¿Trampa en tierras? El Gobierno está en riesgo de comprar baldíos en el Chocó. Titulaciones no acreditan propiedad de tenedores

Las comunidades están pidiéndole a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la adquisición de miles de hectáreas de predios en El Carmen de Atrato, Chocó, sobre las que no se han podido documentar títulos de propiedad. Se trata de 8.000 hectáreas agrupadas en cerca de 50 folios que han sido ofertadas a la ANT y sobre las que la Oficina de Instrumentos Públicos rechazó la compra, pues el análisis de los expedientes indica que no se puede certificar la tenencia legal de esos terrenos.

Los títulos se remontan incluso a 1989, periodo desde el cual estas tierras han pasado por múltiples procesos de englobamiento y desenglobamiento. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos advierte que no existe documentación complementaria que acredite un título previo que valide el derecho a la propiedad privada en relación con las transferencias de dominio realizadas. Es decir, no se sabe si décadas atrás la primera transacción sobre estas fue una compra legal o una apropiación irregular.

Son expedientes que suman cientos de páginas en las que se documenta que las tierras que las comunidades le piden a la ANT que analice para la compra no cuentan con un código catastral, ni nomenclatura, ni determinación de área, entre otros puntos. O sea, una falta de trazabilidad que impide que se pueda identificar quiénes fueron sus compradores anteriores y bajo qué condiciones ocurrieron esos procesos para poder invertir los recursos del Estado en ellos.

Ese es un problema de varios frentes. Los indígenas realizan bloqueos constantes en la vía Quibdó-Medellín para reclamar que les den el título de propiedad de esas tierras, quienes aseguran ser los propietarios las ofrecieron ante las ocupaciones inminentes de las comunidades y el Gobierno se ha negado a adquirirlas por la carente trazabilidad del dominio.

Hoy no está claro si durante las últimas décadas alguien ocupó esos terrenos de manera ilegítima o si consiguió registrarlos con maniobras de corrupción y luego venderlos a otros propietarios. De ser así, se trataría de predios baldíos sobre los que no pueden invertirse recursos públicos, porque estos, por ley, le pertenecen al Estado.

“Lo que sucede es que, en muchos de estos predios, al analizar su situación jurídica, quienes figuran como titulares no acreditan el título de propiedad. Esto significa que no cuentan con la adjudicación del Estado necesaria para descartar la condición de terrenos baldíos. En tales términos, no sería posible proceder con una compra de pleno dominio, sino quizá únicamente con un reconocimiento de mejoras”, sostuvo el registrador de Quibdó, Yony Mosquera Mendoza.

Las fincas que protagonizan este lío de tierras se conocen como San Julián, El Aguilón, El Doce y El Toro, entre otras, y sobre ellas no hay claridad ante el registro público que determine si son baldíos o privados. Si bien en estas se observan unas mejoras, lo que demuestra que sí tuvieron cuidadores, es posible que sus pobladores las hayan intervenido sin ser sus propietarios legales.

Por esa situación, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó tiene represados los trámites, y las resoluciones que se han proferido sobre el tema ya son determinantes.

La respuesta de la ANT

La Agencia respondió en un cuestionario enviado por SEMANA que “los predios mencionados fueron ofertados al entonces Incoder en el año 2017. Los folios citados se encuentran cerrados, producto de un englobe realizado en 2017, razón por la cual no es posible continuar con el trámite de compra. Adicionalmente, los folios abiertos luego del englobe de estas tierras son de tipo urbano, otra razón por la que no es posible para la Agencia Nacional de Tierras continuar con la compra de los predios, pues solo se pueden comprar predios rurales con vocación agropecuaria”.

SEMANA accedió a cuatro resoluciones que suman 95 páginas sobre este asunto. Todas fueron emitidas en septiembre de 2024 y confirman que no se puede demostrar la propiedad de los terrenos y ponen de manifiesto que estos constituyen un “dominio incompleto” que podría estar relacionado con una “falsa tradición” sobre su tenencia. ¿Por qué hay trámites en curso si la ANT indica que no ha comprado ni planea adquirir esos lotes? Lo que indica la entidad es que “los procedimientos de compra de la Agencia Nacional de Tierras, tanto para campesinos como para comunidades étnicas, incluyen realizar el análisis de las viabilidades legales, mediante el cual se determina la naturaleza jurídica de los predios para evitar comprar baldíos. Estas verificaciones se hacen para las ofertas presentadas en todas las regiones del país, sin excepción”.

La cuestión de fondo es que las comunidades indígenas de la zona siguen presionando a las entidades públicas para que les otorguen esas tierras. De ahí que el registrador Mosquera advierta que hay un riesgo claro de que el Estado termine comprando baldíos. “A la fecha se ha resuelto un número importante de actuaciones administrativas de predios ubicados en esta zona del departamento del Chocó, en las que se termina arribando a la conclusión de que se trata de predios baldíos”, señaló el funcionario.

El riesgo de comprar baldíos ya es de conocimiento de todos los actores públicos implicados en ese proceso. Esa advertencia se documentó a partir de una reunión que tuvo lugar el 8 de abril en Quibdó y hasta se remitió una alerta a la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República desde la Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó, detallando los pormenores de este asunto.

El alcalde de El Carmen de Atrato, Jaime Alberto Puntillo, aseguró que todos los trámites están frenados y que la labor de la administración municipal ha consistido solo en hacer acompañamiento a los procesos.

“Las fincas no han podido pasar los primeros trámites, y los indígenas saben que los procesos de compra podrían caerse. Hemos hecho dos reuniones con las entidades del Gobierno nacional, los indígenas y los dueños de las fincas, pero estamos en un escenario en el que miles de compañeros indígenas ya están en esas fincas y los dueños piden que les compren porque las comunidades ya las ocuparon”, contó el alcalde de El Carmen de Atrato.

La falta de trazabilidad de la tenencia de los predios ofertados para la reforma agraria es la piedra en el zapato de ese proyecto en todo el país. Los desplazamientos, ocupaciones irregulares y antecedentes de corrupción tienen manchados los expedientes e imposibilitan que el Gobierno compre los terrenos, pues jurídicamente es imposible invertir recursos públicos en lotes que podrían ser baldíos.

Si bien el presidente Gustavo Petro prometió entregar 3 millones de hectáreas en su Gobierno, en los 50 años que lleva el Estado colombiano en procesos de reforma agraria solo se han podido traspasar 1,9 millones de hectáreas a los campesinos y comunidades sin tierra.

Los expedientes, así como los de El Carmen de Atrato, giran en torno al mismo problema: décadas de traspasos sobre posibles baldíos. Si bien desde la Oficina de Registros Públicos advirtieron sobre el riesgo de la adquisición de esos predios, la ANT le dijo a SEMANA que “durante el gobierno del presidente Gustavo Petro la Agencia Nacional de Tierras no ha adquirido predios en El Carmen de Atrato”.