Senado aprueba en sexto debate la reforma al Sistema General de Participaciones, pese a críticas por posible riesgo económico

La plenaria del Senado de la República aprobó en sexto debate el proyecto de acto legislativo que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP). La iniciativa, que tiene como objetivo aumentar las transferencias económicas a las regiones, cuenta con el respaldo del Gobierno nacional.

Con esto se aprobó la modificación a los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991, con el fin de pasarles a los territorios un 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación. Se planteó un aumento gradual en un período de 12 años, que comienza desde el año 2027.

El centro del proyecto es aportar a la descentralización del país, entregándoles más recursos a los mandatarios locales, con el fin de que aumente la inversión regional.

“Más allá de este Gobierno, va a significar que Colombia haga un gran debate nacional alrededor del tamaño del Estado nacional y el tamaño del Estado en los territorios. Tenemos un Estado obeso a nivel nacional, donde menos lo necesitan los ciudadanos, y un Estado raquítico en los territorios donde más lo necesitan los colombianos, que están afectados por la violencia, la pobreza y la exclusión”, manifestó Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.

De acuerdo con el jefe de la cartera, la decisión del Senado de la República es “histórica” para el país. Además, reconoció que, si bien tiene el apoyo del Gobierno, es una iniciativa de origen parlamentario.

“Esta plenaria, por abrumadora mayoría, ha tomado una decisión de apoyar la autonomía territorial”, agregó Cristo frente a los senadores.

Sin embargo, se trata de un proyecto cuestionado por las implicaciones que tendría para las finanzas del Estado colombiano, que contarán con menos recursos en medio de apretones económicos.

Pese a que se presentaron proposiciones para replantear el porcentaje, todas fueron negadas por la plenaria. Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, propuso un 37 %, pero fue derrotada.

“Hay que hacerla bien hecha. Los municipios necesitan más plata, pero esto no puede ser un cheque chimbo, sin fondos, ni un cheque en blanco. Ya vimos. Anticiparon y pusieron una proposición para que entrara a regir en 2026. Es decir, carreta, que esto va a estar sujeto a una ley. Van a sacarlo a las patadas el año entrante. No lo aprobaron porque varios nos pararon, pero aquí queda la alerta”, manifestó, advirtiendo que la proposición puede revivir en la Cámara de Representantes.

Los centros de pensamiento económico se han venido pronunciando en contra del porcentaje propuesto por el Gobierno nacional.

“Una mala calibración de la formula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino del sector privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país”, expresó el centro de estudios económicos Anif.

Y en su momento agregó: “Un debate serio y responsable sobre la descentralización debería incluir temas tan importantes como el fortalecimiento de las capacidades de gestión local y el rediseño de los impuestos territoriales, temas muy relevantes y que complementan la discusión sobre transferencias y competencias”.