hizo la declaración ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, no hay incumplimiento a la ley por parte de esas corporaciones”.
Sin embargo, el debate está abierto porque esos partidos, que alegan que se incumplieron sus derechos, pueden demandar las elecciones ante los tribunales administrativos de cada jurisdicción una vez terminen los trámites que oficialicen su postura sobre las alcaldías de Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez.
De ahí que los partidos tengan el camino abierto para demandar las mesas directivas que se eligieron, sin que en ellas esté algún representante de la oposición, y no se descarta que se tengan que repetir algunas de las elecciones.
¿La Agencia de Defensa Jurídica debe revisar las mesas?
Pero hay otro asunto que está sobre la mesa. El presidente Petro le pidió a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado revisar las elecciones de las mesas directivas de las corporaciones políticas en las que haya posibles irregularidades, desconociendo las funciones que tiene esa entidad.
La violación de la ley por servidor público mediante acto administrativo configura el delito de prevaricato. La agencia de defensa jurídica del estado debe tomar nota de esos hechos y denunciar a sus autores. https://t.co/YEvYxOgBbo
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2024
La misión de la Agencia de Defensa Jurídica es defender al Estado colombiano en litigios con incidencia nacional o internacional que comprometen las finanzas del Estado por las demandas que se presentan en su contra.
Mejor dicho: atiende los casos en los que hay acciones jurídicas que comprometen directamente los intereses del Estado colombiano, mas no de un sector político particular.
“Este no es el caso, hay formas mucho más sencillas y expeditas: el camino lógico es demandar estas elecciones frente al Consejo Nacional Electoral, que se encargará de velar por la aplicación del Estatuto de la Oposición y que puede invalidar las elecciones”, detalló Yann Basset, profesor del Observatorio Electoral de la Universidad del Rosario.
Otro camino que pueden tomar los sectores políticos interesados en modificar las elecciones de las mesas directivas es el de la acción de tutela, reclamando el respeto de los derechos políticos de la oposición. Con tutela o demanda ante los tribunales, lo claro es que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado no tiene esas funciones.
Entonces, ¿qué pasará con las mesas directivas que ya se eligieron en el Concejo de Bogotá y el de Medellín? El profesor Basset aclara:
“Acá lo que procede es esperar el fin del plazo de declaratorias de los partidos al final del mes para hacer esas demandas que llevarán, muy probablemente, a invalidar estas elecciones que se hicieron sin tomar en cuenta a miembros de la oposición”.