“Thomas Greg parece ser el dueño de la contratación en la Registraduría”: Secretario de Transparencia contraataca a la entidad por posibles hechos de corrupción

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, le confirmó al país que su denuncia contra la Registraduría por presuntos hechos de corrupción tras el contrato de logística electoral del 2026, ya está en manos de la Justicia.

Él no estuvo de acuerdo con la millonaria adjudicación de un contrato a una unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons, la firma a la que el Gobierno de Gustavo Petro se le atravesó en una licitación de los pasaportes de la Cancillería y cuyas diferencias las dirimirá la justicia.

Idárraga publicó la carta que le envió directamente el 23 de octubre de 2023 a la directora especializada contra la corrupción, Diana Patricia Mojica, donde traslada los supuestos hallazgos de presunta incidencia penal de la Registraduría.

En el documento, el funcionario expuso todas las presuntas irregularidades que encontró en el proceso de adjudicación.

Por ejemplo: identificó que los plazos tan cortos para la ejecución del objeto del proceso de selección no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades que se pretenden contratar por parte de la Registraduría. “Esto es menos de dos meses (entre el 23/10 fecha estimada de aprobación de pólizas y 17/11 y 24/11, fechas de los escrutinios objeto del contrato) para la parametrización de software, pruebas y alistamientos necesarios previos al escrutinio”, se lee textualmente en el oficio.

“Se identifica que la experiencia específica requerida en el pliego de condiciones, justificada desde la especificidad técnica de la ejecución, evidentemente está cerrando las condiciones de acceso, ya que al exigirse para el literal b) experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral durante los últimos 10 años, en el caso de Colombia, estaría limitado ampliamente a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría Nacional que, aunque abre el espectro a oferentes extranjeros, estos se verían de nuevo limitados (...). Por lo anterior, se identifica un presunto cierre o, incluso, direccionamiento del proceso en favor de contratistas que hayan participado en los últimos 10 años en contratos con la Registraduría, que en su mayoría han resultado adjudicados (para este tipo de procesos) a uniones temporales con integrantes como Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A”, añadió.

Después de sumar el listado de presuntas irregularidades, Andrés Idárraga dijo que en calidad de Secretario de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y en ejercicio de su función, “doy traslado a su despacho, con fundamento en los hechos y pruebas que se relacionan en documento adjunto. De lo anterior, le solicitamos allegar respuesta para la correspondiente trazabilidad en el marco de nuestras competencias”.

En un video, Andrés Idárraga denunció que “Thomas Greg & Sons parece ser el dueño de la contratación en la Registraduría. Durante los últimos 17 años ha contratado un poco más de 4.4 billones de pesos que corresponden al presupuesto de Cali durante un año. Y se suma un nuevo año: el pasado viernes, la Registraduría, pese a las alertas, decidió adjudicar un nuevo contrato: 41.000 millones de pesos para seguir haciendo lo que pareciera, nadie puede hacer. Decidimos interponer una denuncia penal”

Reportó que descubrió que un alto directivo de la Registraduría, que hizo parte de la estructuración de la nueva estructuración, viene de ser un contratista de Thomas Greg hace más de cuatro años. “En nuestra consideración, es muy posible que Thomas Greg haya distorsionado los precios del mercado para generar precios artificialmente altos para hacerse a una ganancia porque sabía que este nuevo contrato iba a quedar en su poder”, manifestó.

Y es que tras las denuncias de Andrés Idárraga, el registrador Hernán Penagos se desmarcó de la Casa de Nariño este miércoles 23 de octubre y aclaró que su entidad es independiente y sus funcionarios atenderán los llamados de los organismos de control.

“¿Ante quién responden los funcionarios públicos? Ante los organismos de control, no ante funcionarios del Gobierno. Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quién comete o no actos ilegales. Que yo sepa, esa es una tarea de los órganos de control. Y cuando ellos lo consideren pertinente, allá irán más de 20 funcionarios que han construido esta arquitectura, que han trabajado con mucho juicio y que técnicamente conocen a detalle cómo se han realizado los procesos electorales en Colombia. Sin duda, estarán dispuestos a asistir”, respondió el registrador a Idárraga.

La pelea entre la Registraduría y la Casa de Nariño está para alquilar balcón.