Senador Miguel Uribe acusa a Petro de amenazar a los bogotanos “con actitud mafiosa”; ¿qué pasó?

A pesar de que los estudios hechos por expertos han advertido de la inconveniencia de hacer cambios en el proyecto del Metro de Bogotá, cuando ya la obra está arrancando, el presidente de la República, Gustavo Petro, se mantiene en su posición de hacer reformas para que un tramo sea subterráneo.

La situación ha llegado a tal punto que, incluso, desde el Gobierno nacional el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, advirtió que si no se aceptan las modificaciones propuestas por Petro en la primera línea de esta megaobra, financiada en un 70 % por la Nación, se parará la inversión del Ejecutivo en otros proyectos en la capital.

“Es muy claro: si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida en que financia el 70 % de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, afirmó el funcionario.

El pronunciamiento de Reyes se dio horas después de que el presidente Petro endureció su postura sobre la primera línea del Metro de Bogotá y señaló que, como está actualmente en su diseño inicial, es un “esperpento” y una “chambonada”, e insistió en que debe ser subterráneo, por lo menos en un tramo.

Estos pronunciamientos, como era de esperarse, no cayeron bien en la oposición, desde donde señalaron al jefe de Estado de amenazar a los bogotanos “con actitud mafiosa”.

“Petro, con actitud mafiosa, amenaza a bogotanos. Asegura que si no se aceptan sus modificaciones al Metro, no habrá más financiación para las demás obras de la ciudad”, aseguró el senador del Centro Democrático Miguel Uribe.

El congresista de oposición señaló que modificar a estas alturas la obra traería problemas para la ciudad.

“Al modificar el trazado del Metro habría riesgo de nunca terminar la obra, además de los sobrecostos y la demora”, dijo Uribe Turbay.

Claro que las críticas no solo vienen desde la oposición. La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, partido de la coalición de Gobierno, también criticó al Gobierno y calificó lo dicho por el ministro Reyes como “chantaje”.

“Cómo es posible que el ministro Guillermo Reyes amenace a Bogotá en una lógica extorsiva, presidente Gustavo Petro? ¿Este chantaje está autorizado por usted?”, manifestó la representante.

Los argumentos de Petro

El mandatario colombiano por medio de su cuenta de Twitter, medio preferido para anunciar medidas al país, indicó que la firma de abogados contratada por la Casa de Nariño anotó que es posible hacer los cambios que él tiene en mente para el metro de Bogotá.

Aseguró en el mensaje que publicó en esa red social que los documentos, detallando los resultados de los conceptos, fueron entregados por su equipo de trabajo a la Alcaldía de Bogotá y al consorcio chino encargado de la obra.

“Todos los abogados consultados por el Gobierno nacional nos han dicho que el contrato del metro se puede reformar para dejar un tramo subterráneo. Los conceptos están ya en poder de contratistas y del Distrito”, trinó Gustavo Petro.

El concepto que entregó la firma de abogados contratada por la Casa de Nariño señaló: “Los datos empíricos anotados permiten sostener que la posibilidad de modificar (bien sea de mutuo acuerdo o unilateralmente) el contrato de concesión en ejecución, no puede ser el resultado de la improvisación, sino que debe constituir el fruto de una tarea programada y preconcebida, que permita vincular la actividad contractual de las entidades públicas dentro de las estrategias y orientaciones generales de las políticas económicas, sociales, ambientales o de cualquier otro orden diseñadas por las instancias con funciones planificadoras en el Estado, previa la coordinación interinstitucional de las entidades y organismos responsables de la materia”.

“Esto se advierte como necesario y determinante si se tiene en cuenta que, tras advertir los problemas o alteraciones del proyecto por los inconvenientes en la gestión predial del proyecto, en los efectos económicos que ello supone por construir el Metro elevado, aunado a las graves afectaciones que supone la construcción del proyecto en esta modalidad para la movilidad y la normal circulación del tránsito vehicular en la ciudad, sin perjuicio de advertir que la realización de estudios serios y profundos sobre el particular dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea, es del todo necesario y posible jurídicamente que la Administración proceda conforme a derecho y plantee cuanto antes la necesidad de realizar estos cambios al proyecto, so pena de afectar o desconocer las exigencias del bien común y atentar contra los postulados inherentes a la justicia distributiva, como se expuso en los párrafos precedentes”, advierte el documento.