Sigue lluvia de demandas contra el decreto que excarcelaría a integrantes de la primera línea; víctimas de los desmanes en las protestas piden justicia

En la mañana de este viernes, los abogados Carlos Flórez, Miguel Parra y Daniela Fajardo llegaron hasta el Consejo de Estado acompañados de víctimas de la primera línea para presentar una demanda contra el decreto que expidió el presidente Gustavo Petro y que liberaría a detenidos de ese grupo que cometió supuestos delitos en las protestas de 2021.

SEMANA conoció en exclusiva el documento radicado por los abogados ante el Alto Tribunal. Se trata de una acción de nulidad por inconstitucionalidad y por ilegalidad contra el decreto que crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que es el comité que revisará cada uno de los casos de los jóvenes, que ahora serán voceros de paz.

Los abogados argumentan que el contenido del decreto vulneraría el principio de separación de poderes, interfiere en la rama judicial, usurpa al Congreso, desnaturaliza el derecho a la manifestación y vulnera el derecho a la igualdad y acceso a la justicia. Reclaman que se perjudica el principio de información y participación ciudadana al no publicarse el borrador para comentarios y observaciones y que adolece de falsa motivación.

“Hoy el presidente Petro ha anunciado la liberación de 7 de los más de 50 miembros de la primera línea que pretendería liberar bajo el argumento de que merecen estar en Navidad con sus familias. Ignora el presidente que cientos de víctimas de la primera línea y sus familias no podrán gozar de este privilegio, como es el caso del capitán Solano, quien fue asesinado por la primera línea y este 24 de diciembre en Navidad, cumplía sus 36 años”, aseguró el abogado Carlos Flórez a la salida del Palacio de Justicia.

Flórez afirmó que no se puede olvidar que la primera línea es responsable de distintos delitos y violaciones de derechos humanos. Además de los miles de bloqueos que generaron desabastecimiento y afectaron la economía del país y el asesinato de policías y civiles. “Incluso murieron bebés por culpa de esos bloqueos (...). Si hoy el presidente decide quién sale de la cárcel, mañana podrá decir también quien entra”, aseguró el abogado.

Por su parte, SEMANA conoció el testimonio de varias víctimas que acompañaron esa demanda en el Consejo de Estado. Uno de ellos es un ciudadano de Kennedy que se ha visto afectado por la primera línea, quien prefirió guardar su identidad por temor a represalias.

“Me encuentro apoyando la radicación de la demanda en contra de la liberación de los integrantes de la primera línea. Ese decreto vulnera los derechos de todos los ciudadanos que fuimos afectados en Kennedy y en el Portal de las Américas. Sentíamos vulnerados nuestros derechos y no podíamos sacar a nuestros niños a los colegios y salir a comprar alimentos”, afirmó la víctima. Reclamó que quienes no estaban de acuerdo con las ideas de la primera línea eran amenazados.

Por su parte, Pilar Rodríguez, otra de las víctimas de la primera línea, dijo estar angustiada por la noticia de que el presidente Petro vaya a sacar a los miembros de ese grupo para ser gestores de paz.

“Yo fui víctima de ellos. Hago contenido para redes sociales. Alzo mi voz en lo que no estoy de acuerdo, por mi país. Y estos de estos de la primera línea fui víctima, me amenazaron, me enviaron fotos de la casa, que me iban a poner una bomba, me escribieron cosas horribles que no se imagina. Viví días de terror, no solo yo, también mi familia. Y saber que ahora van a estar en la calle como gestores de paz me angustia, me da mucho temor. No me imagino a las otras personas que también fueron víctimas”, reclamó Rodríguez.

Además de esta demanda, ya se han presentado recursos similares. Sin embargo, tendrían vías distintas. Por ejemplo, el representante uribista José Jaime Uscátegui presentó una petición de suspensión del decreto que excarcelaría a los integrantes de la primera línea mientras que se resuelve una demanda contra la ley de paz total aprobada en el Congreso y que le dio las facultades extraordinarias al presidente. Asimismo, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, presentó otra demanda por inconstitucionalidad contra el mismo decreto.