Política
Secretario Jurídico entrega reveladores datos en SEMANA: Bogotá enfrenta cerca de 11.900 demandas por $15 billones
En entrevista con SEMANA, Mauricio Moncayo explicó cuáles son esas demandas que más le preocupan al Distrito y cuál es el litigio de mayor pretensión económica. Habló, además, del Hospital San Juan de Dios, del futuro de La Rolita, del Plan Parcial El Pedregal, de los contratos con los consorcios de TransMilenio, entre otros temas.
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SEMANA: ¿Cuáles son las principales demandas que enfrenta Bogotá?
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Mauricio Moncayo (M.M.): Las principales demandas que tiene el distrito, tal vez se pueden concentrar en algunas que nos generan mayor interés, que ha sido el río Bogotá.
El río Bogotá lleva más de 20 años con una acción popular que se ha trabajado por varias administraciones y estamos en un momento neurálgico al cumplimiento de esa sentencia. Hay una decisión de septiembre de este año, donde se levanta una medida cautelar para el tema de Ptar Canoas y eso nos da la posibilidad de iniciar un proceso contractual y estamos en unos grandes diálogos con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Gobierno Nacional, a efectos de materializar uno de los objetivos de esa decisión judicial y que permitirá a futuro poder contar con el río Bogotá como ese gran respaldo o la posibilidad de utilizar en mayor medida las aguas del río. Y, por supuesto, está lo de Ptar Salitre. Estamos muy cerca de obtener ya una entrega formal por parte de la CAR al Acueducto y básicamente esa es una de los procesos más complejos o de mayor interés.
Por otro lado, también tenemos una decisión de María Paz, que es una acción popular que está ya en un espacio de cumplimiento. Es cerca a Corabastos, en toda esta zona en Kennedy. Es una acción de grupo que viene hace más de diez años, y que al comienzo involucraba la recuperación de espacio público, pero cuando llegamos nosotros a la Administración y por instrucción del alcalde y las constantes visitas que ha hecho a la zona, hemos establecido que se requiere una intervención integral, la cual involucra la necesidad que la Secretaría Jurídica logre articular en conjunto, por supuesto, con las otras secretarías transversales, una política pública a través de unos planes estratégicos que nos permitan recuperar la zona. Ese es uno de los procesos también muy interesantes y de mayor complejidad.
Otro de los procesos que estamos enfrentando hoy en día es el de Copasa, por el San Juan de Dios, por la terminación unilateral del contrato por parte del agente interventor. Tenemos dos tribunales de arbitramento, uno internacional y el otro nacional.
Ese es un gran reto, porque tal vez este es de los primeros tribunales internacionales en su corta existencia de nueve años, que la Secretaría Jurídica Distrital va a acompañar. Por supuesto, tenemos la capacidad instalada adecuada y seguramente tendremos que contar con expertos en la materia para atenderla de la mejor manera.
SEMANA: ¿Cuáles son los detalles de la acción de grupo en María Paz?
M.M.: Es una acción de grupo que presentó la comunidad a efectos de recuperar el espacio público. Es una zona donde encontramos Ecas, cocoroteros, la influencia de Corabastos, la venta de fruvers, la invasión del espacio público, lugares de paso, migración de venezolanos. Es decir, es una zona de la ciudad donde confluyen muchos temas de complejidad. Por eso es necesario hacer una intervención integral en la zona a efectos de recuperarla y dar mayor cumplimiento efectivo a la acción popular, que es el querer del alcalde.
SEMANA: La terminación unilateral del contrato con Copasa por el San Juan de Dios se dio por orden del agente interventor que puso el Gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la posición de la Secretaría frente a esta decisión?
M.M.: En lo que respecta a la intervención, consideramos que hubo algunos temas que serán resueltos, por supuesto, por la autoría judicial. Consideramos que existen algunas debilidades en esa intervención y que podrían ser reconocidas por una autoridad judicial, en especial en aquellos componentes que atañen a los componentes financieros que ellos aluden en la intervención. Por consiguiente, creemos que el proceder de la Superintendencia omitió algunos pasos que debieron haberse tenido en cuenta al momento de la toma de la decisión y que eso podría llegar a desvirtuar el acto administrativo en su motivación.
SEMANA: ¿A cuánto ascienden las pretensiones económicas de los tribunales de arbitramento con Copasa?
