Taurinos emprenderán batalla legal para revivir las corridas. Se avecina una avalancha de demandas en la Corte Constitucional

Colombia se sumó a la lista de países de la región que prohibió los espectáculos taurinos. Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Guatemala también le dijeron no más a la tauromaquia, sin contar con naciones de otros continentes. Al margen de las discusiones políticas y jurídicas que el tema genera, el 28 de mayo de 2024 pasará a la historia como el día en que la Cámara de Representantes aprobó en último debate esa iniciativa de autoría de la senadora Esmeralda Hernández.

Durante varios años se hicieron intentos para prohibir las actividades taurinas, pero nunca se había logrado avanzar y las iniciativas naufragaban por falta de respaldo. En esta ocasión, todo fue diferente por las condiciones que se plantearon para que se hiciera de manera progresiva.

Ese argumento convenció a aquellos que no estaban seguros, pero irónicamente podría convertirse en la piedra en el zapato. Los indecisos creyeron en la reconversión laboral para las personas que viven de la actividad taurina, en la progresividad para la prohibición y en el respaldo del Gobierno Petro.

Sin embargo, los taurinos advierten que nada de esto se tuvo en cuenta y que los engañaron para conseguir los votos. Ana Rogelia Monsalve, representante a la Cámara, quien desde ya anunció una demanda en la Corte Constitucional si el texto es conciliado, dijo que el proyecto quedó mal redactado y que no se tuvieron en cuenta los derechos laborales de quienes viven de la tauromaquia.

“Hay evidentes vicios en el trámite y el debate se debió dar por las Comisiones Primeras, ya que se eliminaron derechos laborales. No se hicieron audiencias en las regiones, acaban con el reglamento taurino, que es una ley de la república, y miles de familias quedarán sin empleo”, dijo la congresista.

A su juicio, el proyecto tiene un mico que nadie notó: en el artículo que habla de la progresividad de tres años para prohibir las corridas, se incluyó un parágrafo en el que los ministerios de Ambiente y de Cultura tendrán dos meses para reglamentar la ley a partir de la sanción presidencial.

Eso significa, según la congresista, que las corridas serían prohibidas este año y que engañaron a la Cámara de Representantes. Christian Garcés, representante del Centro Democrático, reconoce que fueron derrotados en democracia, pero alerta sobre las falencias de la iniciativa, ya que no hay claridad sobre cuánto costará esa reconversión laboral, no se tiene el dato exacto de cuántas personas dependen de la actividad taurina, ni mucho menos qué se hará en las zonas rurales donde la tauromaquia impulsa la economía.

“Los toreros y quienes dependen de esta actividad pedirán a la Corte Constitucional que se les respete su derecho al trabajo, y las comunidades que tienen arraigo cultural van a demandar también la ley para pedir respeto por su cultura”, dijo. Los dos congresistas coinciden en que la falta de claridad sobre aspectos tan importantes podría tumbar la ley por cuenta de que el Estado no estaría en capacidad de hacerse cargo de estas familias.

Según la representante Monsalve, un concepto del Ministerio de Hacienda demuestra que no hay plata para que el Estado asuma la reconversión laboral ni mucho menos para acoger a las familias que viven de las actividades taurinas. Por esa razón, ese tema económico será incluido en la demanda ante la Corte.

El ganadero Alberto Cediel está de acuerdo con que el proyecto aprobado no es claro y se pregunta qué harán con el ganado de lidia, ya que la iniciativa plantea una indemnización o entrega de los toros a una reserva animalista. Explicó que se necesitarían unas 100 fanegadas para poder tener unas 13.000 reses. “¿Cómo van a meter y mantener a estas reses? ¿Estarán fiscalmente listos?”.

Otro escenario que maneja el ganadero Juan Carlos Barbero es que, con la aplicación de la ley, de inmediato tendrá que sacrificar a sus toros, pues por los altos costos de mantenimiento ya no tiene sentido conservarlos. “Solo en Santa Bárbara serán más de 200 animales que terminarán en el matadero. Son unos genios estos animalistas”, dijo.

