Todo listo para que Adriana Córdoba, esposa de Antanas Mockus, sea embajadora de Colombia en Dinamarca

Adriana Córdoba Alvarado, exsecretaria de Planeación de la alcaldía de Claudia López y esposa del excandidato presidencial Antanas Mockus, sería la embajadora de Colombia ante el Reino de Dinamarca. Su hoja de vida se encuentra publicada en la página de Aspirantes de la Presidencia de la República, paso previo al nombramiento.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro venía teniendo problemas en torno a la elección del nuevo líder de dicha misión diplomática. En primer lugar, se había pensado en el exrepresentante Germán Navas Talero y se iniciaron los trámites para obtener el beneplácito del gobierno danés.

Sin embargo, en medio de polémica por comentarios machistas del excongresista, el nombramiento no se concretó y Duván Ocampo continuó siendo embajador encargado de negocios en el país europeo.

Después de once meses de interinidad, el Gobierno se decidió por la esposa del exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial.

Córdoba Alvarado es trabajadora social con especialización y maestría en planeación del desarrollo, urbana y regional. Tiene más de 23 años de experiencia laboral y ha ocupado varios cargos en el sector público.

Fue veedora distrital en la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, secretaria distrital de Planeación en la administración de Claudia López. Es actualmente miembro de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, y del Grupo Vanti.

Recientemente, fue nombrada miembro principal de la junta directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

El pasado mes de marzo, Mockus se reunió con el canciller Álvaro Leyva, encuentro del que quedó registro fotográfico. Hablaron principalmente de la ‘paz total’, política que el también copresidente de la Alianza Verde se comprometió a apoyar.

En su momento, Mockus le dijo al canciller que la única manera para que en Colombia haya paz real es a través de la cultura ciudadana, que implementó durante su mandato en la Alcaldía de Bogotá. Por esa razón, propuso al Gobierno Petro que analice la posibilidad de impulsar un proyecto en ese sentido para que la ‘paz total’ sea una realidad.

Armando Benedetti será investigado por presunta compra de votos en La Guajira

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema pidió investigar a Armando Benedetti por su presunta participación en la compra de votos en las elecciones al Senado en el año 2018. Esto, luego que fuera mencionado en medio de la indagación contra el exsenador Eduardo Pulgar Daza –quien actualmente cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por ofrecerle sobornos a un juez– por hechos de corrupción en Maicao, La Guajira.

El despacho del magistrado Marco Antonio Rueda hizo la respectiva compulsa de copias con el fin de que la Sala de Instrucción verifique la participación de Benedetti en los hechos ocurridos cuando era senador de la República. Debido a su fuero al momento de los hechos, el caso debe ser estudiado por el alto tribunal como lo establece la ley.

En el documento emitido el pasado 20 de junio se advierte que en el estudio de las pruebas practicadas (interceptaciones telefónicas) en la investigación contra Daza apareció el nombre del hasta hoy embajador de Colombia en Venezuela. “(...) Se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Alberto Benedetti Villaneda habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana al acudir a la compra de votos en el municipio de Maicao, La Guajira, de cara a las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2018″.

La compulsa de copias es muy clara cuando asegura que para la época de los hechos Benedetti buscaba repetir curul en el Senado para el período 2018-2022. El despacho del magistrado Rueda Soto envió a la Sala de Instrucción las grabaciones en las que aparece mencionado.

Por su parte, anunció que se seguirá realizando la investigación contra Pulgar Daza, quien fue sentenciado el 25 de junio de 2021 a 58 meses y 25 días efectivos de prisión como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho por ofrecer.

Esto después de aceptar que siendo congresista le ofreció 200 millones de pesos al juez promiscuo municipal de Usiacurí para que emitiera un fallo que beneficiaría a uno de sus principales aliados políticos en la Costa.