M.M.: Hay dos tribunales: uno internacional y otro nacional. El primero, el internacional, está por cerca de 120 mil millones de pesos y el nacional está por 36 mil millones. El nacional es presentado por la Alcaldía haciendo efectiva la cláusula penal del contrato; mientras que el otro es presentado por Copasa en contra de la Subred, en el que indican que el contrato estaba indebidamente estructurado y ellos argumentan la imposibilidad que tuvieron de generar la demolición de la Torre Central. Sin embargo, observando las respuestas del Ministerio de Cultura sobre ese particular, pues no hubo una negación expresa, sino simplemente que no cumplía con los requisitos de la solicitud que en su momento presentó Copasa y ellos se amparan en ello para indicar que la demolición resultaba imposible de efectuar.
SEMANA: En el tribunal internacional, en caso de que se dé la razón a Copasa, ¿el Distrito tendría que pagar esa cantidad de dinero?
M.M.: Ahí dependerá mucho de la configuración de cómo se va a plantear el pleito. Hay que esperar cómo está estructurada la demanda y a partir de eso podríamos llegar a concluir qué efectos puede llegar a tener para el Distrito y especialmente respecto al acto administrativo expedido por el interventor donde da por terminado unilateralmente el contrato. No sabemos cómo va a estar definitivamente formulada esa demanda y eso nos va a permitir determinar quiénes son los responsables en el trámite.
SEMANA: Pero sería injusto que sea el Distrito quien tenga que salir a responder cuando el que terminó unilateralmente el contrato fue el agente interventor del Gobierno...
M.M.: Claro, esos son temas que veremos en el tránsito del proceso y tendremos que esperar a ver cómo se formula finalmente la demanda.
SEMANA: En promedio, ¿cuántas demandas recibe Bogotá al mes, al año?
M.M.: En lo corrido de este año, tenemos una estadística de 142 demandas mensuales y al año hemos tenido un acumulado más o menos de 1.290 más o menos.
SEMANA: ¿Cuáles son esos sectores que más reciben demandas en Bogotá?
SEMANA: ¿A cuánto ascienden las pretensiones económicas en contra del Distrito en esa litigiosidad?
M.M.: Actualmente el Distrito tiene cerca de 11.900 demandas, que suman más o menos unas pretensiones de 15 billones de pesos, pero el Distrito también tiene iniciadas otras acciones judiciales con 3.068 demandas, que suman más o menos 7 billones de pesos.
SEMANA: De esas pretensiones por 15 billones de pesos, ¿cuál es el litigio de más alto valor?
M.M.: Hay uno del Acueducto de Bogotá sobre temas de inundaciones en Bosa. Es una reclamación de cerca de 5 billones de pesos. Eso es un tema que está en litigio aún, está en resolución.
SEMANA: En la administración anterior, la exalcaldesa Claudia López interpuso una demanda en contra del operador del relleno sanitario de Doña, por según ella, haberse apoderado de $163.000 millones- ¿En qué va esa demanda?
M.M.: Está bajo la revisión de la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación. Están en la indagación preliminar y será la Fiscalía, a través, de las instancias correspondientes que se defina esa pretensión que ha formulado la exalcaldesa Claudia López.
SEMANA: ¿En qué va el proceso de nulidad, en segunda instancia, en contra de la operadora pública de transporte - La Rolita?
M.M.: Esa acción de nulidad se presenta en atención al Plan de Desarrollo de la exalcaldesa Claudia López, indicando que no se cumplía con los requisitos para la creación de la empresa. Nosotros, tan pronto que llegó el exalcalde Carlos Fernando Galán, hicimos una solicitud al Tribunal Administrativo, en el cual implica que la decisión, si así lo considerara el Tribunal o su autoridad judicial, de decretar la nulidad de la creación de la empresa, se dé un tiempo prudencial, o sea, difiera el efecto de la decisión. ¿Para qué? Para que la Administración pueda reaccionar de manera efectiva y no afecte la adecuada prestación del servicio público a las comunidades a las cuales le presta el servicio a La Rodita y, por supuesto, a las mujeres que prestan el servicio.
SEMANA: ¿Qué pasaría en caso de que efectivamente se declare la nulidad del operador?, ¿habría detrimento patrimonial?
M.M.: Los efectos de nulidad en materia de contención administrativa son hacia el futuro. Además, recordemos que la decisión del Tribunal es sobre la adecuada o no constitución de la empresa y se limitaría el juez contencioso administrativo a definir si eso cumplió con los trámites dentro del Concejo Distrital y dentro de la Administración para su construcción, creación y puesta en funcionamiento.
