El descaro de Timochenko, quien llegó a ser uno de los peores criminales de Colombia, quiere que a ex-Farc los reconozcan como víctimas, “nos obligaron a una guerra”

A pesar de que los líderes de la antigua guerrilla de las Farc fueron perpetradores de graves delitos, como el secuestro y el reclutamiento de menores, conductas que ahora están reconociendo ante la JEP en calidad de victimarios, ahora pedirán que sean reconocidos también como víctimas del conflicto.

El anuncio lo hizo el que fuera hasta hace pocos años el máximo líder de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien reveló que están analizando pedirle a la JEP que también sean incluídos como víctimas de la violencia del Estado.

La declaración se dio luego de conocerse la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de condenar al Estado colombiano por el exterminio del Partido Unión Patriótica (UP), partido que nació tras la firma de un proceso de paz.

En la decisión se consideró que existió una responsabilidad directa y una grave omisión para frenar estos hechos que iniciaron en el año 1984 y se extendieron por dos décadas.

En la lectura del fallo, que se extendió por más de una hora, el organismo internacional aseguró que el Estado violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia de los militantes de este partido político, reseñando que sus principales líderes, entre ellos dos candidatos a la Presidencia, fueron asesinados y otros tuvieron que buscar protección y asilo en otros países para proteger su vida y la de sus seres queridos.

Por ello, Londoño indicó que solicitarán a la JEP la apertura de un macrocaso sobre los crímenes responsabilidad del Estado.

“La UP nació de un acuerdo entre el estado y las extintas Farc, ahora que se conoce la responsabilidad del estado en dicho genocidio es necesario que la JEP abra un macrocaso sobre la responsabilidad del estado en los crímenes de guerra y lesa humanidad”, afirmó.

Además, aseguró que los excombatientes de las Farc también se consideran víctimas de estos “crímenes de Estado”, pues fue lo que los “obligó a una guerra”.

“Nosotros vamos a considerar la posibilidad de ser reconocidos como víctimas ante la JEP porque esos crímenes no sólo afectaron a los más de 6.000 asesinados y desaparecidos sino que nos obligó a una guerra que se prolongó por más de 25 años que nos hubiéramos ahorrado”, reveló el presidente del Partido Comunes.

Londoño también le pidió al presidente Gustavo Petro “atender a las víctimas de los crímenes del Estado y echar a tierra las políticas de guerra que tantas víctimas han dejado”.

La millonada que tendrá que pagar el Estado

Reparar a las víctimas, este es uno de los puntos centrales del fallo emitido este lunes en contra del Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los hechos que rodearon el exterminio de la Unión Patriótica (UP), el cual comenzó a mediados de la década de los ochenta y se extendió por dos décadas.

En la decisión se dan una serie de órdenes al Estado para proteger la memoria de las víctimas de este exterminio político, así como acciones para que se reanuden las investigaciones y se tomen decisiones de fondo. “El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica”.

Igualmente, se dieron instrucciones precisas para reparar material y moralmente a las víctimas de esta persecución, entre ellos, a la familia del dirigente político Miguel Ángel Díaz, quien fue desaparecido en el Magdalena Medio. Esta acción provocó que su esposa e hijos menores de edad tuvieran que buscar asilo en España.

En este caso puntual, el organismo internacional dispuso un pago, por una sola vez, “de una cantidad de 10.000,00 dólares (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno, la cual ha sido fijada en equidad por el desplazamiento que sufrieron”.

Igualmente, se fijó la indemnización de 15.000 dólares “por la pérdida de sus viviendas o tierras” a 1.596 víctimas de desplazamiento forzado.

Increíble: pese a su prontuario criminal, Timochenko dice que muerte de Alfonso Cano fue un “falso positivo”

Colombia todavía no ha superado las divisiones que dejó el resultado del plebiscito en el que ganó el No y mucho menos las diferencias políticas generadas por el Acuerdo de Paz, que finalmente se firmó con las extintas Farc-EP durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Ahora, un nuevo capítulo se escribe por quienes recibieron beneficios del Estado así como la bondad de muchos colombianos que los aborrecieron durante la guerra: quieren acreditarse como víctimas del conflicto.

Precisamente, Rodrigo Londoño, quien fue conocido en la guerra como Timochenko, publicó una serie de trinos que han generado indignación porque dan muestra de lo que los excomandantes guerrilleros quieren buscar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A pesar de que Timochenko conoció y ordenó graves delitos, como secuestro, asesinatos y reclutamiento de menores, conductas que ahora están reconociendo ante la JEP en calidad de victimarios, pedirá que él y otros ex-Farc sean reconocidos también como víctimas del conflicto.

Aunque parezca increíble, el excomandante de las Farc argumentará que la extinta organización guerrillera fue víctima del Estado y que prácticamente los obligaron a delinquir desde las montañas de Colombia. Además, el presidente de Comunes asegura que el extinto excriminal Alfonso Cano debe ser reconocido como un falso positivo.

“Contra las Farc-EP se realizaron ejecuciones extrajudiciales. No son pocos los casos en que el Estado asesinó a guerrilleros capturados y puestos fuera de combate. Así fue el falso positivo de Alfonso Cano, un hombre de 63 años y casi ciego, asesinado en estado de indefensión”, dijo Londoño.

Como si esto fuera poco, Timochenko en una serie de trinos acusó al Estado de cometer violaciones a los derechos humanos y perseguir a las familias de los exguerrilleros, por lo que reveló que entregó a la JEP un informe con más de mil páginas donde documentan “toda clase crímenes del Estado contra el conjunto de la organización”.

Londoño afirma que la fuerza pública usó “patrones criminales” para combatirlos y lanzó una serie de acusaciones sin prueba alguna. “La fuerza pública persiguió, despojó, torturó, extorsionó, asesinó, detuvo arbitrariamente a familiares de guerrilleros y comunidades señaladas de ayudar a las extintas Farc-EP con la finalidad de obtener información, castigar o enviar un mensaje contra la insurgencia”, sostuvo.

Además, indicó que durante la negociación en La Habana (Cuba) se acordó “un sistema de justicia para jamás repetir la historia, sin intercambiar impunidades ni evadir responsabilidades. Es momento de que los máximos responsables por los crímenes del Estado en la ejecución de la política contrainsurgente digan la verdad en la JEP”.

Sin embargo, Timochenko no hace alusión alguna a su prontuario criminal y a los vejámenes que cometió la organización que dirigió por varios años y que fueron frenados por cuenta del Acuerdo de Paz.

Tampoco habla de las víctimas del conflicto que aún esperan verdad, reparación y, sobre todo, arrepentimiento de quienes le hicieron tanto daño a Colombia.

La postura de Timochenko se da luego de conocerse la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de condenar al Estado colombiano por el exterminio del Partido Unión Patriótica (UP), colectividad que nació tras la firma de un proceso de paz.

Por ahora, no se conocen las pretensiones de esta postura de Timochenko, pero integrantes del Partido Comunes aseguran que serían económicas y que él habló de una reparación del Estado.

De hecho, la postura de Londoño no es compartida por toda la militancia, pues algunos consideran que hacer esa petición ante la JEP sería anticipar una muerte política ya que en 2026 se acabarán las diez curules que tienen en el Congreso de la República y muchos se preguntan si los colombianos los respaldarán electoralmente.