SEMANA revela detalles desconocidos de cómo se cocinó la adjudicación del millonario contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons

Esta semana, el presidente Gustavo Petro perdió una de sus más grandes batallas luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicara un millonario contrato, cercano al medio billón de pesos, a la firma Thomas Greg & Sons, contra la que el mandatario ha arremetido en las últimas semanas.

Aunque Petro se oponía a que la empresa se quedara con esa licitación porque, según él, monopolizó parte de los servicios, el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, metió un golazo y entregó el contrato. Todo esto con la asistencia del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien, en una polémica decisión, le devolvió a Salazar todas las facultades para contratar. En septiembre de 2023, el entonces canciller Álvaro Leyva se las había retirado.

“A mí me quitaron las funciones para contratar porque le informé al canciller Leyva que no tenía una alternativa distinta que adjudicar el contrato (a Thomas Greg & Sons) porque era la recomendación del comité de evaluación de la licitación. Cuando se lo dije, él, preocupado, me preguntó por la alternativa y yo le respondí que él asumiera las funciones de contratar”, le contó Salazar a SEMANA.

Este medio conoció detalles y versiones encontradas del origen de la resolución 1344, del 22 de febrero de 2024, que le dio los dientes jurídicos a Salazar para adjudicar la controvertida licitación, pasando por encima de Petro. Ese hecho desató una tormenta y puso a Murillo contra las cuerdas. El 21 de febrero, el día en que Murillo pisó el Palacio de San Carlos, en calidad de ministro encargado, se reunió a puerta cerrada con Leyva.

En el encuentro, Murillo hizo dos afirmaciones rotundas. En primer lugar, dijo que no tenía ningún interés en meterse en problemas por cuenta de esa polémica licitación. Y, en segundo lugar, anunció que le recomendaría a Petro que conciliara. Eso significaba devolverle a Thomas Greg & Sons la licitación que había ganado. Tanto Salazar como otra fuente que pidió la reserva confirman dicha versión. Leyva quedó perplejo y le recomendó a Murillo hablar directamente con Petro, el principal opositor a adjudicar una licitación con un único proponente.

En esa reunión, en la que Murillo destapó sus cartas, estuvo presente el anillo más cercano a Leyva: Salazar, entonces secretario jurídico, y Juan Carlos Losada, quien era el director de Asuntos Jurídicos de la entidad.

SEMANA conoció que, horas después del encuentro, Paola Andrea Ramírez, jefa de la Oficina Jurídica de la Cancillería, recibió la instrucción de redactar una resolución en la que se le devolvían a Salazar los poderes para contratar, en calidad de secretario general.

Una fuente le contó a este medio que Juan Carlos Losada, ficha de Leyva, dio la orden y Ramírez obedeció. Murillo le habría encomendado la labor a Losada. El abogado huilense, quien no quiso responder sobre este tema, fue removido de su cargo por Murillo en medio del escándalo. SEMANA conoció la resolución 1344, firmada el 22 de febrero por Murillo. Allí se le devolvieron los poderes de contratación a Salazar.

En el considerando se recuerda que, mediante resolución 7076 del 5 de septiembre de 2023, el ministro de Relaciones Exteriores (Álvaro Leyva) reasumió las funciones de dirigir el proceso contractual de la licitación pública 001-2023, cuyo objeto consiste en “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios”.

La resolución firmada por Murillo le dio un giro de 180 grados a esta historia, en contravía de lo decretado por Leyva: “Se hace necesario delegar en el secretario general (José Antonio Salazar), del Ministerio de Relaciones Exteriores, la dirección de la licitación pública 003-2023, así como los trámites presupuestales y la inscripción de los actos contractuales que se deriven del mencionado proceso licitatorio, y dejar sin efecto los actos administrativos a través de los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores asumió la función de dirigir el proceso contractual, así como sus trámites presupuestales”.

El resuelve de esa misma resolución fue aún más explícito: derogó la resolución del 5 de septiembre de 2023, en la que se retiraron las facultades a Salazar, y “delega en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores la dirección de los procesos de contratación, cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes (...), así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y, en general, todos los actos relacionados con los mencionados procesos contractuales”.

