Secretario de Transparencia de la Presidencia denunció varias supuestas irregularidades de contratación en la Unad

En una audiencia pública que se llevó a cabo este lunes 20 de febrero en el Congreso, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, denunció varias supuestas irregularidades en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

Según dijo el alto funcionario del Gobierno, habría supuestas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de obras, entre otros.

Un primer aparte de la denuncia hecha en el Congreso habla de que la contratación no ha sido pública. Idárraga explicó que se ha hecho un análisis de las ofertas económicas, concentrando la contratación con dos oferentes entre el 2002 y el 2007: Campo Arquitectónico y Ebisus S.A.S. Los contratos ascienden a 58.000 millones de pesos y 43.200 millones de pesos respectivamente.

El secretario de Transparencia de la Presidencia aseguró que la Consultoría y Control S.A.S, encargada de la interventoría de esos contratos, ha sido el único proponente con un valor de 17.300 millones de pesos. “En total, estamos hablando de 118.500 millones de pesos”, afirmó.

También se detectaron presuntas irregularidades en un proceso de ejecución de obras. Idárraga afirmó que en el año 2011 la Unad solicitó un préstamo a Findeter por 60 mil millones de pesos, para adecuar físicamente 13 sedes de la universidad, sin embargo, en un reporte entregado de manera anómina a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia se informó que esos contratos se ejecutaron solamente en el papel, por lo que el funcionario cuestiona si se trataría de 13 posibles ‘elefantes blancos’.

Esas sedes son las de: Pamplona, Corozal, Cartagena, Puerto Colombia, Zipaquirá, Pasto, Cúcuta, Neiva, Pitalito, Quibdó, Facatativá, San José del Guaviare y Bucaramanga.

Desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia informaron que varias de las irregularidades han sido reportadas de manera anómina. “No existe información sobre el resultado de las ofertas económicas de los contratos de obra celebrados por la Unad o de las minutas de dichos contratos en el portal de contratación de la Universidad”, dijo una persona que prefirió reservar el nombre de su identidad.

Además, resaltan que existe la preferencia por los dos oferentes Campo Arquitectónico y Ebisus S.A.S. “Como Secretario de Transparencia reconozco que las universidades públicas cuentan con la facultad legal que le brinda su régimen de contratación, para celebrar contratación directa; sin embargo, esta no puede eximirse de la publicidad en el proceso y la garantía de que dicha contratación cuente con mecanismos de interventoría eficaz”, dijo Idárraga.

En ese sentido, el problema sería que, al parecer, esos postulados no se cumplieron, ya que según Idárraga “no se publicaron las ofertas, ni su análisis, ni los resultados de la interventoría, situación que debe ser investigada a fondo por los entes de control”. El funcionario le pidió a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría investigar este caso.

“Consideramos que estas denuncias son de tal gravedad que los organismos de control deben entran a investigarlas inmediatamente y a fondo”, solicitó Idárraga.

El funcionario del Gobierno reclamó porque los dineros de las universidades públicas deben tener el objetivo de garantizar el derecho a la educación. Insiste en que la corrupción debe ser considerada como una vulneración a los derechos humanos.

“Como secretario de Transparencia y en marco de las funciones a mí asignadas por el Decreto 2647 de 2022, pongo la alerta, confiado en que la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía harán lo propio para garantizar el derecho a la educación de calidad de 100 mil estudiantes que tiene la Unad”, dijo Idárraga.

Cabe recordar que el rector de la Unad, Jaime Alberto Leal, ha estado envuelto recientemente en cuestionamientos por su administración, en la que ha sido reelegido durante seis periodos, es decir, unos 20 años. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría le abrieron investigación recientemente, por lo que tiene nuevos procesos penales y disciplinarios por las graves denuncias de presuntas irregularidades en la celebración de millonarios contratos y nepotismo, entre otros señalamientos.