Seguridad privada legal: la propuesta para solucionar los problemas de orden público en el país

El manejo de la fuerza pública por parte del nuevo Gobierno causa polémica por los cambios drásticos en la doctrina, las nuevas líneas de acción frente a varias problemáticas y el latente recorte de presupuesto. Mientras esto ocurre, las zonas rurales de cerca de 18 departamentos enfrentan invasiones en propiedad privada y se transita por olas de violencia que cobran decenas de vidas.

Iván Velásquez, ministro de Defensa, pidió recortar cerca de $ 800.000 millones de pesos de presupuesto para las Fuerzas Militares. A su vez, restringió los bombardeos, condicionó la salida del Esmad a las calles y estableció que el diálogo será la base de la acción de la fuerza legítima del Estado.

Además, por orden del presidente Petro, Velásquez, como todos los ministros, está más concentrado en las regiones y en la construcción de un diálogo vinculante que resulte en un entendimiento más amplio de las problemáticas del país y, entre otras cosas, que contribuya al proyecto de la “paz total”.

A pesar de que estos son cambios que pidió la ciudadanía al votar por el ahora presidente Gustavo Petro, se ha criticado en varias ocasiones el supuesto debilitamiento de las instituciones. Ahora, la fuerza legítima es el último recurso, permitiendo que situaciones como las invasiones de predios privados escalen hasta agresiones y altercados entre dueños y grupos sociales.

Incluso, en el caso de la protesta de mujeres en el día del aborto legal y seguro, encapuchadas intentaron prenderle fuego a la entrada de la Catedral Primada de Bogotá. Sin hacer nada, gestores de convivencia contemplaron la escena y los agentes de Policía, petrificados, tampoco intervinieron.

Por esta razón, y en medio de la tardada acción de las autoridades, los mismos ganaderos y dueños de los predios han tenido que crear un frente de seguridad para protegerse entre sí.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, causó polémica al proponer un “grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata” para cuando exista perturbación a la propiedad privada. Esto, como respuesta a los largos tiempos de espera del Gobierno, que prefirió transitar una ruta de diálogo con dichos invasores.

Esto fue ampliamente criticado, con algunos congresistas de Gobierno asegurando que se trata de una “versión moderna del paramilitarismo”.

Sin embargo, a pesar de la dura polémica que causó la propuesta de Lafaurie, esta alternativa comienza a ganar tracción en el Congreso de la República entre la oposición.

El representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, impulsa la idea de la seguridad privada legal por su preocupación frente al debilitamiento de la fuerza pública bajo el Gobierno de Gustavo Petro.

“Que le de toda la tranquilidad a la persona de defender su vida y defender la propiedad privada. Se lo voy a decir a todos los empresarios del sector en Colombia. Están debilitando a la fuerza pública con el trato, dado que acaban de sacar a 17 generales de la Policía Nacional y más de 95 en la fuerza pública, y con el presupuesto”, explicó el representante a SEMANA.

De esta forma, la única alternativa sería proteger sus propios derechos: “La única alternativa que va a haber es la seguridad privada legal, seguridad privada vigilada por la Superintendencia de Vigilancia. Lo tiene que empezar a entender la gente”.

El Gobierno comenzó a desalojar a los invasores de varios predios en todo el territorio nacional. Esto ha dado lugar a enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos sociales, incluso con la intervención del Esmad. Meses después del inicio de la problemática, miles de familias deberán irse del terreno invadido, pero esto no elimina la inseguridad que sienten los agricultores y ganaderos, quienes quieren proteger su propiedad.