El representante Octavio Cardona cree que con esta ley podría pasar lo mismo que con el Ministerio de la Igualdad, pues se aprobó un texto sin tener en cuenta aspectos clave para poder cumplir con lo aprobado. “Nadie dijo cuánto vale la reconvención laboral plasmada en el proyecto, lo cual puede viciar el trámite por ausencia de viabilidad y sustentabilidad fiscal”.

La representante Juana Carolina Londoño también anunció otra demanda por lo que, según ella, acarreará la prohibición en Cali y Manizales, ciudades tradicionalmente taurinas.

“Muchas familias quedarán sin empleo en una tradición que se había reconocido en ciudades tales como Manizales y Cali, regiones taurinas. Ahora será la Corte Constitucional quien decida el futuro de la tauromaquia en Colombia. Queda esperar esa revisión y el avance de otro proyecto de ley que busca la regulación de las prácticas taurinas sin el elemento de la prohibición”.

Sin embargo, quienes promovieron la ley están tranquilos y aseguran que todo quedó ajustado para que en los tres próximos años los toreros, picadores, banderilleros y quienes vivan de la tauromaquia tengan otras oportunidades. Alejandro García, ponente de la iniciativa, dijo que estas personas serán tenidas en cuenta para la transición económica y que el Dane deberá recopilar la estadística de individuos y familias que reciban ingresos por la actividad.

“Una vez se promulgue la ley, el Gobierno tendrá tres años para diseñar e implementar las rutas y programas de atención a estas familias para su reconversión económica y laboral. Esa será una tarea que entidades nacionales tendrán que articular con entidades territoriales, asegurándose de que todos aquellos que comprueben que derivan su sustento de la tauromaquia queden cobijados con las medidas establecidas por el Ejecutivo”.

Según García, los taurinos podrán formar parte de las actividades culturales, de arte, deporte y conciertos que se harán en las plazas de toros del país, aunque no especificó cómo lo harían. Por ejemplo, no contó qué podría hacer un mayoral de una finca ganadera en esa reconversión económica.

La senadora Esmeralda Hernández aseguró que el trámite no estuvo viciado y que se ofrecieron todas las garantías para que los taurinos tuvieran otras oportunidades laborales. Además, indicó que Colombia debe avanzar en materia de protección animal y que este es un primer paso para acabar con los espectáculos en los que maltratan seres vivos.

“La tortura de toros no puede seguir. Cada vez son menos países donde hay corridas y entiendo el malestar de los taurinos, pero era una ley necesaria. Después de 2027, estas actividades serán un delito y las plazas se usarán para otras actividades culturales”.

Aclaró que durante todo el trámite hubo información errada para intentar hundir su proyecto de ley y que se crearán santuarios para proteger al toro de lidia y conservarlo hasta su muerte natural. “Los ganaderos serán llamados para conversar y no es cierto que deban matar los toros. Todo será un proceso de transición, vendrán demandas, pero tenemos toda la tranquilidad, porque es un proyecto constitucional y daremos la pelea”.

César Rincón, torero y ganadero colombiano, dijo que la prohibición lo tiene triste y adolorido; además, se preguntó por qué únicamente atacan a la tauromaquia. “Hablo de las corralejas, peleas de gallos, el coleo. ¿Por qué no los prohíben? Es una conveniencia, seguramente, porque la tauromaquia no da votos, es un programa de gobierno, es como si fuera una cortina de humo que han puesto allí para tapar 80.000 cosas”. Mientras todo esto ocurre, en Bogotá los novilleros del país entraron en una huelga permanente y estarán en la plaza de toros La Santamaría hasta que haya algún pronunciamiento y puedan seguir ejerciendo su labor.

Las plazas de toros de Manizales y Cali también preparan demandas ante los perjuicios que podrían tener. Antes del 20 de junio el proyecto deberá ser conciliado y posteriormente será sancionado por el presidente Gustavo Petro. La Corte Constitucional tendrá la última palabra.