Thomas Greg, la firma que atormenta a Petro: le costó la destitución a Álvaro Leyva y distanció al registrador con Oficina de Transparencia

Thomas Greg & Sons se convirtió en una pesadilla para el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien llegó al gobierno el 7 de agosto de 2022 obsesionado con atravesarse a todas las contrataciones que pudieran, eventualmente, beneficiar a la firma que históricamente ha manejado millonarios recursos de la Registraduría y el abultado contrato de los pasaportes en el país.

El primer enfrentamiento que sostuvo Petro con Thomas Greg fue cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores adelantó la licitación pública para contratar la expedición de los pasaportes en Colombia. El entonces canciller Álvaro Leyva, obedeciendo a los principios del presidente, se atravesó y le quitó de las manos el millonario contrato a la firma. Thomas Greg no se quedó quieta y anunció una multimillonaria demanda contra el Estado.

“No conciliaré con Thomas Greg”, le reveló Leyva a SEMANA el 16 de diciembre de 2023.

Esa posición jurídica le costó al excanciller un desgaste político al interior del Gobierno. Aunque obedeció órdenes de Gustavo Petro, se alejó de varias figuras de la Casa de Nariño, entre ellas, la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien conceptuó que el contrato debía adjudicarse, pese a la petición del presidente. Ella salió de su cargo y Leyva se sostuvo en medio de la controversia.

Sin embargo, los problemas llegaron. La Procuraduría suspendió por tres meses a Álvaro Leyva, lo separó del cargo y él no tuvo otra alternativa que defenderse desde la distancia e insistir en que Thomas Greg & Sons no podía beneficiarse de más contratos del Estado. La suspensión se extendió y el líder conservador no pudo regresar a su cargo. Este martes 12 de noviembre, el organismo disciplinario, en un fallo de primera instancia, lo destituyó para ejercer cargos públicos durante diez años.

Desde el mismo momento en que salió de la Cancillería, Álvaro Leyva fue reemplazado por una figura política que llegó para quedarse: el hoy canciller Luis Gilberto Murillo.

Inicialmente se habló de un encargo, pero desde que Murillo pisó el Palacio de San Carlos cambió los cuadros y la forma de la oficina privada del canciller. “Él llegó para no irse”, le dijo en su momento a SEMANA el entonces secretario general, José Antonio Salazar. Y así fue.

Murillo llegó al cargo y le concedió, a través de una resolución, la facultad a Salazar para que firmara la licitación en favor de Thomas Greg & Sons pero, sorpresivamente, declinó a esa posición y la firma privada quedó en el limbo. Salazar fue retirado del cargo porque —a juicio del Gobierno Petro— defraudó la confianza.

Para infortunio del Gobierno Petro, por temas de logística, Thomas Greg sigue hoy al frente de la expedición de pasaportes. El propio canciller Luis Gilberto Murillo confirmó que el Gobierno llegó a un acuerdo con Thomas Greg & Sons para prorrogar contrato de pasaportes hasta septiembre de 2025.

Separar a Thomas Greg del contrato supone, al menos de momento, un desorden en la expedición del documento diplomático.

Thomas Greg también atormenta a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. El secretario Andrés Idárraga hizo fuertes advertencias sobre un contrato por más de 41.000 millones de pesos en la Registraduría con la que se buscaba suplir soluciones logísticas, tecnológicas, informáticas y de servicios para los procesos electorales de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y consultas populares en el suroccidente de Colombia y en el área metropolitana del Piedemonte Amazónico.

Idárraga se opuso a que dicha licitación la ganara la Unión Temporal Disproel 2024, de la que hace parte Thomas Greg & Sons. Sin embargo, la Registraduría otorgó el contrato, mientras la Secretaría de Transparencia anunció investigaciones y envió las denuncias a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.

Ese hecho generó un distanciamiento entre el registrador, Hernán Penagos, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. El primero insiste en la independencia y en que su entidad sólo responde a los organismos de investigación penal, fiscal y disciplinaria.