Tensiones entre la Casa de Nariño y la Cancillería: estos son los episodios que han generado diferencias, ¿qué está pasando?

En las últimas semanas, dos de las dependencias más poderosas del Estado, la Casa de Nariño y la Cancillería, han tenido varias tensiones que dejan ver el ambiente que se vive en el Gobierno nacional frente algunos de los episodios que más han generado ruido.

El caso más reciente se dio por cuenta de la polémica por la millonaria licitación, cercana a los 600 mil millones de pesos, que abrió la Cancillería para garantizar la elaboración de pasaportes en Colombia.

Aunque la Cancillería ha intentado demostrar que el proceso cuenta con todas las garantías, lo cierto es que cada vez aparecen más peros a la licitación y todos los oferentes concluyen que el ministro Álvaro Leyva estaría favoreciendo a la empresa Thomas Greg & Sons, que lleva más de quince años con ese contrato.

Después de suspender el proceso y reanudarlo con unos supuestos cambios, los oferentes insistieron en que la Cancillería no hizo modificaciones de fondo y, así como están las cosas, la única empresa que podrá cumplir con todos los requisitos es Thomas Greg & Sons, lo que en Colombia se llamaría un pliego sastre o hecho a la medida.

Y eso fue justamente lo que ocurrió el pasado 12 de julio, cuando solo aparecieron dos oferentes a la audiencia de entrega de propuestas: el grupo de Thomas Greg y el llamado grupo Cadena. Pero este último grupo alegó que existiría un presunto direccionamiento de la licitación y se negó a entregar toda la documentación, lo que llevaría a que el proceso tenga un solo oferente: Thomas Greg & Sons.

Todo lo sucedido con esta licitación ha generado incomodidad en la oficina jurídica de la Presidencia, a cargo de Vladimir Fernández, quien incluso envió mensajes a la Cancillería comentando sus inquietudes, especialmente por la falta de pluralidad de oferentes en el proceso.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores insiste en que todo se ha llevado de manera transparente y objetiva, según los principios de contratación.

Fuentes de la Cancillería le confirmaron a esta revista que sí ha habido comunicación con la Casa de Nariño sobre esta licitación, pero que todo ha sido dentro del respeto y por los canales establecidos.

Sobre Benedetti

Apenas 15 días antes de este suceso, se produjo otra tensión entre la Cancillería y la Presidencia de la República, que involucró directamente al canciller Álvaro Leyva y al presidente Gustavo Petro.

Todo se dio por cuenta de la decisión que se tomó en el Gobierno nacional de ampliar el plazo de entrega del cargo del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hasta el 19 de julio de 2023.

Uno de los principales argumentos para tomar la decisión es que, “con posterioridad a la aceptación de dicha renuncia, el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda manifestó que no le es posible hacer entrega efectiva del cargo dentro del plazo inicialmente previsto, debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionados con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con su cargo diplomático”, señala el decreto.

Lo que más llama la atención es que, desde el pasado 2 de junio, Benedetti presentó su renuncia al cargo, en medio del escándalo de los audios revelados por SEMANA en los que el embajador y la exjefa de gabinete Laura Sarabia conversan sobre un supuesto dinero que habría ingresado a la campaña presidencial de Petro.

No obstante, llamó la atención que este decreto no estaba firmado por el canciller Álvaro Leyva. Según conoció SEMANA, el ministro se negó a firmar el documento al considerar que Benedetti no es una persona idónea para un cargo diplomático; incluso, lo llamó “drogadicto” en su momento.

El asunto es que la orden de prolongar el período de Benedetti vino directamente del presidente Petro, por lo que fue el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, quien tuvo que firmar el documento. Se aprovechó que ese 20 de junio Leyva estaba con Petro en Francia para que Salazar firmara el decreto.

El embajador de Colombia en Nicaragua y su polémica

El otro episodio que demostró las diferencias de criterios que existen entre las dos entidades fue con lo sucedido con el embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, quien enfureció a gran parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro porque apareció en una marcha de respaldo a la dictadura de Daniel Ortega y mostró su respaldo al régimen de Daniel Ortega.

A pesar de que el ministro Leyva estaba muy molesto e incluso se pensó en sacarlo del cargo, desde la Casa de Nariño pidieron revisar con más calma la situación, por lo que Muñoz, si bien fue reconvenido, no saldrá del cargo, por ahora.

A Muñoz redactaron un memorando en su contra con copia a la hoja de vida y lo sometieron a una reinducción diplomática. Recordemos que todos los funcionarios, antes de posesionarse en embajadas y consulados, deben hacer un curso que les orienta ciertas normas de conducta en sus países de destino. En el caso de Muñoz, deberá nuevamente someterse a los talleres. Pero seguirá en su cargo como diplomático en Nicaragua.