‘Tiembla’ el Servicio Geológico Colombiano: denuncian maltrato, acoso laboral, barrida de contratistas y malos manejos

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que investiga el potencial de recursos del subsuelo y monitorea amenazas de origen geológico, como temblores y movimientos telúricos. Se trata de una entidad en la que prima lo técnico y la política no influye. Una muestra de eso es que el ingeniero Óscar Paredes la dirigió por 11 años y dos gobiernos.

Sin embargo, la llegada de Irene Vélez cambió todo para funcionarios de carrera con hasta más de 20 años de experiencia. Bajo el mando del nuevo director, el geólogo, académico y activista ambiental Julio Fierro, ha cambiado drásticamente la estructura organizacional. Las denuncias apuntan a que dejaron en segundo plano a aquellos trabajadores con décadas de experiencia y se ha generado un ambiente de trabajo altamente hostil, con denuncias de vulneraciones a los derechos de las personas.

SEMANA conoció la denuncia de Ana Paola Riveros, coordinadora de Participación Ciudadana y Comunicaciones, y de Fanny Salazar, secretaria ejecutiva en laboratorios, quienes aseguran que fueron retiradas forzosamente de su oficina el pasado 7 de febrero.

De acuerdo con las funcionarias de carrera, iban a ser trasladadas a otras áreas por una reestructuración. A pesar del inminente cambio, Salazar, con más de 25 años de trabajo en el SGC, solicitó ocho días hábiles para capacitar a quien la iba a reemplazar en el cargo, pedido que ninguno de sus superiores respondió.

Un día antes, un contratista le dijo a Salazar que tenía que desalojar la oficina urgentemente, dado que iba a hacer modificaciones en esta por orden de María Alejandra Quintero, secretaria general de la entidad. “Dijo que era una orden estricta de ella. Nosotros convocamos a un representante del sindicato y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dijeron que debíamos sacar todo y le dije que no. Quedamos con hacer una reunión, fue un compromiso; nunca se hizo. En vista de que a otros les ha pasado que encuentran sus cosas en el piso porque los sacan deliberadamente de las oficinas, hicimos un video para registrar cómo quedaron las oficinas antes”, relató Salazar.

SEMANA se comunicó con un trabajador de servicios y constató que, a eso de las 7:00 p. m., después del horario laboral, contratistas ingresaron a la oficina forzando las cerraduras de las puertas y rompiendo una ventana. Al día siguiente, este medio evidenció que retiraron los computadores de trabajo y, en el caso de Salazar, sus objetos personales fueron arrojados al piso.

Además, derribaron una pared que correspondía a un cuarto de lactancia y retiraron la división en la oficina. “Está destruida”, dijo la trabajadora.

Todas las pertenencias de la funcionaria se llenaron de pedazos de yeso y polvo, dado que no tuvo la oportunidad de retirarlas. Entre los objetos que terminaron en el piso está una carpeta de Salazar, en la cual archivaba una denuncia por acoso laboral contra la secretaria general de la entidad.

“Al Comité de Convivencia llegó una queja de una funcionaria por maltrato. Los demás son anónimos y gente que comenta en pasillos, pero el tema de desasosiego y golpe a la moral en la entidad es terrible. No denuncian porque tienen miedo y me lo dicen. Las personas que dicen algo, si son contratistas, no les dan el contrato. Si son funcionarios de carrera, los cogen en la mala”, manifestó la funcionaria.

Por otro lado, Riveros pidió trabajo en casa por una enfermedad degenerativa que afecta su sistema inmunológico y no le permite contacto con otras personas en la oficina. Al día siguiente, fue notificada de su traslado al área jurídica de la entidad, resolución a la que presentó un recurso para que se replanteara la situación.

Riveros asegura que ni siquiera la notificaron sobre la intervención a su oficina. “No vino nadie a decirme que tenía que irme. Ahora no puedo trabajar, no tengo computador o teléfono. Soy quien gestiona las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la entidad, me quitaron el acceso al correo desde el jueves. La atención a la ciudadanía está frenada”, manifestó.

SEMANA conoció dos cartas de renuncia de funcionarios con más de una década en el SGC que coinciden en una inconformidad hacia las acciones de María Alejandra Quintero, secretaria general de la entidad.

De acuerdo con los textos, denuncian “acoso laboral, abuso de poder y presión indebida” a personas que ocuparon cargos técnicos. Además, se oponen a las formas en las que se están estructurando los grupos, quitándoles responsabilidades a personas experimentadas. Este medio también se comunicó con funcionarios y trabajadores a quienes no se les renovó el contrato tras casi diez años de labores. En otros casos, algunos esperan su renovación mientras laboran sin tener seguridad de que continuarán.

Afirman que, antes de posesionarse oficialmente, Quintero ejercía presiones en los trabajadores de la entidad.

“Fierro se ausentó unos días y llega Quintero, que no se había posesionado. Todo el mundo le corría porque iba a ser la nueva secretaria, por eso le dijo a Talento Humano que le dijera a la antigua secretaria general que trabajaba hasta ese día. Así fue, ella llevaba ocho o nueve años en la entidad”, dijo un excontratista.

Además, denunció que la barrida de funcionarios se debe a que Quintero, encargada de la contratación, quiere fichas cercanas en la administración. En ese sentido, SEMANA pudo constatar que bajaron los estándares para los contratos de prestación de servicios, los cuales, para el rango salarial máximo, requerían ocho años de experiencia profesional gerencial y un doctorado. Ahora, bajo esta administración, solo se requiere una especialización y poco más de tres años de experiencia. “Cualquier persona que osara decirle a la secretaria que algo no se podía hacer, al día siguiente era trasladado. Hay muchos. Un experto en aguas, por refutar a la señora, lo mandaron al museo”, manifestó.

Otro funcionario técnico, con décadas de trabajo en la entidad, asegura que también existe confusión sobre las labores a realizar. “Hasta el momento, ninguno de los de planta sabe qué tiene que hacer este año. Los de contrato están llegando nuevos, que no sabemos cuáles son los objetos de sus contratos porque no hay frentes de trabajo”, dijo.

La orden, según el funcionario, es que ellos mismos definan actividades: “Es el colmo, si una institución tiene contratistas son para apoyo a la gestión y para objetivos concretos, no porque sí. Hay cosas que rayan mucho en la corrupción. Uno contrata cuando lo necesitan”.

El panorama del Servicio Geológico Colombiano, bajo la autoridad de la secretaria general de la entidad, es, para muchos funcionarios, un régimen anárquico en el que pocos saben qué hacer. “Se vienen demandas”, afirma un abogado que ya no está vinculado al SGC.

SEMANA consultó al Servicio Geológico Colombiano acerca de las denuncias de los trabajadores sobre la secretaria general, y respondió que en su poder solo hay una denuncia.

Según la entidad, la denunciante “ha manifestado su desacuerdo con las nuevas políticas y la visión de cambio que tenemos, principalmente por su traslado a un área más acorde con su perfil y formación”.

Sobre la intervención de la oficina, la entidad asegura que había comunicado la adecuación y que se hizo de noche para no interrumpir trabajo: “Es importante aclarar que ningún funcionario público puede mantener cerrado su puesto de trabajo y disponer de las llaves”.

Los cambios en los contratistas, de acuerdo con el SGC, “han ocurrido solo en algunos grupos de apoyo en los que se detectaron oportunidades evidentes de mejora para el cumplimiento de los objetivos de la entidad”.