El documento, finalmente, salió de la Oficina Jurídica Interna de la Cancillería, pasó por varias manos y terminó en el escritorio de Murillo. Lo revisó la abogada Jhoana Medina Ramírez, asesora del despacho del Ministro, y él procedió a estampar su firma. La profesional trabaja en la Cancillería desde 2020, según la página de Función Pública. “También debió revisarlo Paola Andrea Vásquez, la nueva secretaria general. El ministro no firma nada si ella no le da el visto bueno. La Cancillería quedó bajo la completa asesoría de ella”, contó Salazar.

A juzgar por la resolución, Murillo le entregó en bandeja de plata a Salazar la posibilidad de contratar. Y él –según el propio exsecretario general– sabía cuál era su posición frente a Thomas Greg & Sons. “Todo eso está escrito, era de conocimiento público que el canciller Leyva asumió las funciones porque yo no compartía la posición de él frente al contrato de pasaportes. Yo estaba dispuesto a adjudicar el contrato en septiembre”, le reveló Salazar a SEMANA.

¿Murillo quería favorecer a Thomas Greg & Sons? La respuesta es incierta porque el canciller encargado no ha querido hablar con la prensa. Sin embargo, Salazar cree que quería zafarse del problema, no decidir y delegar el tema en el secretario general.

Al menos así lo interpretó Salazar en un segundo encuentro que sostuvo con Murillo en el despacho del Palacio de San Carlos el 22 de febrero. “Hablamos durante 15 minutos, dialogamos sobre dos temas urgentes que había y él me reiteró que le recomendaría a Petro conciliar”, narró Salazar.

¿Murillo consultó a Petro sobre la decisión de la resolución y más luego de la advertencia de Leyva sobre la postura de Salazar? ¿Por qué firmó la resolución el 22 de febrero, un día después de reunirse con Álvaro Leyva? Esos son dos interrogantes que saltan a la vista y que, hasta ahora, no tienen respuesta de Murillo.

SEMANA estableció que, a las tres de la tarde del jueves 22 de febrero, la Oficina Jurídica Interna publicó la resolución con las facultades a Salazar, en la página web y él, según le dijo a este medio, obedeció.

Al fin y al cabo siempre pensó que Murillo llegó para quedarse en la Cancillería porque sacó a las fichas de confianza de Leyva y cambió de lugar el escritorio del ministro desde el primer momento. Estaba contra una ventana grande en el Palacio de San Carlos y lo trasladó frente a la biblioteca.

El viernes 23, Salazar empezó a trabajar en su casa en la posible adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons y el lunes 26 apareció en su despacho a las ocho de la mañana, radicó los documentos de adjudicación y se armó el escándalo.

Dos horas después, Paola Andrea Vásquez, quien lo sustituyó, ordenó bloquear su usuario de Secop y frenó todos los procesos administrativos con los que pretendía obtener el certificado presupuestal. Antes le pidió que renunciara al cargo. “No lo haré porque he tomado una decisión trascendental para el país”, respondió Salazar. Horas después, Petro lo destituyó en las redes sociales.

“Yo tomé una precaución, firmé los originales del contrato y otro. Paola recogió algunos de los documentos. A mí me sacaron a sombrerazos. Subí al despacho donde estaba Paola y le dije: ‘Es un delito lo que están cometiendo, es muy grave’ y me fui”, narró.

Hoy, la relación entre Salazar y Álvaro Leyva sigue bien, no ha variado a pesar de su decisión sobre el polémico contrato que se convirtió en el dolor de cabeza del canciller suspendido por la Procuraduría. “Él no está enojado conmigo”, aseguró.

Han hablado dos veces en la semana y, en la charla inicial, Leyva le reclamó por no avisarle de sus actuaciones. La amistad perdura porque ambos se conocen desde la década de los setenta. De hecho, Salazar, sin estar posesionado, lo acompañó el 5 de agosto de 2022 a San Cristóbal, Venezuela, donde se avanzó en la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Mientras el Gobierno insiste en que el contrato firmado no tiene validez y los abogados hacen sus apuestas, ni Leyva ni Murillo se han referido a este novelón en el que el gran perdedor, al menos por ahora, es Petro.