Sigue la expectativa por el reinicio del debate de la reforma a la Salud en el Congreso

El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, anunció días atrás que esta semana se reiniciará el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la corporación, sin embargo, hasta el momento, la discusión de este proyecto de ley sigue sin aparecer en la agenda oficial.

El representante le dijo al presidente Gustavo Petro que es un aliado en su agenda, pero los acuerdos para lograr destrabarla se encuentran más lejos que nunca.

De acuerdo con la agenda legislativa de este lunes para la plenaria de la Cámara de Representantes, se van a discutir seis proyectos de ley, pero en el listado no está la reforma a la salud.

El ambiente entre Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y las EPS está en un punto crítico. El Gobierno tampoco ha avanzado en el diálogo con sectores políticos, que creen que no se incluye ningún aporte para lograr un acuerdo. En medio de la incertidumbre por una posible suspensión del servicio de las EPS, el Ejecutivo insiste en la polémica iniciativa.

En declaraciones recientes, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, aseguró que la reforma al sector se encuentra “consensuada” con pacientes, EPS y comunidad.

Frente a esto, Gestarsalud y Acemi, principales gremios de las aseguradoras, así como la organización Pacientes Colombia, recientemente desmintieron a Jaramillo, pidiendo que se den los encuentros “que no se han concretado” y que están listos para avanzar en el diálogo.

Es de mencionar que la Procuraduría General de la Nación alertó por la crisis financiera que enfrentan las Entidades Promotoras de Salud, EPS, en todo el país. De acuerdo con el Ministerio Público, podría haber “graves consecuencias para la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”.

Las Agremiaciones de las EPS de los regímenes contributivo, subsidiado y algunas de estas Entidades han acudido a la Procuraduría y al Ministerio de Salud para advertir de la difícil situación financiera por la que atraviesan, lo cual impediría continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de salud.

Concretamente, las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresando que, por cuenta de la “angustiosa” situación financiera que atraviesan, incluso, podrían dejar de funcionar a partir de septiembre, afectando a 13 millones de usuarios.

De acuerdo con las EPS, las causas de la crisis financiera son el pago inoportuno y la actual deuda por servicios no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que corresponden al Ministerio de Salud.

De la misma forma, han indicado que se ha hecho un cálculo insuficiente de la UPC, es decir, de los recursos con los que se garantizan los servicios del Plan de Beneficios en Salud a que tienen derecho los usuarios.

El déficit financiero de las EPS obedece, entre otras causas, a fenómenos como la inflación, los cambios demográficos, la creciente inclusión de nuevas tecnologías en el Plan de Beneficios.

También han influido circunstancias como el aumento en la frecuencia de uso de los servicios ante la incertidumbre por la eventual reforma al sistema de salud, los efectos derivados del covid-19, las liquidaciones de EPS que generan traslados masivos de usuarios con mayores necesidades y la concentración asimétrica de cargas de enfermedad en algunas entidades promotoras de salud.

Ante esta situación, la Procuraduría le ha pedido de manera reiterada al gobierno nacional que, a través del Ministerio de Salud, se revise la metodología a través de la cual se define el monto de la UPC, así como los procesos administrativos de reconocimiento y pago de los servicios no financiados con la Unidad de Pago por Capitación.

Especialmente, la Procuraduría le pidió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, medidas urgentes para el pago de todas las deudas que se tengan con el sistema de salud para que las EPS puedan seguir garantizando la prestación de sus servicios.

Igualmente, la entidad ha instado al Gobierno a que salde las deudas pendientes adoptando las medidas necesarias para prevenir el colapso financiero del sistema, lo que se traduce inevitablemente en la afectación en la prestación de los servicios de salud de los colombianos.