Suicidio médicamente asistido: fundaciones para morir dignamente solicitan que sea incluido en proyecto de eutanasia ¿Se puede hacer?

Un día después de que la Comisión Primera de la Cámara aprobara, en el primero de cuatro debates, el proyecto de ley que habilita la eutanasia en Colombia, algunas fundaciones que defienden el derecho a morir dignamente hicieron una solicitud: incluir en esta iniciativa la regulación del suicidio asistido médicamente, otro tema de gran polémica en el país.

La solicitud la hizo el abogado Lucas Correa Montoya, director de investigaciones de la Fundación DesLAB, quien ha acompañado jurídicamente varios casos de ciudadanos que quieren acceder a este procedimiento por razones médicas y para ponerle punto final a sus padecimientos.

Correa Montoya le dijo a SEMANA que el proyecto de ley sobre la eutanasia es el “más juicioso” que se ha presentado en “25 años” de “deuda legislativa en este tema”, pero que hay algunos elementos “que necesitan ser pulidos” y que “uno de ellos es la ausencia del suicidio médicamente asistido”.

El abogado afirmó que como el proceso legislativo para la iniciativa “apenas está comenzando, es un buen momento para llamar la atención de los congresistas para robustecer y fortalecer el proyecto de ley”.

Un segundo aporte que Correa cree que debería tener la iniciativa es “la reglamentación del procedimiento”. En este sentido, el jurista cree que el proyecto debe determinar cómo será la recepción de las solicitudes “para tramitarlas en el marco del sistema de salud”, que es donde se “materializa el derecho”, por lo que, para él, “no es algo que se deba dejar para que el Ministerio de Salud lo reglamente”.

De acuerdo con la Fundación DesLAB, el suicidio médicamente asistido es cuando “la persona causa su propia muerte por medio de dosis letales de un medicamento que le provee o formula también un médico”.

Entre tanto, “la eutanasia es el procedimiento mediante el cual un profesional de la medicina –siempre debe ser un médico– causa la muerte de una persona que cumple con los requisitos legales”.

El proyecto de ley aprobado en la Comisión Primera de la Cámara en primer debate contempla la regulación del “acceso al derecho fundamental a la muerte digna en la modalidad de muerte médicamente asistida” y garantiza “la seguridad jurídica de las personas involucradas en el procedimiento por medio del cual se aplica” este proceso, pero no habla puntualmente de la otra modalidad.

En mayo pasado, la Corte Constitucional falló a favor de la Fundación DesLAB un recurso en el que se pedía que “cuando un profesional de la medicina presta una ayuda para que otra persona ponga fin a su vida bajo ciertas condiciones, no recibirá un castigo penal”. Esto fue interpretado como la despenalización del “suicidio médicamente asistido”.

Según los ponentes de la iniciativa que se tramita en el Congreso sobre la eutanasia y en que se está pidiendo que se incluya esta otra modalidad, hay varios países en los cuales está regulada y otros en los que se está tramitando, pero siempre bajo ciertas condiciones médicas.

En estados de Estados Unidos como California, Columbia, Colorado, Hawai y Maine, por ejemplo, se habla de “suicido asistido mediante administración de medicamentos letales” y “se permite auto administración”.

En estos lugares los requisitos que se piden para acceder a estos procedimientos son “ser residente en el Estado”, padecer una “enfermedad terminal con pronóstico de seis meses de vida o menos” y “tener capacidad física y mental para decidir”.

Sin embargo, el países como Colombia el tema es muy polémico y apenas se están dando los primeros pasos para la habilitación de la muerte asistida, asuntos en los cuales la Corte Constitucional ha exhortado al Congreso para legislar.

En el Congreso pasado, el exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Fernando Reyes Kuri presentó tres veces el proyecto de ley para regular la eutanasia y las tres veces la iniciativa fue archivada por la mayoría de sus colegas.

Temas como la objeción de conciencia de los médicos para la práctica de estos procedimientos o el impacto que tienen estas decisiones dentro de la opinión pública colombiana frenaron a las mayorías partidistas para avanzar en estas iniciativas legislativas.

Por el momento, lo que se aprobó en el Congreso es la regulación de la “muerte médicamente asistida” y no para el “suicidio médicamente asistido”, dos prácticas que tienen su diferencias y que, seguramente, generarán polémica en los debates que restan de la iniciativa legislativa.