¿Sí o no al fracking? El debate que volvió al Congreso con el proyecto de ley que prohíbe su aplicación. ¿Qué pasará?

El esperado proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia está listo para ser debatido y votado en su primer debate en la Comisión Quinta del Senado, donde se espera que se reviva la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de la aplicación de esta técnica de exploración de hidrocarburos.

La iniciativa está agendada en la célula legislativa, la cual deberá entrar en su discusión en los próximos días.

El fracking es una técnica de exploración y explotación de hidrocarburos que se basa en el llamado fracturamiento hidráulico y que se ha venido implementando en las últimas décadas en diferentes países con resultados diversos.

Algunas voces dicen que esta técnica tiene efectos nocivos en el medio ambiente y en el futuro del agua. Sin embargo, existen experiencias en algunas partes del mundo en las cuales las afectaciones se han logrado controlar y el fracking ha sido aplicado para la consecución de recursos naturales.

En Colombia, diferentes tribunales de justicia han abordado el tema y, en un momento dado, se permitió la realización de pilotos que midieran de una manera más precisa los efectos de la aplicación de esta técnica. No obstante, en los últimos meses sectores oficiales y de algunos partidos de gobierno presentaron proyectos de ley para prohibir el fracking en el país.

La discusión sobre estas iniciativas en la Comisión Quinta del Senado arrancará con dos ponencias: una suscrita por los senadores José David Name (La U), Miguel Ángel Barreto (Conservador), Jaime Durán (Liberal) y Édgar Díaz Contreras (Cambio Radical).

Esta propuesta contiene solamente dos artículos, el primero de los cuales reza: “Sin perjuicio de los derechos adquiridos, prohíbase la utilización del fracturamiento hidráulico horizontal multietapa, conocido como fracking, para la explotación de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales”.

Y contiene un parágrafo que indica que esta “prohibición no aplicará para actividades de exploración y producción de hidrocarburos en el marco de contratos suscritos para yacimientos convencionales”. El otro artículo de esta ponencia o texto con el que comenzará el debate en esta célula legislativa es el de la vigencia de la iniciativa legislativa.

La otra propuesta es más amplia y busca, además de la prohibición del fracking, “establecer la obligación al Gobierno nacional de reformular la política pública de transición energética”.

De igual forma se precisan varios términos para la prohibición de esta técnica y se fijan algunos parámetros para la transición energética la cual, cabe recordar, lleva varios años en el país.

Esta ponencia también elimina la posibilidad de la suscripción de contratos, concesiones, licencias o permisos ambientales “para la exploración, explotación y producción de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos ni para el empleo de técnicas expresamente prohibidas en la presente ley”.

Sobre la transición energética, esta ponencia indica que el Gobierno nacional “deberá reformular, de manera participativa, en el término máximo de dos años contados a partir de la expedición de la presente ley, la política pública de transición energética justa, que incluya un plan de diversificación energética y promoción de fuentes no convencionales de energía renovable que logren de manera gradual y progresiva la sustitución de la explotación de combustibles fósiles”.

Esta ponencia la suscriben los senadores Esmeralda Hernández y César Pachón, de Colombia Humana; Inti Asprilla, de la Coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, y Pablo Catatumbo, del Partido Comunes.

El estudio de este proyecto de prohibición del fracking llega en momentos en los cuales el país todavía se debate entre la suscripción de nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo o su eliminación, algo en lo que, al parecer, no existe una posición unificada entre los ministerios de Hacienda, Minas y Energía y Ambiente.

Por el momento, diferentes sectores oficiales han insistido en que se cumplirán los contratos que existen en este momento y se hará una revisión del estado de cada uno para adoptar una decisión definitiva sobre el futuro de esta industria, una de las que más recursos le ha dado al país históricamente.