SEMANA destapa una polémica licitación de Colpensiones: la entidad revocó el proceso de vigilancia, pese a que había oferentes habilitados

Colpensiones, la empresa del Estado que se alista para tener bajo su dominio las pensiones de la gran mayoría de colombianos, está en el ojo del huracán por revocar sorpresivamente un proceso licitatorio que había abierto en 2023 para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.

A esa convocatoria pública se presentaron once oferentes, de los cuales siete quedaron habilitados con calificaciones superiores a los 90 puntos. Incluso, uno de ellos obtuvo 100 puntos, la máxima nota posible, pero pese a que la entidad sí tenía opciones para contratar, no lo hizo.

La empresa, presidida por Jaime Dussán, terminó revocando esa convocatoria en una polémica medida administrativa que fue ratificada el 17 de junio y que hizo a un lado un proceso licitatorio de ocho meses que tardó más de lo estipulado para una iniciativa de estas.

El proceso comenzó el 12 de octubre de 2023, cuando fue divulgada la convocatoria para la prestación del “servicio de vigilancia humana y seguridad privada con medios tecnológicos”, por un presupuesto estimado de 13.257 millones de pesos. El examen de las once ofertas fue publicado el 20 de noviembre de 2023, y así quedó constatado en un documento que da cuenta de que los licitantes sí llenaban los requisitos legales para prestar ese servicio.

A pesar de que uno de los candidatos (Vigilancia Acosta Limitada) cumplía con todos los requisitos, esta convocatoria no le fue adjudicada. El 29 de noviembre fue aplazada la fecha de selección del contratista hasta el 31 de enero de 2024 y luego hasta abril. Llegó esa fecha y tampoco eligieron a un proveedor de servicios, sino que siguieron los aplazamientos.

A esa convocatoria le anexaron dos adendas y una modificación a la oferta, que terminaron aplazando el proceso de selección durante ocho meses. La decisión final llegó el 17 de junio, hace poco más de una semana, con una carta presentada a los proponentes de la convocatoria pública y firmada por el vicepresidente de planeación y tecnologías de la información, Luis Alfredo Chaparro Muñoz, en la que, con un análisis de 14 páginas, les informó de la revocatoria del proceso.

El documento con el que frenaron el suministro, mantenimiento y monitoreo de los sistemas de alarma, control de acceso y circuito cerrado de televisión argumenta supuestas “situaciones sobrevenidas” que nada tienen que ver con la operación en la seguridad del edificio.

Allí señalaron que la entidad presenta un incremento en la cantidad de transacciones y la afluencia en sus oficinas a nivel nacional, además mencionaron el cambio en 18 puntos de atención que no fueron tenidos en cuenta cuando se abrió la convocatoria pública. Advirtieron que ahora necesitan más espacio por traslados en puntos de atención que esperan ejecutar y anunciaron la realización de un nuevo estudio de seguridad para “determinar nuevas necesidades”. Si la toma de decisiones en Colpensiones ha estado en manos de la misma presidencia desde 2022, ¿por qué no se tuvieron en cuenta esos nuevos procesos al momento de abrir una convocatoria pública, con el fin de que la entidad tuviese las capacidades operativas para garantizar la seguridad de sus funcionarios y visitantes?

“Fueron circunstancias sobrevinientes que acontecieron durante el proceso, extraordinarias, irresistibles e imprevisibles, ajenas a la voluntad de la entidad y las cuales impactan sustancialmente el proceso de selección, principalmente, en lo relacionado con los valores respecto de la prestación del servicio, lo que evidentemente modifica el presupuesto inicial estimado, el cual sería insuficiente frente a la necesidad que actualmente tiene Colpensiones”, justificó la entidad en la carta a los proponentes.

Lo particular es que siete proponentes presentaron ofertas que cumplían los requisitos mínimos en asuntos jurídicos, financieros, técnicos y en su propuesta económica para prestar los servicios de seguridad a la red de oficinas regionales y centrales de la entidad.

La Unión Temporal Digital-Cuidar (que obtuvo 97,53 puntos en el examen de su propuesta), la Unión Temporal Seguridad FC 2023 (91,63), la Ronda de Colombia Protección y Seguridad LTDA (91,12), la Unión Temporal Alianza 2023 (93,19), Seguridad Nueva Era LTDA (92,47) y la Unión Temporal MMV 2024 (98,71) tuvieron todas evaluaciones positivas que mostraban que cumplían los requisitos que trazó Colpensiones para la prestación de ese servicio.

SEMANA buscó al presidente de la entidad, Jaime Dussán, para conocer su versión sobre esta revocatoria del contrato, pero al momento del cierre de la edición no había respondido el cuestionario enviado a su despacho ni tampoco las llamadas y mensajes de este medio. Llama la atención que este no es el único contrato de Colpensiones que genera inquietudes.

La administración actual también promovió un cambio en el edificio desde el que opera la sede principal, argumentando que el lugar en el que estaban ubicadas las oficinas quedaba cerca de una universidad en la que con frecuencia se presentan alteraciones al orden público por las manifestaciones de los estudiantes, pero terminaron eligiendo un edificio que quedaba a solo dos cuadras del anterior, también cerca de ese establecimiento educativo de carácter público.

Esa modificación significó un nuevo contrato por 39.017 millones de pesos a cinco años, en el que se incluye un rubro de 13.399 millones de pesos para la adecuación de las oficinas: el capricho de cambiar de sede llevó a un millonario costo extra para el Estado, a pesar de que las oficinas habían sido adecuadas entre 2011 y 2015 con mobiliario que tenía pocos años de uso. Estos muebles no serán activos de Colpensiones.

Congresistas de oposición como David Luna y Paloma Valencia ya han advertido sobre otras irregularidades en los contratos de Colpensiones, como el de los misionales y el del contact center, en los que habría sobrecostos, además del incremento en los contratos por prestación de servicios en los que se duplicó el presupuesto requerido para esa entidad.

Es más, hubo un despido de vicepresidentes, directores regionales y gerentes que ya fue documentado por SEMANA y que da cuenta de una destecnificación de la organización a cargo del sistema pensional público colombiano, que tras la reforma del sector tendrá en su poder la mayoría de los ahorros para la jubilación de todos los trabajadores del país.