Tragedia | El alarmante informe de la Defensoría del Pueblo sobre mujeres y niñas de comunidades indígenas violentadas sexualmente en el Guaviare

A través de un informe que publicó la Defensoría del Pueblo, la entidad alertó de la difícil situación que se vive en el Guaviare contra las comunidades indígenas que están siendo violentadas sexualmente. Se trata de una situación que se viene presentando desde hace varios años y que en vez de encontrar una solución ha ido empeorando.

En San José del Guaviare se encuentran los resguardos indígenas Guayabero, Sikuani y Nukak, mientras que en el área urbana del municipio hay presencia de indígenas Sikuani y Jiw, varios de ellos víctimas de esta situación.

Según presentó la entidad, a través de este documento, los casos de violencia sexual en el departamento, en las comunidades indígenas, han ido incrementando exponencialmente. Mientras que en 2020 se registraron 67 abusos, en 2021 fueron 69 y en 2022, 81.

Uno de los testimonios más aberrantes fue el de Maité, una víctima de tentativa de feminicidio y violencia sexual, que fue transportada en un vehículo a cargo de sus victimarios y estuvo desaparecida por cuatro días. Durante ese tiempo fue golpeada, accedida carnalmente y torturada, según informó la Defensoría en su informe.

“Hoy no se sabe nada de la investigación de los hechos, su atención en salud es deficiente, cada tanto el promotor de salud le entrega pastillas que no tienen nombre, tampoco tiene controles en salud física y mental y menos acceso a salud propia. La EPS no cubre ‘este servicio’, protección no tuvo y acogida en una Casa Refugio tampoco, esta no existe en el departamento”, señaló la entidad en el documento.

Otro caso ocurrió en noviembre del año pasado en el que se reportó la interrupción voluntaria de embarazo de una menor de 14 años, que tenía 23 semanas de gestación y venía procedente del municipio de El Retorno.

Lo más grave del caso, según reportó la Defensoría, es que el Estado le dio la espalda: la Comisaría de Familia solicitó “impedimento para la atención del caso”, el ICBF se abstuvo de actuar argumentando falta de competencia. En ese momento se activó el comité de violencia sexual del departamento, pero la Secretaría de Gobierno también argumentó la no competencia. La Defensoría asegura que hizo un “llamado urgente” para pedir una coordinación entre la Nación y el territorio ante la ausencia de medidas de protección por parte del Estado.

En algunos casos los agresores utilizan bebidas alcohólicas como guarapo o cerveza para poner en estado de indefensión a sus víctimas para que sean explotadas sexualmente, lo que podría configurar el delito de trata de personas. Además de esos delitos, en algunos contextos habría torturas, violencia física y desapariciones.

Los victimarios serían grupos armados ilegales, pero también agentes del Estado como militares y personal de servicios de salud. En algunos casos se habla hasta de mismos miembros de sus comunidades y población en general.

Esto es solo un reflejo de las decenas de situaciones que encontró la Defensoría y que se repetirían cada tanto en el departamento. Como ellas, habría decenas de mujeres y niñas, de las comunidades indígenas, que han sido violentadas sexualmente sin que hayan encontrado alguna respuesta o entidad que les haya brindado su apoyo.

El panorama es desolador. La Defensoría relata en su informe que solo en 2022 se reportaron más de 300 registros, siendo la cifra más alta en el histórico del actuar regional de la entidad en el departamento. Entre 2020 y 2022 se registraron 933 casos de vulneración, de los cuales, en 2022, 238 fueron de mujeres y 263 de integrantes de las comunidades indígenas. Los casos de presunta violencia sexual atendidos por la defensoría regional entre esos años fueron 68 de menores de edad.

Más allá de la crisis por violencia sexual que se ha registrado en el departamento con estas comunidades, el Guaviare presenta otras problemáticas, especialmente con la atención de la salud y otros servicios del Estado. En medio de toda la tragedia uno de los protagonistas ha sido el conflicto armado infundado por los grupos al margen de la ley.

La Defensoría informó que se han emitido tres alertas tempranas en el Departamento, dos estructurales y una de inminencia. En una de esas alertas se pidió atención especial para menores de edad en las comunidades Nükak y Jiw, que se encontraban en situación de desplazamiento y que estaban ubicadas en asentamientos temporales. Alertan que esa población tiene problemas de salud, seguridad y alimentación, lo que ha llevado a que indígenas adolescentes inicien el consumo de sustancias psicoactivas desde temprana edad, eso, si no son víctimas de abuso sexual o si terminan siendo reclutados por los grupos armados al margen de la ley.

Una de las conclusiones del informe de la Defensoría señala que una de las principales problemáticas que se vive en ese territorio es la seguridad y el orden público, ya que luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc, los frentes que se ‘desmovilizaron’ han vuelto a ocupar esos lugares, ahora como disidencias de esa guerrilla, ejerciendo poder sobre la población.

Otra problemática en el departamento es la deforestación, por lo que se está devastando el ecosistema y se presenta una tala descontrolada de árboles, esto con el objetivo de abrir potreros que permiten la ganadería extensiva, además de incendios forestales y la presencia de cultivos ilícitos, todo un coctel para los grupos armados de la región que amenaza con la desaparición cultural y física de las comunidades, especialmente de los Nukak.

La Defensoría alerta que no hay coordinación institucional entre el nivel nacional y el territorio. Además, señalan que hay falta de interés de los gobiernos locales para atender la situación.

En el informe se detalla que distintas entidades del Estado han recibido cierto número de casos de la crisis que se vive allí. En el caso de Medicina Legal, en 2022 se practicaron 79 exámenes médicos legales por presunta violación en menores de edad, de los cuales el 87,3 % fue a mujeres.

En el caso de la seccional Guaviare de la Fiscalía, en el año pasado se reportaron 13 noticias criminales por demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años, 89 por acto sexual violento con menor de 14 años, y proxenetismo con menores de edad, 3 noticias criminales.

En el caso de la Policía reportó, en ese mismo período, 59 denuncias por delitos sexuales relacionados a menores de edad. Y en el ICBF entraron a proceso administrativo de restablecimiento de derechos 297 niños del departamento por motivo de violencia sexual, siendo el grupo de mayores casos, menores entre los 12 y 17 años.

A pesar de las alarmantes cifras, la Defensoría relata en su informe que podría haber un subregistro, de todos los casos que no se reportan por la falta de institucionalidad que se ha denunciado, sumado a la dificultad de medios de denuncia y que se trata de un tema que en medio de la tragedia se ha terminado por naturalizar culturalmente en el departamento.

Esta crisis humanitaria ha llevado a que pueblos como los Jiw y Nukak estén en amenaza de extinción como consecuencia de las problemáticas, entre ellas la pobreza, la exclusión, el despojo territorial y el conflicto armado.

El informe de la Defensoría deja varias recomendaciones para las instituciones del Estado para atender la emergencia. Una de las más especiales es para que ICBF adelante los procedimientos necesarios para atender a los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que están a la merced de estas problemáticas. Asimismo, a varios ministerios del Gobierno la Defensoría les pide que atiendan desde sus carteras la grave situación que se vive en el departamento.